La COVID-19 se dispara también en las residencias de Navarra, que suman 320 contagios y 224 profesionales de baja

El aumento de la incidencia acumulada en Navarra, que supera ya los 5.000 casos por cada 100.000 habitantes, comienza a repercutir también en las residencias de ancianos, donde el Gobierno de Navarra aplicó antes de las navidades el pasaporte COVID para el acceso de visitas de familiares y amigos. En la actualidad en los centros de mayores hay 320 casos activos de COVID-19 distribuidos en 23 de los 73 centros existentes en la comunidad foral.

“Estos centros no son islas y conforme aumenta la incidencia en la comunidad aumenta también la incidencia en las residencias”, se ha resignado la consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, que ha señalado que en la gran mayoría son casos asintomáticos o que están cursando la enfermedad con síntomas leves. En concreto, 188 residentes están asintomáticos, 116 tienen síntomas leves y continúan en sus respectivas residencias, 10 se encuentran en el recurso intermedio que el Ejecutivo foral ha habilitado para evitar la aparición de brotes en los centros de mayores y seis se encuentran hospitalizados con síntomas más graves.

La consejera ha apuntado que, si bien “el número de contagios se ha elevado mucho”, el impacto “está siendo menor” gracias a la vacunación. “Así lo demuestra el hecho de que no haya fallecido ninguna persona en las residencias con la pauta completa de la vacunación”, ha indicado la consejera, que sí que ha informado de la muerte de un residente que estaba sin vacunar.

A los contagios entre usuarios hay que sumar a los 224 profesionales de baja por haber dado positivo de una plantilla de unos 4.000 trabajadores.

En cuanto a los centros de discapacidad, hay 13 centros afectados por COVID-19 de los 55 existentes, con una persona hospitalizada, 20 personas que presentan síntomas, 4 asintomáticos y 51 profesionales afectados.

Para abordar las bajas laborales entre el personal sanitario de las residencias, Mari Carmen Maeztu ha señalado que el consejo territorial aprobó el jueves pasado una medida relativa a que se pueda contratar a personas que no tengan la cualificación “siempre que se haya recurrido a los servicios públicos de empleo y no haya personal cualificado que esté disponible”. “Esta medida nos permitirá llegado el momento una adecuada atención en los centros”, ha dicho.