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Multa de 21.500 euros para el candidato de EH Bildu que alquiló su vivienda protegida como piso turístico

El Gobierno vasco ha impuesto en el último año y medio sanciones por importe de 240.000 euros a propietarios de VPO por cometer fraude con sus viviendas

Bloques de viviendas protegidas en el barrio de Salburua, en Vitoria.

Bloques de viviendas protegidas en el barrio de Salburua, en Vitoria.

21.500 euros. Esa es la multa que le ha impuesto el Gobierno vasco a un propietario de una vivienda de protección oficial (VPO) en Sopela que la puso en alquiler en una conocida plataforma para alojamientos turísticos. Se da la circunstancia de que el ciudadano multado fue candidato suplente de EH Bildu en las últimas elecciones locales en Sopela. Los 21.500 euros se desglosan en 10.000 euros de sanción impuestos por el Departamento de Turismo y los otros 11.500 por parte del Departamento de Vivienda (1.500 euros por no ocupar permanentemente la vivienda y otros 10.000 euros por un alquiler no autorizado).

Esta es una de las picarescas detectadas en las inspecciones que realiza Vivienda en el parque de los pisos protegidos. En la mayoría de las ocasiones, el adjudicatario de VPO prescinde de vivir en ese piso como residencia habitual porque vive en otra mejor y otras veces, el piso se cede a un familiar, algo que tampoco está permitido. Se trata de infracciones que, tarde o temprano, son descubiertas y son castigadas. Eso sí, con multas, porque hasta ahora ningún piso protegido ha sido expropiado a su propietario por un mal uso.

En el último año y medio, el Gobierno vasco ha abierto 270 expedientes sancionadores a adjudicatarios de VPO por vulneraciones de la normativa. El importe global de las multas asciende a 240.747 euros.

Según el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, en 2017 se inspeccionaron 9.502 viviendas de las 75.000 que conforman, aproximadamente, el parque de Protección Oficial con calificación permanente y temporal, lo que supone el 12,6 % del total. Además, entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año se habían realizaron 7.277 inspecciones (2.644 en Bizkaia, 2.380 en Gipuzkoa y 2.253 en Álava).

La entrada en vigor de la Ley de Vivienda de 2015 "endureció de forma muy considerable" las multas, que oscilan, en función de la gravedad, entre los 300 y los 300.000 euros.

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