El PP se perfila como el único socio del Gobierno para reformar la RGI, con la vista puesta en que no sea “un modo de vida”

El Parlamento vasco ha da dado luez verde a la tramitación de la proposición de ley del PNV y PSE-EE para reformar la Ley de Garantía de Ingresos y la Inclusión, que llevaba un año paralizada por falta de consenso. La abstención del PP ha facilitado la tramitación de la que estaba llamada a ser una de las iniciativas estrellas del Gobierno esta legislatura, pero que al final es probable que se quede en nada por falta de tiempo o por desacuerdo entre los partidos. La Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión da cobertura a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), una ayuda social caracterizada por su espíritu de solidaridad y cohesión en sus 30 años de vida.

La abstención del PP es la que ha permitido la tramitación, ya que tanto EH Bildu como Elkarrekin Podemos se oponen frontalmente a la propuesta al considerar que supone un recorte de derechos. El PP ha dejado muy claro desde el primer minuto el estrecho control que piensa ejercer en el trámite de enmiendas ya que la proposición de ley no le gusta y, en su opinión, “no va en la dirección adecuada”. “Es un texto”, ha recalcado la portavoz del PP en el debate, Laura Garrido, “ambiguo e insuficiente, pero es el momento de abrir el debate para lograr un sistema de protección justo y eficiente que tenga como fin la empleabilidad y evitar que la RGI sea un modo de vida”.

En su proposición, PNV y PSE plantean una nueva RGI, con cambios en las cuantías, más apoyo a las familias y sólo un perceptor por vivienda (salvo excepciones). La prestación quedaría definitivamente desvinculada del SMI para su actualización, pero tampoco se indexaría al IPC. Las cuantías serían mejores que las actuales, pero peores que las previstas en la ley de 2008.

Una de las novedades es la creación de una Renta Garantizada para Pensionistas (RGP) que aseguraría unos recursos mínimos a quienes cobran las pensiones más bajas, que tendría una cuantía máxima de 784,88 euros para un solo miembro en una unidad convivencial.

Según la proposición, la cuantía máxima de la RGI para un solo miembro de una unidad convivencial sería de 659,75 euros, cantidad que se iría incrementando en función de las personas a cargo del titular de la prestación, como menores, otros adultos, personas con discapacidad y víctimas de violencia machista, entre otros.Para poder acceder a ambas prestaciones, la de los pensionistas y la de garantía de ingresos, se deberán cumplir unos requisitos como tener al menos 23 años, estar empadronado por lo menos con tres años de antelación, dos en el caso de menores o dependientes a cargo, y demostrar una actividad laboral remunerada durante al menos cinco años.

Además, en una disposición adicional, prevé que Lanbide utilice sistemas como la huella digital para la identificación de las personas usuarias de sus servicios y los beneficiarios de sus prestaciones. La polémica medida se anunció en su día como un avance para combatir el fraude al identificar mejor a los perceptores.