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El Parlamento apremia al Gobierno vasco a buscar una alternativa público-privada para La Naval

La Cámara incluso reclama al Ejecutivo una inversión económica directa para evitar el cierre del astillero de Sestao

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El comité de La Naval ve "prácticamente imposible" evitar el concurso

EFE

El Parlamento vasco ha lanzado un salvavidas al astillero La Naval, cuya dirección ya ha anunciado el inminente despido de los 180 trabajadores de la plantilla. De forma unánime, la Cámara de Vitoria ha instado al Gobierno autonómico a elaborar un informe que culmine en una operación de adquisición público-privada de los activos de La Naval para garantizar su viabilidad económica y así la de su industria auxiliar, que da trabajo a alrededor de 2.000 trabajadores.

La declaración del Parlamento ha sido fruto de una propuesta consensuada entre EH Bildu y Elkarrekin Podemos, a la que finalmente se han adherido PNV, PSE y PP. La declaración del pleno se produce un día después de que el administrador concursal y la dirección de La Naval hayan comunicado al comité de empresa que antes de finalizar octubre se va a presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción para la totalidad de la plantilla.

El cierre de La Naval supondría una debacle para la comarca vizcaína de Margen Izquierda, que en los últimos años viene sufriendo el cierre de otras empresas. Se trata de la comarca vasca con el índice de paro más alto.
El Parlamento incluso ha reclamado al Ejecutivo la inversión económica directa para evitar el cierre, pero el parlamentario del PNV, Luis Javier Telleria, ya ha puntualizado durante el debate en el pleno que el Gobierno no está para inyectar dinero en las empresas en crisis. 

Por su parte, la consejera de Desarrollo Económico y Cometitividad, Arantxa Tapia, también ha recordado que "los inversores no salen de la nada" y ha dejado claro que la viabilidad del astillero pasa por capital de mayoría privada. Para los trabajadores, la declaración del Parlamento se ha quedado escasa, ya que en ningún momento apela al Gobierno central.

La presión social y política hacia el Gobierno para que salve al astillero ya ha comenzado. Una marcha con cerca de 3.000 personas recorrió el miércoles las calles de Sestao para exigir a los gobiernos español y vasco que demuestren que "tienen miras de estado".

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