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Las empresas de inserción social pierden empleo pero resisten la crisis

En la actualidad 47 sociedades, las mismas que hace un año, dan trabajo a algo más de un millar de personas tras la supresión de 256 puestos en el 2012 .

Solo el 41% de los empleados logra acceder al mercado laboral tras su paso por estas compañías frente al 75% del 2009.

El volumen de facturación en 2012 ha bajado a 17.412.618 euros, 1.200.000 euros menos que el ejercicio anterior. 

El impacto de la crisis sobre las 47 empresas de inserción social que operan en Euskadi es algo menor que en las compañías tradicionales según se deprende de los datos del balance social cedidos por Gizatea,  la asociación que engloba a las organizaciones del sector.  Estas sociedades tienen como misión posibilitar el acceso al empleo normalizado de personas en situación de desventaja social o exclusión tras un periodo de acompañamiento y a través del desempeño de un puesto de trabajo en una estructura mercantil de producción de bienes y servicios de carácter no lucrativo.

El número de empresas de inserción se mantiene en 47, las mismas queel pasado año, lo que evidencia la fortaleza del sector, aunque han sufrido una pérdida de empleo notable con 256 puestos suprimidos.  Estas bajas han repercutido, en mayor medida, en el personal de no inserción, con el objetivo de que las personas con mayor problemática social, aquellos trabajadores  inmersos en itinerarios de inclusión laboral, no se vean afectados. “Es una de las máximas que caracterizan a estas empresas sociales que no se mueven únicamente motivadas por las cifras de la cuenta de resultados. Otros, si sufren pérdidas, se plantean cerrar rápidamente. Estas organizaciones prefieren resistir e introducen otro tipo de medidas para corregir los desajustes. Su filosofía es otra”, explica Zaloa Pérez,  de la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco, Gizatea.

En la actualidad las empresas de inserción social emplean a algo más de un millar de personas en Euskadi. De ellas 642, 29 menos que el año anterior, son trabajadores de inserción.  El porcentaje de estos empleados que accede al mercado laboral una vez finalizado su itinerario es un 41,84%, frente al 52,6% registrado en el año 2011 y muy lejano a la elevada cifra del 2009, que rondaba el 75% de inserciones laborales en el mercado ordinario. Estas datos sobre la penetración en el mercado laboral engloban a contratos en empresa por cuenta ajena, autoempleo y contratación en empresa de inserción con contrato normalizado.

En cuanto al volúmen de facturación de estos negocios, en 2012 descendió a 17.412.618 euros, 1.200.000 euros menos que el ejercicio anterior, en el que facturaron 18.653.787 euros.

Actividad de gran arraigo social 

Estas empresas, debido a la función social que desempeñan, perciben ayudas por parte de la administración para facilitar su labor. Estas subvencioneshan decrecido por los recortes aplicados aunque en menor medida que en otras comunidades. La conservación de esa asistencia pública ha contribuido de manera importante a la consolidación del sector y  les ha servido para atemperar los efectos de la crisis .“No tenemos queja. En Euskadi casi se ha mantenido la cobertura. El hecho de que estas actividades sociales, tradicionalmente, estén más arraigadas en la sociedad vasca que considera necesaria nuestra existencia y valora nuestro empeño, ha sido clave para seguir manteniendo las aportaciones institucionales”, manifiesta la portavoz de Gizatea.

El elemento diferenciador de las empresas de inserción respecto a otros mecanismos de lucha contra la pobreza, radica en que “no consume recursos sociales a fondo perdido si no que la inversión pública produce un retorno a la sociedad”. La asociación ha realizado el cálculo de la estimación total del retorno a las administraciones en concepto de seguridad social, contingencias comunes, IVA, impuesto sobre sociedades y otros tributos que cifran en 2.833.728,77 euros. El segundo sobre la estimación del retorno a las administraciones públicas en concepto de seguridad social, contingencias comunes, IVA, impuesto sobre sociedades y otros tributos por puesto,  que asciende a 7.073 euros.

Estas empresas, que no cejan en su apuesta por facilitar empleo a colectivos especialmente desfavorecidos y golpeados por la crisis, se han marcado como reto futuro la incorporación de cláusulas sociales en los procesos de contratación pública. “Debe de primar la contratación de este tipo de compañías que además de generar riqueza promueven valores sociales, éticos, verdes… Hay determinados departamentos que sí son más sensibles a la causa, pero otros, por citar un ejemplo, como los de urbanismo, donde queda gran trabajo por hacer. Estamos llevando a cabo cursos de sensibilización para acercarles esta realidad y concienciarles de la necesidad de contar con aliados y colaboradores dentro de las instituciones. Así darán ejemplo también  a las empresas privadas”, explica Zaloa Pérez. 

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