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Franco ya no es Hijo Adoptivo de Navarra, un título que ha ostentado casi 41 años

El Gobierno Foral decide retirar los nombramientos realizados durante el franquismo a diez personalidades, en su mayoría militares.

El consejero de Presidencia explica que, por fin y casi sobre la bocina en esta legislatura, este miércoles se revocaron las decisiones de la Diputación adoptadas en 1939, 1969 y 1974.

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Esta es el acta de la decisión de la Diptuación que nombra Hijo Adoptivo al caudillo.

Esta es el acta de la decisión de la Diptuación que nombra Hijo Adoptivo al caudillo.

El Gobierno Foral ha decidido, por fin y casi al final de esta legislatura, anular los nombramientos de diversas personalidades vinculadas al franquismo. Se trata de decisiones adoptadas por la propia Diputación de Navarra durante los años 1939, 1969 y 1974. Y, entre ellas, como habían reclamado desde la asociación de familiares de fusilados affna36, se encuentra Francisco Franco. El caudillo dejará de ser considerado, más de 40 años después de su concesión, Hijo Adoptivo de Navarra, una medida que el Parlamento foral ya había pedido en 2005.

El consejero navarro de Presidencia, Javier Morrás, ha adelantado esta decisión  durante una comparecencia ante el Parlamento de Navarra para dar cuenta del cumplimiento de la ley de memoria histórica aprobada en 2013 y que, entre otras medidas, contempla que el Gobierno Foral asuma los pagos por la realización de exhumaciones o la retirada de símbolos vinculados al Régimen. Formaciones como Izquierda-Ezkerra, que  había solicitado esta comparecencia, y otras como PSN, Bildu o Aralar habían criticado la tardanza del Ejecutivo al avanzar en el cumplimiento de esta ley.

Y una de las medidas que más habían generado expectación era por qué no se retiraba el título concedido a Franco, que se aprobó en 1974 y se entregó en 1975, junto a la Medalla de Oro de Navarra. Hasta el momento, el Ejecutivo ya había asegurado que  no habría regates al cumplimiento de la ley, que ese nombramiento era “anacrónico” y que, simplemente, se estaba estudiando cuál era el procedimiento más adecuado para hacerlo. Mientras, desde Izquierda-Ezkerra lamentaban la tardanza del anuncio, teniendo en cuenta la cercanía de la disolución del Parlamento ante la convocatoria de elecciones.

Y esa decisión ha llegado, por fin, esta semana. El pasado miércoles, según ha anunciado Morrás, el Gobierno decidió revocar varios acuerdos adoptados durante el franquismo mediante los que se nombraba hijos predilectos o adoptivos a personas vinculadas a la dictadura. En concreto, se ha revocado un acuerdo adoptado el 12 de mayo de 1939 cuando, con el final de la Guerra Civil, se condecoró al general José Solchaga Zala (como hijo predilecto), el general José Iruretagoyena Solchaga (predilecto), general Francisco García Escámez (adoptivo), general Rafael García Valiño (adoptivo) y el general Ricardo Rada Peral (adoptivo).

También se ha anulado la decisión adoptada el 14 de julio de 1939, con motivo del tercer aniversario del movimiento nacional, que destacó la figura del conde de Rodezno Tomás Domínguez Arévalo (adoptivo), el teniente general Luis Orgaz y Yoldi (adoptivo) y Federico García Sanchís (adoptivo). Esta  lista de “monstruos” la completa la anulación de la decisión tomada en mayo de 1969 de nombrar Hijo Predilecto a Luis Arellano Dihinx y, por último, la de diciembre de 1974, que era la más esperada, la del propio Francisco Franco como Hijo Adoptivo.

La ley, sin memoria económica

En cuanto a los retrasos en el cumplimiento de la ley (sí se ha creado, por ejemplo,  el mapa de fosas o se ha colocado una placa en honor a cargos electos asesinados en 1936), o las críticas de asociaciones como  El autobús de la memoria por la demora al retirar ciertos símbolos, o de la asociación de familiares de fusilados affna36 por la falta de financiación de  la investigación de fosas o la realización de análisis de ADN, Morrás ha aludido a un error en el desarrollo de la norma. En concreto, a la falta de una memoria económica, lo que, según ha defendido, “ha dificultado de forma grave su cumplimiento”. No obstante, la mayoría de la oposición ha considerado que estas razones son excusas que no deberían impedir el avance en lo contemplado en la ley, puesto que muchas de las medidas son de escasa entidad económica.

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