El Defensor del Pueblo pide mejorar el proceso de acogida de refugiados en Navarra
Es preciso mejorar la coordinación entre instituciones, agilizar la normativa de asilo e implantar planes eficaces para facilitar empleo y vivienda. Desde octubre de 2015, Navarra ha recibido a 106 personas refugiadas. Pero el Defensor del Pueblo ha sido muy claro con respecto a los mecanismos establecidos para el acogimiento: “Así, no”, ha urgido ante el Parlamento para pedir mejoras en el proceso de acogida. “Cada uno debe cumplir con su deber, porque estamos hablando de gente en una situación indigna”, ha señalado Javier Enériz.
El Defensor ha elaborado un informe en el que analiza el trato recibido por los solicitantes de asilo en Navarra. “En general, las personas refugiadas que se acogen en Navarra ven garantizados sus derechos de forma eficaz hasta los 24 meses”, resalta Enériz en una de las conclusiones del estudio. En cambio, uno de los aspectos menos positivos del informe es “la lentitud de la llegada” de estas personas y recuerda que de las más de 17.000 personas que se comprometió a acoger España, no se ha acogido ni al 5%. En cuanto a la capacidad de acogida de la Comunidad foral, el estudio señala que el departamento de Derechos Sociales informó en su día de la disposición a acoger a entre 200 y 300 personas, cifra que ha quedado muy lejos de las 106 finalmente acogidas.
Según el estudio, en julio del año pasado había 60 plazas disponibles de las que 52 se encontraban ocupadas y las ocho restantes estaban a disposición del ministerio. Entre las personas acogidas, 23 eran sirias, pero también había personas procedentes de otros lugares que sufren conflictos armados. En 2015, el total de refugiados en Navarra era de 83. En enero de este año han llegado nueve personas más procedentes de Eritrea y que han llegado a través de Italia. El defensor ha explicado en este caso que las gestiones recaían hasta el momento únicamente en Cruz Roja, pero que la puesta en marcha de un convenio con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha ampliado el margen de acción y supone que se disponga de hasta 110 plazas.
Entre las recomendaciones que el Defensor ha expuesto ante el Parlamento, se sugiere al Gobierno que persista en su actitud de ofrecer al ministerio un mayor número de plazas para la acogida de refugiados. Enériz pide también que se intensifiquen las medidas de apoyo desde la Administración foral, así como que se diseñen planes que permitan la integración de los refugiados. Ha señalado al resecto que muchas de estas personas, con edades entre los 40 y los 50 años, encuentran muy difícil entrar en el mercado laboral y tienen muchos problemas para adquirir o alquilar una vivienda, al carecer de contrato de trabajo.
El Defensor ha puesto especial interés en pedir a los grupos parlamentarios que trabajen para agilizar el proceso de acogida. Desde el departamento de Derechos Sociales se señaló en su día que se habían puesto en contacto con el ministerio en varias ocasiones para acelerar el ritmo de llegada de las personas refugiadas, pero que la entrada de estas se producía “con cuentagotas”. “No quiero criticar al Estado, pero esta es la realidad que hay”, ha concluido Enériz.
