Cuando, hace unos cuantos meses, Puigdemont tomó el camino de su “exilio” particular, no fueron pocos los políticos catalanes que recapacitaron. Bastantes de ellos comenzaron a declarar ante los Tribunales con cierta mesura, -o quizás fuera cobardía-, con el único objeto de eludir o aminorar sus posibles condenas. Unos rechazaban expresamente la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) que con tanta insistencia habían vitoreado, otros abrazaban la legalidad, y unos y otros se posicionaban en el ámbito de la inocencia que les evitaría la cárcel. ¿En qué han desembocado tal cúmulo de reacciones?
Me asombra que los españoles y españolas (no solo los catalanes), de pronto, nos hayamos dotado de tantos conocimientos jurídicos como para convertir al Juez Llarena en un corrupto vengativo al servicio exclusivo del Gobierno, pero así ha sido, de modo que he salido a la calle y los que se dicen más sabihondos y entendidos primero le tachan de fascista y luego hacen profesión de fe a favor de los 'indepes' catalanes recurriendo a los beneficios e idoneidades del diálogo entre las partes. Y resulta que el diálogo que asunto requiere no ha de ser una mera disputa de barra de bar o patio de vecinos, sino que precisa de modos y maneras mucho más cuidados y respetuosos. Todos deben saber que las Leyes pueden ser más o menos atinadas, incluso inapropiadas, pero han de ser inviolables en tanto, mediante procedimientos parlamentarios legales, sean cambiadas.
Por eso resulta impactante que los ciudadanos se sorprendan tanto por el hecho de que el Juez envíe a prisión a los sublevados, aunque su sublevación no haya sido airada. Los ciudadanos no se detienen ante el hecho incuestionable de que una y otra vez el Parlament catalán ha propuesto a imputados para ser nombrados Presidents. Ni han valorado con justa mesura que son demasiados los prebostes catalanes que han tomado las de Villadiego y han huido al extranjero dejando empantanados a sus compañeros de gesta. La justa mesura, en estos casos, solo puede llevar al desprecio de quienes han huido, de modo que mientras el pueblo catalán se debate entre lo malo y lo peor, Puigdemont y algunos más viven en la holganza financiada con dinero improcedente. De todo esto se ha hablado y escrito bastante, por lo que no hay mucho que aportar. Pero el Juez Llarena acaba de encarcelar a otros cinco, justamente evitando de ese modo su posible huida al extranjero, como hizo unas horas antes su compañera Rovira… Y se ha desatado el debate.
Esta vez no ha faltado casi nadie, por si fuera poco se ha incorporado a él Felipe González. Y ha dicho algo tan juicioso como inservible por el momento: “Al secesionismo hay que ganarlo pero no destruirlo”. Y ha complicado aún más la interpretación de sus palabras: “Los constitucionalistas han de ser exquisitamente garantistas frente a los que violan la Ley, aunque sea difícil de decirlo. Hay una especie de subasta. Ojalá n se les ocurra meter en la cárcel a ninguno de ellos”. Las palabras de Felipe han sido loadas incluso por bastantes detractores suyos, socialistas 'antifelipistas', algunos de ellos excesivamente afectados por una especie de síndrome de Estocolmo. Algunos de los que han tachado al ex presidente español de “poco socialista” en otras ocasiones ahora se sienten satisfechos de coincidir con él, es decir de tener tan buen compañero en el seguimiento del oráculo. Sin embargo a mí no me sirve, y aunque valore al Presidente Felipe como el gran protagonista de la Transición, creo que en esta ocasión es más importante preservar al Estado que contemporizar con la interesada disidencia catalana.
Como ciudadano comprometido creo en un Estado fuerte que dirija, gobierne y proteja los derechos de los ciudadanos que lo quieran ser de manera fiel y leal. Es cierto que el diálogo y la Política son instrumentos fundamentales en la Democracia pero, ¿qué se debe hacer cuando la intransigencia se encarna en quienes tienen como principal encomienda preservar y garantizar la Democracia? Esto es lo que ha ocurrido en Cataluña, como viene quedando patente con cada paso que dan los independentistas.
Hay quien afirma, con más osadía que buen juicio, que los encarcelados y huidos no han delinquido: se permiten discernir sobre si los hechos constituyen rebelión o sedición, o lo que sea, aunque sus saberes no sean suficientes ni clarividentes, y siempre llegan a la conclusión de que no obedecen a ninguno de esos delitos, al parecer el hecho de querer sacar de España a casi ocho millones de españoles-catalanes solo obedece a un juego de chiquillos. Tal vez podría enjuiciarse así si no fuera porque quienes desean tal división y abandono son apenas las dos quintas partes de la ciudadanía.
Como socialista abogo más por que fuéramos capaces de suprimir la frontera pirenaica entre Francia y España, que por habilitar esta nueva frontera nueva entre Aragón y Cataluña. Prefiero un Estado infinito y multinacional que un sinfín de Estados pequeñuelos, recelosos y rivales entre sí.
Por cierto, y ahora acabo, una pregunta sencilla: ¿Quién roba para dar de comer a sus hijos hambrientos, o para comer él mismo, carente de medios, es un delincuente, es alguien que delinque, y como tal denunciable y perseguible? ¿Cómo no van a serlo, entonces, Puigdemont y los demás prófugos catalanes?
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