Catalá: ¿tertuliano o ministro?
Explicar por qué un Ministro de Justicia no debe pronunciarse sobre una causa cuya sentencia todavía no es firme causa sonrojo, porque lo obvio, lo notorio lo evidente, en ocasiones no precisa explicación. Catalá no es un ciudadano normal, no es el dirigente o representante de un partido político, no es un tertuliano ni un locutor deportivo, es Ministro del gobierno de España.
Causa sonrojo tener que explicar que si un Ministro, el de Justicia para mas señas, sale a “opinar” sobre las causas judiciales, estas o aquellas, es un poder del Estado el que opina. Y opina desde un poder que por naturaleza no debe influir ni mediatizar otro poder, y al que se le presume que debe proteger precisamente su independencia. Porque Catalá sigue siendo Ministro, aunque el actúe como si ya no lo fuera.
Si decide opinar en el tema de 'la manada', porque le place, también le debemos reconocer el derecho a opinar, antes o después de que se dicte sentencia en los casos Lezo, Púnica, Urdangarin, o en cualquier otro en los que entienda que un ministro se debe convertir en un comentarista político-mediático-judicial.
Pero tenemos dos problemas, uno, que si lo que dice el Ministro coincide con lo que deciden los tribunales, la Justicia puede parecer mediatizada por otro poder del Estado, y si dice lo contrario, las palabras del Ministro de Justicia intentando arrimar el ascua a su sardina, son un ejemplo de porque es mejor estar en silencio que buscando influir en los tribunales.
Si además de una opinión sobre una sentencia que todavía no es firme, se atreve a opinar sobre la condición o capacidad de un profesional, de una manera sibilina, sin datos, extendiendo sospechas, sobre una persona y sobre el Consejo General del Poder Judicial, sobre los Jueces y Magistrados de Navarra, sobre todos los que se suponen que saben lo que él sabe pero lo ocultan, su temeridad es manifiesta. Es temerario eludir su responsabilidad también, si él sabe y tiene pruebas, ya esta tardando en darlas, y si solo transmite rumores o comentarios que le habrán llegado al Ministro comentarista vaya usted a saber de dónde, que no diga nada.
Porque puestos a hablar quizá sería necesario que hablara o mirase dentro de su negociado, de la impunidad que genera el art. 324, o del fracaso del papel cero en la administración o hablar por hablar de todos los proyectos que nadie ha visto ni leído de este Ministerio, ni la nueva ley de enjuiciamiento criminal, ni el nuevo estatuto del Ministerio Fiscal.
Puede que lo que yo diga no valga, pero si tanto caso le hacemos al GRECO, en sus recomendaciones sobre la justicia, podemos recordar que hay un órgano, el CONSEJO CONSULTIVO DE JUECES, dependiente también del CONSEJO DE EUROPA, y cuyas OPINIÓN son reglas de oro consensuadas entre todos los países sobre la labor judicial. la nº. 18 (2015), habla de “La posición del poder judicial y su relación con los otros poderes del estado en una democracia moderna” en su apartado (7) habla de la Crítica de los miembros del ejecutivo y la legislatura, apdo 52 y dice entre otras cosas:
“En principio, el poder judicial debe aceptar que la crítica es parte del diálogo entre los tres poderes del estado y con la sociedad en su conjunto. Sin embargo, desde el punto de vista del CCJE, existe una clara línea divisoria entre la libertad de expresión y la crítica legítima, por una parte, y la falta de respeto y la presión indebida contra la judicatura, por otra. Los políticos no deben usar argumentos simplistas o demagógicos para hacer críticas al poder judicial durante las campañas políticas solo por el argumento o para desviar la atención de sus propios defectos. Tampoco deben ser atacados personalmente los jueces (…). Los comentarios críticos desequilibrados de los políticos son irresponsables y causan un problema grave porque la confianza y la confianza del público en el poder judicial pueden, por lo tanto, ser socavadas involuntariamente o deliberadamente. En tales casos, el poder judicial debe señalar que tal comportamiento es un ataque a la constitución de un estado democrático, así como un ataque a la legitimidad de otro poder estatal. Tal comportamiento también viola los estándares internacionales”.
Esta escrita hace tres años, pero podría haberse firmado ayer.
