Antes del 1-O, hubo una operación Catalunya

La memoria funciona de manera selectiva. No almacena toda la información del mismo modo. Unos recuerdos se guardan profundamente y se recuerdan con cada detalle y otros, en cambio, se olvidan con facilidad. No es casualidad. Pasa en la vida y pasa en la política. Cada cual participa activamente en el olvido de aquellos hechos perturbadores para evitar el impacto -emocional, político o judicial- negativo que puedan tener. Y, aunque la psicoterapia trabaja para recuperar la supresión de memoria y tratar los síntomas psicológicos asociados a situaciones traumáticas, la política prefiere directamente el olvido para que lo sucedido quede enterrado para siempre. De ahí la doble vara. Y de ahí los continuos ejercicios de cinismo sobre la quiebra del Estado de Derecho y el final de la democracia.

Antes del 1-O, hubo una operación Catalunya que el PP no recuerda y de la que ni habla. Siempre la balanza del mismo lado. Los líderes separatistas, sí, perpetraron en 2017 un atropello del marco de convivencia constitucional que provocó un profundo desgarro en las sociedades catalana y española. El Estado hizo frente al órdago. Fueron detenidos, encarcelados y juzgados. 

El Tribunal impuso penas de entre 9 y 13 años de cárcel a los nueve líderes independentistas catalanes condenados por sedición en el juicio del procés. El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras afrontó la más alta, de 13 años. De los otros ocho acusados que entraron en prisión preventiva, tres ex consejeros (Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa) fueron condenados por sedición y malversación a 12 años de cárcel. Los otros dos (Josep Rull y Joaquim Forn) resultaron absueltos del delito de malversación, pero el tribunal les impuso 10 años y medio de prisión. La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, fue condenada a 11 años y medio por sedición. El mismo delito por el que se impuso una pena de nueve años a los líderes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Todos ellos fueron a prisión, con la excepción de Puigdemont que decidió huir y sigue prófugo de la Justicia. Las sentencias contribuyeron a superar la fase más aguda de la crisis, pero no resolvieron de forma definitiva el reto que para la democracia española supone el independentismo. Y ese fue el contexto político, que como tal se justificó, en el que Pedro Sánchez decidió indultar a los condenados hace dos años.

Ahora, el presidente en funciones ha decidido rectificarse a sí mismo y dar un paso más con la amnistía que no consideraba ni constitucional ni oportuna hace unos meses. Se puede criticar que la decisión se tome solo porque Sánchez necesita los votos del independentismo para ser investido. Se puede debatir sobre la constitucionalidad de la medida. Pero hablar del mayor atentado contra la democracia española resulta tan falaz como cínico teniendo en cuenta de dónde veníamos y qué hizo la derecha mucho antes del procés.

Conviene recordarlo porque antes del desafío secesionista, hubo una operación Catalunya por la que nadie aún ha sido juzgado ni condenado. ¿Recuerdan? El presidente del Gobierno se llamaba Mariano Rajoy y el ministro del Interior era el ínclito Jorge Fernández Díaz. Hablamos de uno de los episodios más sórdidos y oscuros de la democracia española. De una trama corrupta de altos cargos policiales  que fabricaba dossieres falsos contra dirigentes independentistas entre 2012 y 2016 y que contó con la complicidad de jueces, fiscales y periodistas para incriminar falsamente a los adversarios políticos.

La memoria es tan frágil que en estas semanas en las que resuena el ¡se rompe España!, se habla de anomalías democráticas, del tránsito hacia un país totalitario y hasta de “un horizonte similar al de los Balcanes”, pero a ningún dirigente del PP se le ha escuchado una sola palabra sobre qué fue antes, si el 1-O o la guerra sucia contra ciudadanos asociados al independentismo. De eso no hablan. 

La política admite el contraste de ideas, pero en ningún caso puede permitir el uso de la estructura del Estado para perpetrar irregulares operaciones de acoso y derribo contra los adversarios. Y quienes las impulsaron aún no han respondido ante la Justicia. Ni siquiera Jorge Fernández Díaz, que fue quien dirigió personalmente una parte de la mal llamada policía patriótica en la denominada Operación Catalunya para buscar trapos sucios de los adversarios políticos del PP, filtrarlos a determinados medios de comunicación y judicializarlos con denuncias falsas ante los tribunales. Sus principales víctimas fueron los independentistas catalanes, pero también los dirigentes de Podemos. Un despropósito inaceptable.

La trama contaba con conexiones y complicidades en la judicatura y en el periodismo, como han puesto de manifiesto infinidad de audios y documentos que han salido a la luz en los últimos años. Pero aún seguimos esperando una respuesta, una investigación, una sentencia y unas cuantas condenas como las que llevaron a prisión a los líderes del independentismo porque el Estado de Derecho entonces sí funcionó. De haber ocurrido lo mismo con los artífices de la Operación Catalunya, hoy Fernández Díaz, Cospedal o Rajoy también serían beneficiarios de la amnistía que Sánchez prepara. Y entonces el PP no hablaría tan alegremente de atentado contra la democracia porque puede que no haya uno mayor que el que perpetraron ellos, con fondos reservados, desde los despachos del Ministerio de Interior y con el conocimiento de quien estaba entonces en la Presidencia del Gobierno.