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Amarga investidura

El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

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Nos informamos del monstruoso tercer párrafo y me pregunté cómo iba a explicar el partido a las masas inocentes el último logro de los estadistas del socialismo

Arthur Koestler

Lo primero que pactaron socialistas y juntaires fue la discreción y lo segundo, respetar y dejar libertad para que cada uno sirviera su argumentario y su interpretación a su parroquia. Lo primero que murió fue la transparencia y lo segundo la verdad. Puede que fuera necesario, ni siquiera hago de ello objeto de mi crítica, sólo se lo apunto porque sin esos datos difícilmente podrán aplicar su criterio a lo que oigan; por eso tienen que prestar atención a lo que lean, porque eso sí se ha escrito peleando cada palabra y cada coma, ninguna es inocente o gratuita. 

La semana que viene Pedro Sánchez será investido presidente del Gobierno como tanta gente desea en este país. Será una amarga investidura. El triunfo está plagado de incertidumbres, de renuncias, de hipotecas que los artífices de la negociación piensan que pueden soslayar, tal vez tangando a los socios, a los que creen tener de rehenes mientras que ellos creen que son los socialistas los que están en sus manos. Nada ha cambiado en ese plano. Nadie se fía de Sánchez. Eso es indiscutible. No se fían sus adversarios y sus enemigos pero tampoco se fían sus socios. El panorama no es otro y cierto es que millones de personas lo consideran preferible a la opción contraria, la del pacto del PP con los que estos días asoman la jeta horrible del fascismo por Ferraz. Lo que me preocupa es que aun los que así lo ven resulten frustrados. Incluso los que consideran que el fin justifica los medios pueden encontrarse al final con que los fines no se culminan –incluso el de gobernar, que puede frustrarse antes de tiempo– y que los medios causan males mayores de los que se intentan solucionar. No digo que vaya a pasar, digo que podría pasar y eso sería una amarga victoria pues laminaría las posibilidades progresistas por una larga etapa. 

“Cuando se conozca el contenido del acuerdo político, Sánchez no va a poder asomarse ni a la puerta”, me susurraba alguna garganta hace semanas. Ya lo han visto. El párrafo que menciona el lawfare es una cagada política de gran recorrido. A quienes lo introdujeron les pareció que era una fórmula interesante para lograr sacar del articulado de la ley la parte que pretendían cubrir lo mismo sin nombrarlo. Hay que reconocer que el Psoe se resistió como gato panza arriba a consentir que la ley mencionara la cobertura de causas de colaboradores de Puigdemont no relacionadas directamente con el procés. Lo que no consta es quién no reparó en el dislate de mencionar en un pacto de investidura de un presidente del Gobierno la palabra “lawfare” y “comisiones parlamentarias” puestas en relación. No saber que eso iba a incendiar todo el mundo de la Justicia, no sólo a los jueces y fiscales de todo signo, es desconocer el corazón del concepto mismo de Estado de Derecho.

Ya les apunté que la propia amnistía es imposible conceptualmente sin reconocer que los tribunales han hecho cosas que no debían hacer, pero ya ponerlo negro sobre blanco... Eso tal vez lo puede hacer un periodista denunciando los trampantojos de los tribunales –yo lo he hecho en estas columnas– pero bajo ningún concepto lo puede hacer un partido de gobierno en un documento de pacto. Lo han hecho. Y todos los que trabajan sustentando el Estado de Derecho –jueces, fiscales, abogados del Estado, abogados, letrados–, todos y de todo signo, también los progresistas, se han puesto a aullar. Un gran logro. Por no hablar de que el redactado reputa culpable al Tribunal Constitucional, que tampoco está nada mal. Desde los juzgados se puede poner en solfa a Sánchez dándole duro al independentismo con nuevos procedimientos o con los que no entren o con los que queden suspensos ante los recursos de inconstitucionalidad y prejudicialidad, incluso con los que están secretos en la Audiencia Nacional. ¿Se imaginan nuevos presos preventivos?

A cambio el Psoe ha recurrido al argumentario para explicar que no se trata de revisar el trabajo de los jueces en el Congreso sino de unas comisiones que ya estaban previstas y blablablá. ¿Por qué redactarlo entonces diciendo lo que toda persona letrada e instruida entiende? ¿Para darle relato a Junts? ¿Qué tipo de explicación es esa de que todo lo que aparece en el documento político no son “sino desacuerdos” y que no se ha pactado nada? Recuerden el pacto sobre el relato. Pero entonces, señores socialistas, ¿de qué van a hablar en Ginebra con Puigdemont, con un verificador y con dos organismos internacionales de altísimo nivel? Es evidente, van a hablar de los puntos de los que disienten: referéndum, cupo catalán, participación internacional, el reconocimiento nacional y todo lo que figura en ese pacto tan medido y que tantos tiras y aflojas ha costado. 

La realidad, sin filtros de relato, es que el Psoe ha aceptado con Junts los términos propios de una especie de acuerdo de paz: causas del conflicto, problemas que separan a las partes y mecanismo de resolución y verificación. Eso es lo que ha impuesto Puigdemont y eso es lo que se ha aceptado. Puede parecer bien o mal pero negarlo es absurdo y pretender que se trata de una mesa más como las inoperantes pactadas con ERC la legislatura pasada es un ejercicio estéril, más que nada porque has aceptado dos organismos de tal naturaleza, que te pueden dejar con el culo al aire si pretendes hacer trampa en cualquier momento. Y, sobre todo, puede hacerlo Junts. Una de las verdades que Laura Borràs ha dicho es que “la legislatura durará lo que dure su palabra”. Dirán, no pueden dejarlo caer. Hay que recordar 2025 y los comicios y que para esa fecha la amnistía puede haber cubierto todo lo que pueda. Dicen los analistas que esta normalización de Junts le permitirá al PP acercarse a ellos. Apoyar una moción de censura por incumplir no es lo mismo que forzar elecciones. Todo está abierto y es confuso. Nadie puede asegurar que un escenario es imposible en este país. 

Nos queda el fin, ese por el que tantos votantes de izquierda y progresistas se decantan: conseguir una legislatura centrada en avances sociales. Cada intento será una aventura que recorrer con dos partidos conservadores que se deben a la burguesía industriosa. A la par se han mostrado ya enfadados los sindicatos por las formas del acuerdo con el PNV, por la posible desigualdad entre territorios de una nueva financiación y los inspectores de Hacienda –también los progresistas– y, cmo no, la CEOE que eso ya ni cuenta. Verán que ni hablo de los adversarios políticos y la ultra derecha. Ça va de soi.

El otro gran fin era la pacificación y la convivencia. Loable. Queda por comprobar que el texto del pacto político y la exposición de motivos de la ley de amnistía contribuyan a ello. Primero, en Cataluña. No he oído mucho al PSC en estas negociaciones ni veo que la pugna entre los dos independentismos catalanes esté amortiguada. En el resto del país, hay muchos estamentos –fíjense que no hablo de políticos– con las uñas fuera ante lo que se viene. Eso por no hablar del oxígeno que cobra un Vox en problemas. Algunas de las leyes que se vienen –para cambiar mayorías de nombramiento del CGPJ y similares– terminarán de echar leña al fuego. Incluso en el propio Psoe y sobre todo entre sus votantes se han encendido alarmas que traerán consecuencias. Mejorar la convivencia supone mejorarla en términos globales y cabe preguntarse si intentar mejorarla en Cataluña y empeorarla en el resto del país trae cuenta. 

Uno puede estar a favor del sudor de sangre que ha costado esta investidura y que eso no le impida reflexionar sobre lo que realmente ha sucedido y sobre las consecuencias. Uno puede no estar a favor, no porque no se quiera a Sánchez de presidente sino porque se crea que el sacrificio es inaceptable, y también hay que respetar esta postura. La investidura será amarga. Ni siquiera a Sánchez, que se lleva el premio, puede saberle dulce. 

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