El aquelarre europeo

Ya están en España. Son políticos y no técnicos. Pero la derecha política y mediática trata de establecer paralelismos con los hombres de negro, aquellos inspectores de la troika -formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional- que venían de cuando en cuando a España para evaluar el rescate bancario hace una década. 

Esto es otra cosa. Nada que ver con aquello. Ahora, son parlamentarios de la Comisión de Control de Presupuestos del Parlamento Europeo y vienen a seguir el rastro de la gestión de los fondos concedidos a nuestro país y que por tres veces ha avalado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. 

La delegación está encabezada por Monika Hohlmeier (Alemania), del PPE, implicada en un escándalo de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia, tras haber mediado en favor de una amiga de la infancia que facturó por el asunto 48 millones de euros. La alemana, de la CSU, apuntaba alto en su partido hasta que fue acusada de coaccionar a otros miembros de su formación. En 2019, el Parlamento Europeo le retiró la inmunidad para que fuera investigada tras verse implicada en un atropello con su vehículo y darse a la fuga. No parece que sea un ejemplo de nada, pero viene a exigir transparencia. ¡Bienvenida sea! 

La delegación está compuesta por dos conservadores (Hohlmeier y un eurodiputado portugués), un miembro de Vox que ni siquiera es integrante de la comisión de control presupuestario y dos socialistas. Les acompañan como observadores varios eurodiputados españoles, aunque es infrecuente que en este tipo de actuaciones haya un peso notable de nacionales del país cuya labor se supervisa.

España ya ha resuelto ayudas y licitaciones de los llamados fondos Next Generation por importe de 23.000 millones de euros que financian a más de 190.000 proyectos. De ese dinero, el 50% es gestionado directamente por las Comunidades Autónomas, de tal forma que de los 31.000 millones que España ya ha recibido, se han asignado 20.600 a los gobiernos regionales de acuerdo a los criterios establecidos en 139 conferencias sectoriales para inversiones en el ámbito de sus competencias. Otros 5.000 millones se han repartido entre los Ayuntamientos. 

Toda la información sobre convocatorias, subvenciones, licitaciones, resoluciones y beneficiarios es pública y está a la vista de cualquiera en la Base Nacional de Subvenciones, la Plataforma de Contratación del Estado y en la web del Plan de Recuperación, pero la derecha se ha encargado desde hace meses de establecer un manto de sospecha sobre el dinero que ha llegado de la UE. 

Lo hizo Pablo Casado en Bruselas, lo hizo Alberto Núñez Feijóo y lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso con la ayuda de los medios de comunicación que ella riega todos los años de subvenciones. Nada nuevo bajo el sol. Son patriotas de hojalata. España solo importa cuando gobiernan ellos. Si son oposición, la bandera queda solo para los tirantes y las muñecas porque si el país cae, como ya dijo Montoro, vendrán ellos a levantarlo… Entre los pliegues de la memoria de cómo lo levantaron aún quedan retazos judiciales de la Gürtel, Púnica, Lezo, la financiación ilegal del PP o la policía patriótica.

Así aman a España: con el difama que algo queda y con un entusiasta aplauso para recibir la llegada de una comisión, que más que para velar por la transparencia, parece venir a sumarse a un aquelarre contra Sánchez y sus políticas. Con el Madrid de Ayuso, a la cabeza. “Cero cooperación, cero transparencia y cero información”, ha dicho la inquilina de Sol sobre los fondos europeos.

Resulta que Madrid ha recibido ya 300 millones para educación y la modernización de la formación profesional y las competencias digitales Otros 450 millones para infraestructuras ferroviarias y de Cercanías; 223 millones para movilidad sostenible y zonas de bajas emisiones; 100 para la modernización del sistema sanitario o el impulso al autoconsumo solar o 70 para la rehabilitación energética de edificios públicos. La lista sigue e igual son los responsables del gobierno regional quienes tienen que dar explicaciones de cómo y entre quiénes han repartido ese dinero, dado el histórico de casos de corrupción que acumulan los gobiernos regionales de Madrid. 

Siempre hablan los que más tienen que callar.