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El caso nuestro de cada día dánosle hoy

Mariano Rajoy y Ana Mato, en el Congreso. / Efe

Andrés Ortega

Casi cada día surgen, sobre todo de la mano de los jueces, pero también de los medios, nuevos casos de corrupción política, o nuevos giros e imputaciones de actores de otros casos ya abiertos. Algunas de estas instrucciones judiciales pasarán a juicio oral en los próximos meses, un año cargado de elecciones municipales, autonómicas (quizás también catalanas) y generales. Aunque el Gobierno disponga de algunas palancas para, en algunos casos, retrasarlos si le conviene. Y le convendrá.

En general los jueces actúan de manera profesional y no politizada, aunque la cúpula de la judicatura sí lo esté. El problema de la Justicia en España no es de politización sino de lentitud. Los casos se alargan durante años. En Inglaterra, Bárcenas no habría podido quedarse en prisión preventiva sin juicio durante más de dos años, ni el caso seguiría abierto cinco años después. Claro que allí Rajoy no hubiera durado ni cinco minutos en el cargo tras conocerse su SMS (“Sé fuerte”) al ex tesorero del PP. Es verdad que la complejidad de algunas instrucciones implica alargarlas, pero no tanto. Una Justicia creíble debe ser también más rápida. Lo que implica, para empezar, más medios.

En este ambiente llegan, tras haberlas anunciado repetidamente, aunque ahora las amplíe, las propuestas del Gobierno de Rajoy para la mal llamada regeneración democrática. Pues, como ya hemos dicho en otras ocasiones, no se trata de regenerar sino de transformar la democracia, el sistema político. Y aunque la lucha contra la corrupción deba ser un elemento central de tal transformación, esta no puede limitarse a eso. No bastará, si a la vez no se refuerzan algunas instituciones y no se cambia de forma radical, mucho más allá de lo que se esta proponiendo desde la propia política la manera en la que funcionan los partidos políticos, algo que ya apuntó Javier Pradera en los años 90 en sus columnas, y en un libro que nunca publicó pero que ahora ha salido a la luz (Corrupción y política: los costes de la democracia, Galaxia Guntenberg).

Ya se ha repetido hasta la saciedad: parte de los problemas derivan de la financiación ilegal de los partidos y de su funcionamiento interno. Sin olvidar a los sindicatos y las patronales. Pese a las buenas palabras e intenciones, la solución no está probablemente en asegurar más financiación pública con más control para los partidos, sino, aunque resulte injusto, más financiación privada con total transparencia, y unas penas más severas para los que incumplan. Las propuestas del Gobierno amagan pero no rematan. Entre otras cosas, también es necesario responsabilizar penalmente a las ejecutivas de los partidos, como si de un consejo de administración se tratara. Pues si Ana Mato ha dimitido porque el auto del juez Ruz la considera “partícipe a título lucrativo” en el caso Gürtel, también lo hace del PP, y en este partido nadie ha dado la cara. La cuestión es si las reformas que propuso ayer Rajoy hubieran imposibilitado una red como la Gürtel. La respuesta parece negativa.

Rajoy pudo proponer este jueves, pero no ha convencido. Esta falta de convencimiento se amplía también a otros partidos como el PSOE (aunque sus propuestas llegan mucho más lejos), y en general a la “política”, que los ciudadanos –los españoles son con los griegos los que en la UE se sienten más afectados por la corrupción en su vida cotidiana, aunque pocos hayan tenido una vivencia directa– ven incapaz de limpiar España y garantizar que casos como los que estamos viviendo, y los nuevos que van a salir, no se repetirán. Incluso considerando que la mayor parte de los políticos son honrados; y lo son. Cada nuevo caso o nuevo dato sobre un caso “viejo” viene a alimentar la intención de voto a Podemos y a su mensaje sobre “la casta”, y el fin del “régimen del 78”. Aunque es en los finales de etapa o de régimen cuando empieza a salir más porquería. Parte de la responsabilidad la llevan los grandes partidos, para empezar el PP, incapaces de reformas en profundidad del sistema político. Ya hemos alertado que la elección no es entre reforma y statu quo, sino entre reforma o ruptura. Y ello cuando el debate real ya no se produce en el Parlamento, sino en la calle, en la radio y en la televisión, y esto favorece a Podemos que no está aún presente en las Cortes.

Estos mismos ciudadanos, en los largos años de la burbuja (1996-2008), han sido demasiado tolerantes con la corrupción. Corruptos notorios han sido reelegidos una y otra vez. Pero la crisis y los sufrimientos que ha implicado para mucha gente pueden haber cambiado las cosas, aunque ya no estemos viviendo un nuevo “fin de la inocencia”, como lo llamó Pradera, sino un nuevo nivel de intolerancia al fraude y a la corrupción. La inocencia se perdió hace mucho. Y en los últimos tiempos, el primer aviso llegó en las elecciones europeas. Los siguientes avisos vienen en las encuestas que van reflejando el fin del bipartidismo, al menos su gran debilitamiento, y prácticamente un empate (las cifras exactas importan poco) entre PP, PSOE y Podemos. Y con el caso nuestro de cada día, además de la crisis y una mejora de la economía que no cala en la mayor parte de la gente, la pulsión de cambio irá a más.

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