Ni un euro de ayuda a quien no ayude al planeta

Escuchado a vuelapluma en un programa económico de radio: “esperemos que las ayudas de Bruselas vayan a parar a las empresas que verdaderamente lo necesitan y no a las afines al gobierno”. Y efectivamente: esperemos que, por primera vez en nuestro país, eso sea así.

Pero antes de señalar al gobierno con el dedo y antes de exhibir el balance de pérdidas para reclamar esas ayudas, quien aspire a beneficiarse del fondo de ayudas de la UE para la recuperación económica debe tener muy claro que esta vez no va a haber ni un euro para quien no demuestre su firme compromiso con la sostenibilidad y el avance de la economía circular en nuestro país. Bruselas dixit.

Europa no va a permitir que ni un céntimo de los 140.000 millones de euros adjudicados a nuestro país sirva para rescatar o favorecer a quienes han desatendido dicho compromiso durante todos estos años y han supuesto un lastre para la acción climática y el desarrollo sostenible de la UE.

Tanto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como el presidente del Consejo, Charles Michel, han sido muy explícitos al respecto: la asignación del plan de ayudas está sujeta al cumplimiento de lo que establece el Pacto Verde Europeo (European Green Deal) y dejará fuera a quienes intenten prosperar al margen.

Este es el momento. La reconstrucción económica de Europa debe basarse en una transformación de los sistemas de producción de cada uno de los estados miembro para homologarlos en torno al estándar más alto de sostenibilidad y alcanzar así juntos el objetivo común de ser la primera economía del mundo neutra en carbono en 2050.  

Y por supuesto que esa transformación (que no transición, el tiempo de la transición ya pasó) debe ser justa a todos los niveles. Nadie con voluntad de cambiar para avanzar hacia ese objetivo común puede ni debe quedarse fuera. Pero el tiempo de espera también ha pasado y la llegada de este Plan Marshall Verde debe suponer un punto y aparte.

El Pacto Verde Europeo es la hoja de ruta que todos los estados miembro van a tener que seguir a partir de ahora para impulsar y fortalecer la economía de la UE ante las sucesivas crisis a las que nos va a ir enfrentando la emergencia climática. Unas crisis, que como en el caso del COVID-19, van a poner a prueba la capacidad de resistencia de la economía mundial.

En los próximos meses España va tener que presentar ante la UE un Plan Nacional de Reformas que, entre muchos otros requerimientos en diferentes campos, va a tener que demostrar con datos y no con voluntades (el tiempo de las promesas también pasó) la transformación verde de nuestra actividad productiva.

Eso significa que ante la disyuntiva de apoyar a una gran compañía que persista en seguir operando al margen de la sostenibilidad o a una empresa emergente que, pese a su menor tamaño, demuestre su total compromiso con la circularidad y la acción climática, no quede lugar a dudas.

Por todo ello sería bueno que, antes de reivindicar la equidad en el reparto de las ayudas de la UE, quienes aspiren a merecerlas repasen su actividad y comprueben si se ajusta en verdad o no a lo que dicta y establece el Pacto Verde Europeo puesto que esa va a ser la norma jurídica de la que va a depender dicho reparto.