Si esto es una guerra, España va perdiendo

De los guionistas de “hemos derrotado al virus”, llega ahora el “espíritu de equipo y la moral de victoria”. Si esto es una guerra, y es lo que nos dijo en marzo el presidente del Gobierno, España va perdiendo. Volvemos al estado de alarma que nunca debió abandonarse y aún más alarmados que en marzo. Por la virulencia del virus, por la maltrecha economía, por el número de contagios, por el festival de confinamientos, por el trabajo precario, por los muertos que sumamos, por la falta de sanitarios… Y por el cortoplacismo, cuando no el delirio, de nuestros gobernantes. 

Recuérdese para esto del desvarío que hay en España una presidenta regional que se dispone esta semana a inaugurar un hospital para el que no tiene previsto contratar un solo médico. El ladrillo por delante del cuidado. En Valdebebas debe ser que los enfermos sanan solos y que lo de los facultativos no es necesario. Y, al primer periodista que pregunte por el disparate -como ha hecho este domingo Silvia Intxaurrondo en Telemadrid-, que se prepare, que tendrá que escuchar que esa no es una pregunta para la gran Isabel Díaz Ayuso, que solo atiende a cuestiones mayores. Ya se sabe: las banderas, la patria, la unidad nacional, el respeto a las libertades… Esas cosas que le anotan en las fichas que lee y se recita a sí misma sin parar en los minutos previos a entrar en un plató para hacer una entrevista como si fuera una estudiante de secundaria. 

En política, como en la vida, ya sabemos que hay momentos para hablar y momentos para callar. Y Díaz Ayuso es de esos políticos que no callan nunca. Otra cosa es que lo que diga tranquilice a los madrileños. Cada palabra es un bochorno. Cada gesto, un agobio, cuando no una enmienda a sus consejeros o socios de Gobierno. El suyo es el Ejecutivo regional con más dimisiones por día de pandemia. Lo que queda ya no es un gabinete, sino una parodia.

Y frente a ello, la incomprensible estrategia de un Gobierno que ha decidido decretar un nuevo estado de alarma en un  octubre que nos recuerda lo peor de abril. No será por antojo ni por afán de fastidiar. Mucho menos porque en su ánimo esté cargarse la economía, arruinar a los madrileños o liquidar la democracia, que son los argumentos más “elaborados” que ha esgrimido la caverna mediática en todo este tiempo. La decisión responde a la gravedad de la situación y a que estamos “en la etapa más dañina de la pandemia”, según palabras de Pedro Sánchez que coinciden con la de todos los expertos.

Si es así, y no tenemos motivos para dudar de ello a tenor de lo que ocurre en Europa y de las decisiones que adoptan todos los gobiernos, tendrán que explicar por qué se ha elegido un estado de alarma a la carta que deja en manos de las Comunidades Autónomas las decisiones que adoptar en los momentos más complicados de la pandemia. Igual es porque si sale bien, en Moncloa dirán que fue porque Sánchez les dio a los presidentes autonómicos el amparo jurídico necesario y de paso frenó con su decreto el goteo de pronunciamientos judiciales contradictorios. Si sale mal, la culpa será de las Autonomías. Otra vez la finta, el regate corto y otro intento de evadir responsabilidades revestido de una ficticia cogobernanza, en la que ya sabemos que ni Madrid adoptará las decisiones drásticas que requiere su situación epidemiológica ni el Gobierno de España le obligará a adoptarlas. 

No está claro que las medidas que puedan adoptar las Comunidades sean garantía de que la tendencia pare, pero Sánchez no está por la labor de asumir plenamente el mando para no enfrentarse a los nacionalistas en plena negociación presupuestaria. Tampoco da razones de por qué no ha cumplido con su compromiso de reformar la legislación ordinaria para dotar a las Comunidades de un instrumento que les permita limitar el derecho a la movilidad de los ciudadanos, como se comprometió en el Parlamento. 

Y luego está la prórroga de seis meses. ¿Por qué no ocho? ¿diez? ¿doce? ¿O dos, como pide Pablo Casado? Cuesta entender el motivo de pedir un horizonte temporal de medio año para el estado de alarma sin haber negociado antes con los grupos parlamentarios que han de apoyarlo en el Congreso. Ahora que Casado parece decidido a apartarse del camino de la radicalidad de Vox y romper el cordón umbilical que le unía a Abascal parece razonable que el presidente informase, como hizo por teléfono, de la declaración del estado de alarma al jefe de la oposición. Lo que no se entiende es que ocultara su intención de pedir una prórroga de seis meses. Al PP, a ERC, a Ciudadanos…

Callar en estas circunstancias sólo contribuye a generar más ruido del que ya hay, además de a enzarzarse en un nuevo debate que no nos lleva a ninguna parte, salvo a emprender una negociación “in extremis” en la que unos se cuelguen la medalla de la rectificación y otros defiendan que cedieron en aras del necesario consenso nacional. Con alarma o sin alarma vamos perdiendo la guerra, además de un tiempo muy preciado para librarla con los mecanismos adecuados. Y a los españoles ya les importa poco quién tiene la razón o si el Gobierno ha de pedir permiso al Congreso para la prórroga cada dos meses o cada seis. Lo que quieren es que se tomen decisiones, que se expliquen, que se acuerden antes de anunciarlas y, sobre todo, que hablen los que tienen algo que decir y callen de una vez los que nada tienen que aportar, salvo caos y desconcierto.