No hay tercera vía contra la discriminación

En 1638 las tropas francesas sitiaron Hondarribia y sus gentes hicieron un Voto a la Virgen de Guadalupe, encomendándose a ella para liberar la Ciudad, lo que ocurrió el 7 de septiembre. Algo similar aconteció en Irun, en 1522, en que las tropas de la ciudad vencieron a las francesas el 30 de junio, día de San Marcial.

Desde entonces se celebran en ambas localidades desfiles de armas – Alardes – en recuerdo de estos acontecimientos. Desde entonces también, salvo lo que contaré, estos desfiles se han desarrollado con la exclusiva participación de hombres en todos los papeles, excepción hecha de la cantinera de cada compañía.

Hace ya años que muchas mujeres y hombres han querido tomar parte en estos Alardes en pie de igualdad, sin que ello haya sido posible de manera normalizada. En 1996 unas pocas mujeres intentaron participar en Hondarribia como soldados. Fue un momento clave para ellas y para el resto de mujeres y hombres que las apoyaron, y también para el resto y para la fiesta. Aunque parezca mentira, las vidas de estas mujeres – y de otras y de otros hombres – cambiaron, sufriendo una respuesta extremadamente dura que les ha afectado a ellas y a sus entornos más cercanos.

En estos últimos años, las respuestas y los silencios se han producido en todos los espacios posibles, incluidos Tribunales y poderes públicos concernidos.

La respuesta judicial ha sido tibia en el sentido de haber admitido la celebración de actos o Alardes “privados” que, por ello, y al no ser exclusivos, no generaban discriminación, si bien también han recordado con claridad que, de acuerdo con las previsiones constitucionales, corresponde a los poderes públicos – con expresa cita de los Ayuntamientos – promover la igualdad real y efectiva y remover los obstáculos que la dificultan.

Con base en esta doctrina, hoy todavía, “coexisten” en Irun y Hondarribia dos desfiles – con fórmulas jurídicas diversas -: uno “tradicional”, en el que las mujeres solo pueden tomar parte como cantineras y, por tanto, discriminatorio, y otro en el que mujeres y hombres participan en igualdad y libertad.

Esta “coexistencia” es, en todo caso un trampantojo que pretende ocultar y disfrazar la realidad, ya que, por muy privado que sea un acto o un espacio determinado, no está a salvo de la obligación de respetar el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación, máxime cuando son actos festivos en la vía pública – con el ropaje jurídico que sea – en las fiestas principales de ambas localidades, contraviniendo así la Ley de Igualdad de Euskadi, que prohíbe expresamente la organización y realización de actividades culturales en espacios públicos en las que no se permita o se obstaculice la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres.

Sin embargo, la legalidad constitucional y ordinaria no ha logrado aún la definitiva implicación de todos los poderes públicos. Cierto es que el Gobierno Vasco, a través de Emakunde – Instituto Vasco de la Mujer –, y el Parlamento Vasco, a través del Ararteko o Defensor del Pueblo, apoyan incluso presencialmente el desfile igualitario. Pero no se ha producido una intervención decidida de ambas instituciones en un conflicto tan grave, con la presencia de la Presidenta del Parlamento y de una representación de todos los grupos parlamentarios que aprobaron la Ley de Igualdad y del propio Lehendakari y, menos aún, de los dos Ayuntamientos. Ayuntamientos cuyos alcaldes – PSE en Irun y PNV en Hondarribia - todavía hoy reciben al Alarde “tradicional” o discriminatorio y desprecian con su clamorosa ausencia el desfile en que las mujeres participan en igualdad, en conducta carente de toda legitimidad democrática y de derecho y que constituye una manifiesta complacencia y connivencia con las conductas discriminatorias.

Por otra parte, socialmente se ha producido un claro enquistamiento, con expresiones más duras y violentas en Hondarribia que, este año, han suavizado sus formas externas, tras las actitudes absolutamente intolerantes de muchas personas partidarias del desfile “tradicional” del pasado año.

En todo caso, se alzan en este momento voces a favor de una especie de tercera vía según la cual todo este conflicto no sería más que la expresión de dos maneras de entender la fiesta, que deben coexistir en paz y tolerancia y, por tanto, en desfiles y mundos paralelos. Cierto es que la tolerancia y, sobre todo, la tranquilidad física para quienes defienden el Alarde igualitario son imprescindibles y, sobre todo, un derecho. Pero es una equidistancia injusta y errónea, pues no es igual discriminar que exigir igualdad ni son dos visiones válidas de entender una fiesta, pues no lo es desde el punto de vista de los derechos humanos el papel reservado a las mujeres en una de estas dos concepciones.

Se trata hoy de un claro riesgo de “asentamiento” de la cuestión dejando que quien discrimina siga haciéndolo, aunque se le exija un mínimo de comportamiento cívico aparente, mayormente para evitar “incomodidades” a cierta representación de la ciudadanía.

Pues no lo admito - en términos democráticos y jurídicos -. La presencia de un grupo social activo reivindicando su presencia también activa y plena dentro de la comunidad pone en cuestión la forma de resolver las dinámicas de conflicto y la respuesta cabal y respetuosa de los derechos a las exigencias de pertenencia a una comunidad libre de iguales.

Así, la reivindicación de muchas mujeres y hombres de Irun y Hondarribia sobre su presencia igual en el Alarde – en un único Alarde del pueblo - nos interpela directamente en sede de legitimidad democrática y no tanto de voluntad mayoritaria. Porque no cabe asimilar en todos los casos mayoría a democracia, sino solo cuando las distintas opciones en liza son legítimas, pues un derecho humano, un derecho fundamental -la igualdad -, que constituye uno de los pilares de los restantes derechos de la persona no es disponible ni en el mercado ni en la política.

Termino aclarando que no soy de, ni vivo en Irun ni Hondarribia, pero opino y acudo a la fiesta como ciudadana entendiendo que sigue siendo un gravísimo atentado al derecho de las mujeres a participar en igualdad en todos los espacios públicos -y privados-, incluidas las celebraciones en nuestros pueblos.