Lo llaman democracia (sindical) y no lo es

El 15M fue capaz de levantar a millones de personas contra el castigo impuesto a la población desde el poder económico, indignadas porque sus representantes políticos, haciendo lo contrario de lo prometido, obedecían a esos intereses antisociales, generando con sus decisiones un presente de sufrimiento y un futuro deleznable. Había que acabar con una estafa democrática, regenerando la política para sacar a los corruptos de las instituciones y perseguir a los ladrones de lo público. Había la necesidad de garantizar que tu voto sirviese para cambiar algo, incluso que contase lo mismo un voto de Madrid que uno de Soria. Había que actuar para que los representantes del pueblo sirviesen a los intereses del pueblo. En la vida real, el castigo tiene el formato de desigualdad. Se incrementa en gran medida rebajando las condiciones de trabajo y de vida a la gente asalariada y, lógicamente, disminuye haciendo lo contrario. Una clave de cualquier mejora reside en la virtud e interés de aquellos que, en cumplimiento del Art. 37 de la Constitución Española, negocian en representación de los trabajadores nuestro salario, jornada, derechos y deberes, promociones, descansos… y también EREs, ERTEs… y, en otras mesas, pensiones públicas, Servicios Públicos, prestaciones por desempleo, formación, planes de empleo… y, más allá, reformas laborales, presupuestos y cualquier tipo de ley con repercusión social. Y es por esto que hay que actuar para que los representantes de los trabajadores sirvan a los intereses de sus representados.

Aunque no esté encima de la mesa política, y no sea objeto de debate de los analistas en los medios, ni esté en las encuestas, lo cierto es que la democracia en el mundo del trabajo deja bastante que desear, es decir, que el sistema heredado del llamado régimen del 78, no pasaría el menor filtro de calidad democrática para sostener que esa representación de la parte social, a partir de determinados niveles, obedece de manera cierta a la voluntad de todos los trabajadores, expresada en las urnas con las garantías correspondientes.

Es un sistema de representación que, extrapolado a la política, escandalizaría a cualquier demócrata convencido.

Imaginemos que se convocasen unas elecciones únicas para elegir la representación política en España con las siguientes reglas:

1. Circunscripciones electorales

Número de censados por número de representantes

Localidades de menos de 6000: 0

Localidades entre 6000 y 30000: 1

Localidades entre 30001 y 49999: 3

Localidades entre 50000 y 100000: 5

Localidades entre 100001 y 250000: 9

Localidades entre 250001 y 500000: 13

Localidades entre 500001 y 750000: 17

Localidades entre 750000 y 1000000: 21

Localidades de más de 1000000: 2 por cada 100000

2. Los representantes electos actuarán exclusivamente en su ámbito y conforme a las normas dictadas en ámbitos superiores.

3. Los representantes de ámbitos superiores serán designados por los partidos políticos en proporción a los representantes obtenidos en dicho ámbito, siempre y cuando superen el 10% de la suma aritmética.

Cualquier analista se daría cuenta de que esas normas negarían el derecho a voto a 7 millones de españoles y que el valor de los votos puede variar, según la circunscripción, hasta en una proporción mayor de 5 a 1. Sería para poner el grito en el cielo pensar en cómo se formarían los parlamentos regionales, el Congreso y el Senado o la representación española en Europa. Pues resulta que el mundo del trabajo en España, adolece de unas carencias democráticas semejantes al mecanismo extrapolado que conviene analizar.

¿Quién no tiene derecho a votar en las elecciones sindicales?

Hablamos de un censo de electores para nada universal en el que millones de trabajadores son privados del voto. Incluso en aquellas empresas con potencial derecho a tener o renovar su representación, existe la posibilidad real de que esas urnas sean secuestradas en virtud de intereses espurios, ya que los poderes públicos ni garantizan la existencia de esos procesos electorales, ni son transparentes con lo que ocurre. Por ese motivo resulta complejo dar porcentajes oficiales de electores y votantes, pero si los cruzamos con datos INE, aflora una realidad mucho más espeluznante que la proyección que hacíamos antes. Veamos unas cifras a grosso modo de personas trabajadoras que no tienen ni urna, ni papeleta (en adelante ninis) para la elección de los que actúan de facto como sus representantes ante la Patronal y las Administraciones Públicas:

• Aquellas que están en situación de desempleo, más de 3 millones. 

• Trabajadores de empresas de menos de 6 trabajadores. 2 millones. 

• Trabajadores de menos de un mes de antigüedad. No hay cifras. 

 Trabajadores por cuenta propia y falsos autónomos. 2 millones. 

• Trabajadores de empresas donde los sindicatos mayoritarios no tengan interés en promover elecciones y la mayoría absoluta de los trabajadores no quieran, no puedan o no sepan hacerlo.

Atendiendo a las cifras de lo computado en el último proceso y el universo que marcaba el INE, podríamos intuir 7 millones de ninis más, pero lo dejamos en 5 millones, que sigue siendo dramático pero nada exagerado, a expensas de que a algún periodista le dé por rebuscar.

Hasta aquí y siguiendo con la brocha gorda, contamos más de 10 millones de ninis, a los que hay que añadir los representantes que computan, pero que en realidad la gente no vota porque los mandatos se pueden prorrogar indefinidamente (no hay dato ni control oficial). Los millones de jubilados también serían ninis en la medida de que esa representación de los trabajadores actúa en la negociación de sus condiciones de vida como parte social. También trabajadores del hogar, cuidadores familiares y trabajadores españoles emigrados forman parte de los proscritos de esta ¿democracia?

¿Hay datos reales de participación?

Partimos de que el régimen del 78 avaló la existencia de ninis con sus leyes, cediendo la capacidad de poner urnas o no a los “mayoritarios” de la época. Desde entonces, los poderes públicos se limitan a arbitrar conflictos de intereses, observando pasivamente el transcurrir de un mecanismo supuestamente democrático, ofreciendo datos confusos con los que hay que hacer encaje de bolillos para llegar a alguna conclusión.

Primero hay que determinar cuántas urnas hay de verdad y para eso es útil el dato INE de empresas activas por número de trabajadores que describe el potencial de representantes legalmente elegibles que, haciendo la cocina correspondiente, nos da un dato no exagerado de más de 500.000. Si las cifras oficiales hablan de algo más de 260.000 electos computados, podemos concluir que casi la mitad de ese censo no universal de partida son abstencionistas forzosos. A eso le añadimos los vitalicios, como parte de la mochila de los del régimen, más los que se abstienen porque no confían en el sistema y que cada cual saque sus propias conclusiones. 

Si las distintas administraciones garantizasen la ejecución de los procesos, controlasen los censos y nos dijeran el dato de papeletas computadas en los últimos cuatro años, estaríamos más cerca de conocer la verdad de una democracia de pacotilla, de un modelo sindical agotado.

¿Qué papel fundamental tienen los representantes elegidos en urnas?

El derecho fundamental a la negociación colectiva de los representantes de los trabajadores no reside de manera generalizada en los electos. Con la rara excepción de coincidir el ámbito electoral con el de la negociación del convenio de referencia, la regla es que su papel se limita a la vigilancia del cumplimiento de las normas y a su capacidad legal de denunciar lo contrario. La voluntad de esos más de 260.000 representantes legales de los trabajadores no condiciona legalmente ninguna negociación de ámbito superior al suyo, es decir, no pintan nada para la elección de las personas que negocian sus condiciones de trabajo y de vida, ni tienen competencia alguna de participación en dichos ámbitos. El atributo fundamental de un representante es que computa a efectos de representación y económicos, mientras dure su mandato, al sindicato por el que se presentó, piense lo que piense o haga lo que haga. Es decir, traspasa legalmente su actuación de representante al aparato de ese sindicato. A partir de aquí, cada cúpula sindical decide discrecionalmente quiénes actuarán en su nombre en cada ámbito. Desde ese momento, mandan los que no se presentan a las elecciones.

¿Quiénes son los que negocian?

Las personas designadas por los sindicatos ni tienen porqué ser electos, ni reunir requisito alguno de pertenencia al ámbito de la negociación. Pertenecen a la jerarquía interna de los mismos y obedecen en exclusiva a esa cadena de mando, donde los que cortan el bacalao (altos cargos sindicales), al no tener que refrendar jamás el respaldo frente a los afectados por sus decisiones, pueden priorizar libremente en cada negociación que los logros respondan más a los intereses corporativos y empresariales de cada marca sindical en detrimento del resto de condiciones pactadas, hacer sindicato en vez de sindicalismo.

¿Son iguales los intereses de representantes y representados?

Existen convenios de sector buenos y algunos de empresa buenísimos, que demuestran que no está reñido un buen resultado sindical con un buen resultado empresarial y que hay alternativas distintas a precarizar el empleo e incrementar con ello la desigualdad social que respetan los intereses comunes. Por desgracia, esas deseables condiciones de trabajo dignas pactadas, afectan a una pequeña parte de los trabajadores, habiendo sufrido la inmensa mayoría el castigo con el que empieza este escrito, mientras que sus representantes hacían caja de las desgracias de la gente.

Existen también casos de antagonismo de intereses donde los representantes pasan de ser parte social a parte interesada, por ejemplo, en la negociación de un ERE, a más despidos, más dinero para el sindicato. O decir que se defienden las pensiones públicas mientras hacemos negocio vendiendo planes privados, o estar de acuerdo en aumentar la edad de jubilación cuando nuestros jóvenes tienen que emigrar, o firmar dobles y triples bandas salariales al mismo tiempo que dicen lo de “a igual trabajo, igual salario”. Sin duda, lo más repugnante es ver como se llevaban la pasta de todos en falsos EREs y falsa formación mientras la gente trabajadora lo pasaba fatal. 

¿Hay forma de evitar la corrupción de los representantes?

Si entendemos la rendición de cuentas como mecanismo necesario para cualquier buen gobierno, resulta imprescindible incrementar la calidad democrática, estableciendo una legalidad que imponga mayor censo para mayor participación, que los dirigentes que ahora representan, pasen por las urnas para poder ser premiados o castigados democráticamente, que garantice la competencia en igualdad y proporcione al conjunto de los trabajadores la capacidad de elegir libremente a sus representantes en los distintos ámbitos.

¿Es posible implementar en España una democracia sindical mejor?

Desde luego. Tanto el poder legislativo como el ejecutivo tienen en su mano la decisión de acabar con los ninis estableciendo elecciones directas a los ámbitos sectoriales y territoriales que se determinen, persiguiendo el horizonte de 1 trabajador, 1 voto y todos los votos de la misma validez. Con voluntad política, se puede avanzar detectando los fallos del sistema, abriendo las urnas a las distintas opciones, programas y nombres, impidiendo que sean secuestradas o condicionadas por la voluntad de parte. Ese escenario deseado de una mayor democracia electoral, ese aumento de la representatividad pueden incidir de manera determinante en la disminución de la desigualdad. Algunos creemos que sólo así podemos estar a la altura de los retos del 15M. Algunos pensamos que sólo así dejará de estar justificado el grito: ¡Que no, que no, que no nos representan!