Política, salud y políticas de salud

Que la salud es política ya lo había señalado Virchow en el siglo XIX, quien ocupó la cátedra de Anatomía Patológica de la Universidad de Berlín y fue uno de los fundadores del Partido Progresista Alemán en 1861. Abogó por reducir los gastos militares y aumentar los públicos para la asistencia social. Es famosa su frase «la medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina en una escala más amplia».

Si Ayuso supiera de su existencia habría podido llegar a culpar al espíritu del eminente patólogo de la manifestación en la que se demostró que todos los sanitarios madrileños son parte de la izquierda sindicalista y radical. Imbuidos por el mensaje de Virchow y empujados por Pedro Sánchez (mientras prepara el golpe de Estado para instaurar la república y meter a la oposición en la cárcel), las hordas comunistas sanitarias, acompañadas por un ejército de hipocondríacos que quieren acudir a las urgencias de atención primaria cuando lo necesiten, gritaron con voz colectiva que basta ya de chapuzas sanitarias en Madrid.

Ayuso se jactó de «sorprender al mundo» al levantar en tiempo récord el hospital Isabel Zendal. Y, a fuer de sincero, hay que reconocer que lo consiguió: construyó un hospital sin quirófanos ni infraestructuras básicas, que costó el triple de los 50 millones de euros presupuestados y hoy está semivacío. El mundo continúa perplejo.

Profundizando en su entusiasmo por sorprender, ha decidido sustituir a la persona física del médico de urgencias en atención primaria por una versión televisiva, videochat mediante. No acierto a adivinar por qué tipo de maravilla van a ser sustituidas tareas exploratorias propias del médico como la auscultación cardiaca o la palpación abdominal, por ejemplo. A todo esto, la enfermera permanece presente en la consulta en temerosa soledad.

Los problemas en la sanidad pública española no son exclusivos de Madrid, pero los datos del Gobierno de Ayuso son nocivos para la salud. La Comunidad Autónoma más rica de España es la que menos presupuesto sanitario per cápita ha invertido en Sanidad en 2022, la segunda que dispone de menos médicos de Atención Primaria por número de habitantes, la tercera que más porcentaje del gasto sanitario dedica a contratación con centros privados (con Cataluña disparada) y la segunda que más consultas por habitante realiza al médico de cabecera privado. El número de camas públicas es de 2,05 por mil habitantes (la segunda peor solo por delante de Murcia) cuando en 2010, antes de las privatizaciones iniciadas por Esperanza Aguirre, era de 2,29. Según estos datos del Informe 2022 Los servicios sanitarios de las CC. AA. de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y mediante un sistema de puntuación en el que valora parámetros tales como financiación y recursos, política farmacéutica, valoración por los ciudadanos, listas de espera y privatización sanitaria, la sanidad madrileña ocupa el puesto 13º. La diferencia entre CC. AA. es excesiva, de 32 puntos entre la mejor (País Vasco con 95) y la peor (Murcia con 63). Madrid obtiene 71 puntos.

En 2020 el gasto sanitario público en España fue del 7,8% del PIB, lo que nos sitúa en el 10º puesto de la UE-27 más Reino Unido.

Al proyecto de ley de equidad (ley Darias) la derecha política y mediática ya la califica como «torpedo ideológico» que pretende acabar con el Sistema Nacional de Salud (SNS). Algunas CC. AA., todas ellas gobernadas por el PP, la acusan de invadir competencias; Madrid la recurre ante el Constitucional con el apoyo, cómo no, de la Alianza de la Sanidad Privada Española y la Asociación de Clínicas Privadas madrileñas. Acusan al Ejecutivo de imponer un «modelo ideológico». Claro que es ideológico: pretende fortalecer la sanidad pública y superar las inequidades en salud frente a la ideología privatizadora, que busca fundamentalmente el beneficio económico.

Desde una visión progresista hay que reconstruir la sanidad pública mediante el aumento de la financiación y de las camas hospitalarias públicas, la potenciación de la salud pública, acabar con las privatizaciones, aumentar el número de trabajadores, recortar las listas de espera, controlar el gasto farmacéutico, potenciar la investigación sanitaria pública y fomentar una red pública de residencias de mayores (Sánchez Bayle, portavoz de la FADSP).

Elegir entre un modelo público o uno privado es una decisión política. La defensa de la sanidad pública es una cuestión política.