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La Abogacía del Estado rechaza el intento de la familia Franco de paralizar en el Supremo la exhumación del dictador

Los servicios jurídicos del Estado se oponen a las medidas cautelares solicitadas en contra de la decisión del Gobierno de sacar los restos del Valle de los Caídos

La Abogacía del Estado sostiene que no se vulneran derechos fundamentales de la familia y que la exhumación no es irreversible

La Abogacía del Estado recusa al juez que suspendió obras para exhumar a Franco

Vista del Valle de los Caídos. EFE

La Abogacía del Estado, órgano que depende jerárquicamente del Gobierno, rechaza el intento de la familia de Francisco Franco de paralizar la exhumación del dictador del Valle de los Caídos. Los nietos presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión aprobada en el Consejo de Ministros en el que solicitaban la suspensión del acuerdo. El alto tribunal admitió a trámite el recurso y concedió diez días a los servicios jurídicos del Estado para que emitieran su opinión. 

La Abogacía del Estado ha respondido manifestando su "oposición" a las medidas cautelares solicitadas por la familia Franco. Según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es, los argumentos se basan en que la exhumación del dictador no vulnera la Constitución ni los derechos fundamentales. Además, sostienen que el proceso no es irreversible porque en caso de que el Tribunal Supremo acabase dictando una sentencia firme en contra de la exhumación los restos podrían volver a la basílica del Valle de los Caídos. 

El Abogado del Estado Juan José Torres sostiene que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha actuado en base al decreto ley aprobado en agosto y convalidado por el Congreso y recuerda que no se interpuso contra él ningún recurso de inconstitucionalidad. "El Gobierno está sujeto, por consiguiente, al mandato legal explícito del artículo 16.3 de la Ley de Memoria Histórica", reza el escrito, que da por buenos los informes de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. En este segundo caso, un juez contrario a la ley de Memoria Histórica ha impugnado la licencia de obra, pero en el Gobierno sostienen que no la necesita para llevar a cabo la exhumación

"No existe vulneración de ninguno de los derechos fundamentales alegados por la parte recurrente", asegura la Abogacía del Estado, que considera que no se vulnera ni el derecho a la intimidad –el acuerdo del Consejo de Ministros aclara que se evitará cualquier tipo de intromisión durante el proceso– ni a la libertad religiosa. "El acuerdo resalta que, la misma se ha planteado para un supuesto de hecho que ni se ha producido, ni se ha planteado siquiera que se vaya a producir referido a la exhumación sin autorización eclesiástica o de la autoridad judicial competente. Por consiguiente, no puede haber vulneración", expresa. 

Los servicios jurídicos del Estado pretenden zanjar la discusión, además, con un rechazo a la suspensión que pide la familia bajo el argumento de que se puede dar marcha atrás si el Supremo tacha de ilegal el procedimiento cuando estudie el fondo del asunto. "Caso de que se llegase a dictar sentencia que estimase el recurso contencioso-administrativo y anulase el acuerdo impugnado con la consecuencia de reponer a la situación originaria, esto es, ser procedente la inhumación de Francisco Franco Bahamonde en la Basílica del Valle de los Caídos, sería perfectamente posible acometer dicha inhumación", culmina.

Una vez que el Supremo reciba la respuesta de la Abogacía del Estado, seguirá el procedimiento abierto sobre la exhumación del dictador y tendrá que decidir si acepta las medidas cautelares de suspensión del procedimiento que han solicitado los nietos de Franco o si, por el contrario, las rechaza. En Moncloa dan por hecho que la decisión se producirá antes de las elecciones generales y esperan que el alto tribunal le dé la razón para que los restos del dictador acaben en el cementerio de El Pardo el próximo 10 de junio. 

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