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Tres acusaciones para un mismo relato: Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox discrepan por el 1-O

La existencia o no de violencia en el 'procés' emerge en los escritos de acusación como la cuestión clave para dirimir en el juicio que comienza el próximo martes 

Una condena por rebelión, como pretende hasta ahora la Fiscalía, supone más del doble de cárcel para Junqueras que la sedición defendida por la Abogacía 

La formación ultraderechista Vox afirma que los acusados son una organización criminal y se descuelga con peticiones de prisión de hasta 74 años

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La convocatoria y celebración del referéndum sobre la independencia de Catalunya el 1 de octubre de 2017 supuso la comisión de varios delitos, según las tres acusaciones en el juicio que se celebrará a partir del próximo martes. Sin embargo, una sentencia condenatoria puede hacer variar sustancialmente las penas de cárcel hasta en 62 años, en el caso del principal acusado, Oriol Junqueras. Todo depende de si el tribunal atiende las conclusiones de la Vox, con la petición más dura; la de la Fiscalía, segunda en gravedad; o la de la Abogacía del Estado, la más leve.

Con unos u otros adjetivos y valoraciones, las tres acusaciones realizan un relato similar de lo ocurrido por ser hechos que se dieron con toda publicidad. En el centro de la polémica se sitúa, por tanto, el supuesto recurso a la violencia por parte de los acusados, algo de lo que Vox y la Fiscalía consideran que hay suficientes indicios y de lo que la Abogacía del Estado se ha descolgado en su escrito provisional de conclusiones. Cuando finalice la vista, que debería alargarse meses, las tres acusaciones deberán valorar todo lo que han oído y leído durante la misma y volver a pronunciarse.

Para los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que firman el escrito de acusación, nueve de los 12 acusados son responsables de rebelión por desplegar un plan con “la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido”. La existencia de la violencia responde, según alegan, a “la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada por las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos, y por otra, el uso de los Mossos d’Esquadra como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, que acataría exclusivamente sus instrucciones, como así sucedió”.

La consecuencia es que el vicepresidente de la Generalitat en el momento de los hechos, Oriol Junqueras, se enfrenta a una pena de 25 años de cárcel. Al igual que le ocurre a los miembros de su Gobierno Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Joaquim Forn, el exvicepresidente se enfrenta también a un delito de malversación en la petición de la Fiscalía. A todos ellos, una condena por ambos les supondría 16 años de cárcel. Es un año menos que a los líderes de las organizaciones sociales ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, quien presidió igualmente la Asamblea Nacional de Catalunya. La Fiscalía considera a estos tres últimos promotores del plan.

La determinación de la Fiscalía, para unos, dureza ejemplarizante, según otros, se ha convertido en un quebradero de cabeza para los dos últimos gobiernos. Del respaldo de la querella inicial por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy se pasó a la incomodidad por las peticiones de prisión provisional que acordaba después el juez instructor, Pablo Llarena. No en vano, el voto de PDeCAT y ERC permitió a Pedro Sánchez sumar los apoyos necesarios para sacar adelante la moción de censura y el consiguiente cambio de Gobierno. 

La fiscal general del Estado que nombró el nuevo Ejecutivo, María José Segarra, ha optado, hasta ahora, por respetar el criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo, al igual que hiciera con la decisión de no citar como investigado al líder de la oposición, Pablo Casado, por el caso Máster. 

"Tumultos", no violencia

En uno de los giros más destacados en la causa, la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, descartó el delito de rebelión y rebajó los hechos a sedición, malversación y desobediencia. El Código Penal español dice que serán responsables del delito de sedición aquellos que se alcen "pública y tumultuariamente" con el objetivo de "impedir" por la fuerza o fuera de la ley el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales, entre otras cuestiones. 

La Abogacía del Estado define algunos de los hechos ocurridos durante ese periodo en Catalunya como "altercados", "disturbios", "tumultos" o "incidentes contra el orden público". Desaparece por tanto el componente de la violencia que los representantes de los Servicios Jurídicos del Estado habían apoyado implícitamente adhiriéndose, por ejemplo, a las peticiones de prisión provisional para los acusados que fue formulando la Fiscalía a lo largo de la instrucción.

El cambio de Gobierno motivó un cambio en la gravedad de la acusación del organismo que representa en los tribunales al Estado. La Abogacía no entró en la causa hasta que llegó al Supremo al limitarse la acusación de malversación en la Audiencia Nacional a los fondos de la Generalitat. Pero el artículo 155 y la consiguiente asunción del Estado de las cuentas autonómicas, así como la sospecha de que fue desviado dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), provocó su personación.

De este modo, la Abogacía del Estado pide las mismas penas en la escala más baja, siete años para Borrás, Mundó y Vila por malversación y desobediencia; 10 para Forcadell y ocho para Sánchez y Cuixart, a los tres por el mismo delito de sedición. En el caso del resto de miembros del Govern, la eleva a 11 años y 6 meses y 12 para Junqueras. Todos ellos por un delito de sedición y otro de malversación. Respecto a este último delito también hay una clara diferencia entre Fiscalía y Abogacía del Estado: casi un millón de euros. El Ministerio Público cifra los fondos públicos utilizados en 2,91 millones y la Abogacía lo reduce a 1,97. 

El "golpismo", según Vox

Lejos quedan los 74 años de cárcel que pide Vox para Junqueras, el “jefe de los golpistas” si se excluye al huido Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat. El escrito de Vox destaca también por afirmaciones como que el delito de rebelión se produce "por motivos racistas o de discriminación de todo lo referente a los ciudadanos españoles por razón de su nacimiento en España". 

La “movilización popular” que lideraron Sánchez, Cuixart y Forcadell, para los que Vox pide 62 años de cárcel por rebelión y organización criminal, supuso “un mecanismo sofisticado y novedoso en comparación con otros golpes de estado ocurridos en la historia moderna occidental para desarrollar y ejecutar un proceso golpista haciéndolo pasar como si de un proceso democrático se tratara”, asegura la formación ultra.

Para los doce acusados que se sentarán en el banquillo, Vox reclama también una condena por pertenecer a una supuesta organización criminal, “compleja y heterogénea que se unió con el propósito de lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como República independiente”. Para Borrás, Mundó y Vila pide 24 años de cárcel.

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