El Gobierno ordenará que todos los test rápidos estén coordinados por la sanidad pública para garantizar la “equidad”

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha adelantado este sábado que el Gobierno ultima una orden que unificará los criterios y protocolos de elaboración de los test rápidos en toda España. Illa ha indicado que estas pruebas diagnósticas que ya se están repartiendo a las comunidades autónomas tendrán que estar coordinadas por la sanidad pública, dependiente de los gobiernos regionales. “Los tests que se hagan tienen que hacerse conforme a las indicaciones y bajo las instrucciones de la autoridad sanitaria competente, en este caso las comunidades autónomas”, ha señalado.

“Esta orden se está ultimando y es probable que hoy mismo, sino mañana como máximo, esté lista y podamos hacerla pública. Pero va a haber una única red de testeo dirigida por las autoridades públicas para garantizar la equidad y que se diagnostica a aquellas personas que, de acuerdo con criterios sanitarios y epidemiológicos, deben ser testadas en primer lugar, con independencia de otras características”, ha respondido Illa a la pregunta de si la sanidad privada puede hacer estas pruebas.

A las críticas de algunas comunidades autónomas sobre que los tests rápidos no son óptimos, Illa ha defendido que aunque las pruebas más fiables son las PCR que se están realizando a los pacientes hospitalarios, este tipo de tests sirven para “hacer un cribado rápido” y ha defendido que los que ha repartido son adecuados para estas situaciones. Según ha explicado Illa, la fiabilidad de estas pruebas rápidas ha sido estudiada en el Centro Nacional de Microbiología con muestras de pacientes de varios hospitales.

“Los test de diagnóstico rápido son un complemento a los tests en los que nosotros descansamos toda nuestra estrategia de testeo, que son los conocidos como PCR. Las PCR, que venimos administrando una cantidad aproximada de 20.000 diarios en conjunto del territorio español, son los tests fiables. Los test de diagnóstico rápido, como hemos dicho desde el principio, son un test complementarios a los PCR y si se usan de acuerdo con los protocolos acordados con las comunidades autónomas y basados en los informes que nos han dicho las autoridades del Instituto de Salud Carlos III son unos tests que son adecuados”, ha defendido Illa.

Según ha explicado “sirven para hacer un cribado rápido” en aquellos lugares con una prevalencia alta de la enfermedad, como son hospitales y residencias de mayores, pero “hay un posible segundo uso” para testar la inmunidad de la población que todavía no está acordado y que veremos si lo ponemos en práctica o no“, ha señalado.

El Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, ha repartido cerca de un millón de test rápidos de detección de anticuerpos para diagnosticar el coronavirus a los que se sumarán cinco millones más de unidades en los próximos días. Esta partida de 979.200 test rápidos se une a otra que se distribuyó hace unos días a las autonomías y que estaba cifrada en más de un millón de PCR.

La Comunidad de Madrid será la que más test rápidos reciba (195.600), seguida de Cataluña (171.600) y Andalucía (112.800). Por su parte, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son las que menos reciben (1.200 cada una), seguidas de La Rioja y Cantabria (9.600 ambas).

Illa, en una rueda de prensa en la Moncloa, ha evitado polemizar con el resto de gobiernos regionales y ha defendido que desde el Gobierno están “apoyando a las comunidades autónomas en el suministro de material” mientras que luego son los territorios los que “están protocolizado a qué colectivos se debe someter a los test”. El ministro ha querido hacer un reconocimiento expreso a la labor desarrolladas por los consejeros de Sanidad Madrid y el País Vasco, en un intento de acercar posturas tras las últimas acusaciones entre administraciones.

El ministro también ha defendido la apertura de la actividad no esencial a partir del lunes y ha señalado que la paralización de la actividad con permisos obligatorios retribuidos fue una medida “excepcional, con un límite temporal” y con el objetivo “de descargar la presión asistencial”, sobre todo, en las UCIs.

Illa ha señalado que aunque se produzca un incremento de nuevos contagios estos datos habrá que analizarlos “en su contexto”, teniendo en cuenta que se va a ampliar el testeo a la población. “Conforme haya más población testeada habrá un aumento”, ha indicado Illa.

“Nos encontramos ante una evidente ralentización de la epidemia. Nos encontramos más cerca de vencer al virus”, ha destacado Illa que no obstante ha señalado que seguiremos “en estado de confinamiento, como mínimo hasta el 26 de abril”.

El ministro de Sanidad ha reconocido que es probable una nueva prórroga del confinamiento como ya anunció el presidente del Gobierno en el Congreso. También recuerda que desde el inicio del estado de alarma está previsto que los trabajadores que presenten alguna vulnerabilidad, por enfermedades crónicas o embarazo deben acogerse a una baja temporal.

10 millones de mascarillas en el transporte público

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que serán los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que repartirán a partir del este lunes las mascarillas cuyo uso es recomendable para los ciudadanos que no tengan más remedio que salir a la calle para ir a trabajar y tengan que hacerlo en transporte público. En total se repartirán 10 millones de mascarillas, ha indicado, aunque su uso no será obligatorio.

“No se va a producir relajación de medidas tras la vuelta al trabajo de los no esenciales, seguimos en fase de confinamiento, y todos tenemos que tenerlo claro, no hemos empezado desescalada”, ha insistido Marlaska.