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Una ex de PP y Vox preside la asociación de afectados por el coronavirus que ha denunciado al ministro de Sanidad

Carmen Balfagón, que ocupó cargos en administraciones del PP antes de fichar por el partido de Abascal, defiende que no hay intereses políticos detrás de su plataforma

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La directora del Imserso aboga por "darle un giro a la Ley de Dependencia"

Carmen Balfagón, durante su toma de posesión como directora general del IMSERSO. EFE

Carmen Balfagón ocupó durante dos décadas cargos de responsabilidad en las administraciones del PP, el partido en el que militaba. En diciembre de 2018, sin embargo, fichó por Vox como vicesecretaria de Acción Social. Ahora ya fuera del partido de extrema derecha impulsa una plataforma de afectados por el coronavirus que ya ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

"No hay ningún animo político", defiende Balfagón en conversación con eldiario.es, durante la que insiste en que ya no tiene vinculación con Vox ni con ningún otro partido político. Asegura que ha tomado la decisión de ponerse al frente de esta plataforma por su experiencia en el sector sanitario y al constatar que "las cosas no se han hecho bien".

La Plataforma de Afectados por la Pandemia Covid-19 no tiene todavía web. No hay aún forma de afiliarse ni de contribuir económicamente. Sí que han enviado ya sus estatutos de asociación sin ánimo de lucro a la Comunidad de Madrid -que aún no los ha validado- y Balfagón espera que en un par de días ya puedan disponer de una página en internet.

A pesar de que la Plataforma está dando sus primeros pasos y sus miembros -unos 200, afirma la presidenta- se han sumado mediante el boca a boca, ya han tomado su primera iniciativa: una denuncia contra el ministro de Sanidad por su gestión de la crisis del coronavirus.

La asociación se constituyó el día 22 de marzo y el 30 ya habían presentado la denuncia ante el Supremo por delitos contra la salud pública. Balfagón justifica que han tomado esa decisión en medio de la crisis sanitaria porque "no se puede tener a los sanitarios y a las fuerzas de Seguridad sin medios materiales, se están jugando la vida". Apunta directamente a la falta de mascarillas y EPIS (Equipos de protección individual): "Es una situación grave".

"Debutamos con esta denuncia porque creemos que no se han hecho las cosas bien", sostiene Balfagón, que acusa a Illa de obviar las alertas sanitarias que lanzó la Organización Mundial de la Salud (OMS) y no hacerse con antelación con el material necesario para detener la pandemia. 

Balfagón, que no descarta que la plataforma tome nuevas iniciativas judiciales en el futuro, alude a su conocimiento del sistema sanitario por los puestos que ha desempeñado, siempre en las administraciones controladas por el PP. Ha sido asesora de varios ministerios (incluyendo el de Sanidad) y gerente de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) de la Comunidad de Madrid, territorio en el que también fue directora general de Dependencia. Ha ejercido también de secretaria general de Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha durante el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal.

En su última etapa fue directora del Imserso, también durante el Gobierno del PP. Balfagón ha estado afiliada a este partido y se marchó cuando, dice, la formación desoyó su petición y la de otros para que se abriese a los afiliados. Fue entonces cuando encontró un hueco en Vox, después de las elecciones andaluzas, cuando la formación de Santiago Abascal empezaba a despegar a nivel nacional.

Recaló en el partido de extrema derecha en diciembre de 2018 como vicesecretaria de Acción Social. Su objetivo, dijo entonces, era ayudar a elaborar un amplio programa social del partido. Ahora relata que sus propuestas no fueron escuchadas y que por eso decidió abandonar la formación, con la que dice no tener en la actualidad ningún vínculo.

"La gente que me conoce me tiene por una persona valiente", argumenta cuando se le pregunta por qué los impulsores de esta Plataforma le pidieron a ella, pese a su marcado pasado político, que encabezara la asociación. Insiste en que detrás de sus acciones no hay ningún partido, sino miembros de la sociedad civil descontentos con la gestión del gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Asegura también que por el momento no están recibiendo financiación de ningún tipo y que los costes derivados de la denuncia se sufragan entre quienes impulsan esta iniciativa. Si las acciones judiciales prosperan será el momento de abrir la vía de la ayuda económica externa, explica, con donaciones puntuales o cobrando cuotas de los asociados.

La denuncia contra Illa en el Supremo apunta a la falta de material y no es la única acción en los tribunales en este sentido. Un sindicato policial trató de que un juez obligara al Gobierno a proveer de EPI a las fuerzas de seguridad. El magistrado fue contundente: habló de una "pandemia imprevista e imprevisible" que ha provocado "una demanda exacerbada, incluso especulativa" de productos contra el coronavirus, y criticó al sindicado al considerar que su reclamación no pasaba de ser una acción propagandística.

Otra jueza, que si accedió a la petición de un sindicato médico de reclamar inmediatamente equipos de protección a la Comunidad de Madrid, ha tenido que rectificar su auto. En uno dictado este jueves suavizó la urgencia de su petición y aclaró que se debía equipar a los sanitarios con material "una vez cuente con su efectiva disponibilidad".

La acción en los tribunales de Balfagón y su plataforma va directamente a pedir responsabilidades penales contra el ministro. Otras asociaciones de afectados (ya han surgido varias) han descartado por ahora la vía penal y se van a centrar en la civil o la contencioso administrativa.

Es el caso de la plataforma impulsada por el despacho Lex Abogacía, especializado en derecho sanitario y negligencias médicas. El subdirector del bufete, Gabriel González Tirado, explicó a eldiario.es que por el momento están estudiando las consultas recibidas, recopilando información y cerciorándose de cuáles son las circunstancias de cada caso de cara a plantear posibles demandas de manera "técnica" y siempre que se considere que son "viables".

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