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El Poder Judicial que surgió de la mayoría absoluta del PP aviva el incendio contra el nuevo Gobierno

La votación del CGPJ sobre la propuesta de Dolores Delgado para fiscal general del Estado da munición al PP: "Ninguno de los vocales ha avalado su idoneidad"

El PP bloquea la renovación de un órgano que ha ascendido a dos jueces apartados de Gürtel por afinidad con él y ha nombrado 47 magistrados estando en funciones

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La polémica suscitada por la elección de Dolores Delgado, exministra de Justicia del anterior Ejecutivo, como nueva fiscal general del Estado se ha extendido y recrudecido al pasar por el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces debía pronunciarse sobre si Delgado reúne los requisitos para ocupar el cargo. Y como no había ocurrido con ninguno de los cuatro anteriores fiscales generales, el aval obtenido por la fiscal ha ocupado portadas y ha copado el discurso del Partido Popular. El motivo: siete de los 19 vocales que participaron en la votación expresaron su rechazo a que Dolores Delgado sea la próxima fiscal general.

Esos siete vocales son parte de los 12 que propuso el Partido Popular y que luego votaron a Lesmes, en consenso con los progresistas, para presidir el órgano de gobierno de los jueces desde 2014. En bloque conservador ha conseguido aprobar multitud de nombramientos, si bien otras cuestiones como los informes sobre las leyes orgánicas de Rajoy, caso de la de Seguridad Ciudadana, obtuvieron amplios consensos en su seno. El pasado jueves, esos vocales del bloque conservador no votaron unidos, pero la revuelta que protagonizaron los siete, expresando su opinión sobre un extremo del perfil de Delgado por el que no se les había preguntado, ha permitido al PP y al resto de la oposición alargar la polémica sobre la elección de una diputada del PSOE y miembro del anterior Gabinete Sánchez para dirigir el Ministerio Público. 

Algo había fallado en los análisis que pronosticaban que, una vez Podemos y el vicepresidente Pablo Iglesias habían acaparado el protagonismo de los últimos días con las filtraciones de la identidad de sus ministros, Moncloa contraatacaría con un anuncio sorprendente. Todas las miradas se dirigían al Ministerio de Justicia, de tal forma que Dolores Delgado no conseguiría así su propósito de repetir en el cargo y sería sustituida por un nombre de impacto. Pero el sábado pasado esa previsión comenzó a derrumbarse. Juan Carlos Campo, juez sin proyección pública, diputado por Cádiz y habitual de las quinielas menos elaboradas para nombramientos anteriores, era la persona elegida para ocupar la cartera de Justicia. La sorpresa llegó cuando el lunes siguiente, antes de que Campo tomara posesión, Moncloa anunciaba que el presidente del Gobierno propondría a Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

Sánchez optaba por una fórmula inédita: de ministra de justicia y diputada del PSOE a fiscal general. La oposición de la derecha, habituada a nombrar fiscales generales de su cuerda pero sin adscripción al partido, volvía a expresar su indignación con el nuevo Gobierno de coalición. La propuesta ya había sido contestada por las asociaciones profesionales, exceptuando la UPF de la que Delgado es integrante, que pusieron el grito en el cielo sobre la ausencia de apariencia de imparcialidad en la exministra. A Sánchez le quedaban Pablo Iglesias, que respaldó sin fisuras la elección, y los suyos, que en su totalidad defendían en público un nombramiento que suscitaba reticencias entre determinados cargos socialistas si se les preguntaba en privado. 

Inmediatamente después, el centro de atención se trasladaba al Consejo General del Poder Judicial, obligado por ley a dictar un informe preceptivo, pero no vinculante sobre el nombramiento de Dolores Delgado. En el sector conservador empezaban a sonar tambores de guerra. Durante el mandato del presente Consejo solo una vocal, Concepción Sáez, propuesta por IU, había emitido un voto particular contra un candidato a fiscal general. Lo hizo en dos ocasiones, con el ya fallecido José Manuel Maza y con su sucesor, Julián Sánchez Melgar.

Distintas informaciones en los medios de la derecha ya adelantaban el viernes a primera hora que el sector conservador no iba a tolerar la elección de una exministra socialista para la Fiscalía General del Estado. Ni el hecho de que Delgado cumpliera los requisitos legales para el cargo, ni la interinidad que les afecta desde hace 14 meses, los mismos que llevan en funciones por la falta de acuerdo político para su renovación, parecían detenerles. La mayoría holgada con la que cuentan, reflejo de la mayoría parlamentaria del primer gobierno de Rajoy, les hacía sentirse confiados en que esta penúltima batalla la iban también a ganar.

La tarde anterior habían recibido un texto del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, con una redacción distinta a la que había sido sometida a votación en los cuatro casos precedentes. En ese texto desaparecía el término "idoneidad", de tal forma que los vocales debían limitarse a constatar que Dolores Delgado cumplía con los requisitos legales, esto es, quince años de carrera profesional, una acreditada trayectoria profesional y tener nacionalidad española. A la postre se demostró que eso tampoco les iba a detener, al menos a siete de ellos.

Desde el entorno de Lesmes explicaban que el presidente del Consejo siempre había defendido el informe sobre los candidatos como una valoración técnica y no política de los mismos. Esa es la explicación oficial de que maniobrase para retirar un término, "idoneidad", que considera que nada aporta al aval que debe conceder o no el CGPJ y que, en en el caso de Dolores Delgado, prometía convertirse en un asidero para que aquellos vocales a los que escandalizaba su nombramiento, pese a que cumplía sobradamente los requisitos legales, votaran en contra.

Frente a la intención confesa de Lesmes de sacar adelante la votación en base al criterio sobre la legalidad del nombramiento, como en las anteriores elecciones de fiscal general, la sospecha de algunos vocales progresistas es que todo fue una maniobra del presidente para provocar votos negativos y polémica. El Partido Popular vino este viernes a alimentar esa sospecha cuando su secretario general afirmó que "ninguno de los miembros del CGPJ ha avalado la idoneidad de Delgado para ser fiscal general del Estado". La afirmación del PP se sustenta en que al suprimir Lesmes el término "idoneidad", nadie se pudo pronunciar sobre él.

Llegó el momento de la votación y la disensión en el sector conservador se consumó. La primera en pronunciarse, Maru Carmona, por ser la de menor edad –la reforma de Gallardón cambió el voto secreto por el voto a mano alzada– , lo hizo a favor del nombramiento de Dolores Delgado pese a ser una vocal propuesta por el PP. Unos cuantos pronunciamientos después llegó el turno de Rafael Fernández, también del sector conservador y que se pronunció igualmente favorable a Delgado. El propio Lesmes fue el tercer miembro de ese sector que consideró que la exministra reunía los requisitos legales para ser fiscal general del Estado. Resultado final de la votación: 12 votos a 7. Primer titular para regocijo de Génova: Dolores Delgado será la fiscal general con menos aval del CGPJ.

Los siete vocales conservadores que votaron en contra reaccionaron a su derrota con un voto particular de cinco folios que citaba jurisprudencia y que o se redactó aproximadamente en una hora o estaba ya escrito antes de la votación. El voto particular está destinado a exponer los motivos del posicionamiento contrario al de la mayoría. Y como Lesmes se había ocupado de suprimir del texto la "idoneidad", solo cabía rebatir que Delgado, española y con 30 años de carrera, no reunía los méritos profesionales para ser fiscal general, algo imposible de hilar contra la excoordinadora en materia de terrorismo de la Audiencia Nacional. Pero eso no fue óbice para que los siete conservadores centraran su contenido de forma exclusiva en una crítica a la falta de apariencia de imparcialidad de Delgado y a las consecuencias que eso tiene, a su entender, para la imagen de la Fiscalía, amén de los peligros de "injerencias" del poder político que podía suponer para el Ministerio Público.

Álvarez de Toledo: "Quieren someter al Poder Judicial"

El nombre de la próxima fiscal general del Estado había dado un par de días antes un argumento al Partido Popular para anunciar que no hay posibilidad de acuerdo para renovar un CGPJ que controlan los conservadores y cuyo mandato está agotado desde hace un año. Ese CGPJ, que el PP se ha negado reiteradamente a renovar, ha ascendido, por ejemplo, a presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a una jueza, Concepción Espejel, después de que sus compañeros de esa misma sala la apartaran de los juicios de Gürtel por su proximidad al Partido Popular. O elevó hasta la cúspide de ese tribunal especial a Enrique López, igualmente apartado de los juicios de Gürtel por la misma razón que Espejel y que acaba de ser nombrado por Casado responsable de Justicia del partido. En los 14 meses que lleva en funciones ha nombrado a 47 jueces.

Pese a todo, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, dijo el miércoles que su partido no va a colaborar en la renovación del órgano de gobierno de los jueces porque lo único que quiere Sánchez es "controlar y someter al Poder Judicial".

El programa electoral con el que Mariano Rajoy llegó a la Moncloa en 2012 establecía una reforma del CGPJ según la cual 12 vocales pasarían a ser elegidos directamente por los jueces. Quedó en nada. Pese a los cambios introducidos por Alberto Ruiz-Gallardón, entonces ministro de Justicia, los 20 siguieron siendo elegidos por el Parlamento (12 jueces y 8 juristas con más de 15 años de ejercicio). Antes, el Congreso elegía a 10 vocales y otros tantos el Senado después de un acuerdo global. Pero tras la reforma, cada cámara podía elegir a sus 10 vocales sin que hubiera acuerdo. La mayoría necesaria de tres quintos permitía a los conservadores seleccionar la mitad del Consejo sin necesidad de pactar los nombres con ningún otro grupo. Es esa mayoría, fruto de la victoria de Mariano Rajoy en 2011 la que se mantiene hoy en el órgano de gobierno de los jueces.

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