La Policía de Nicaragua desaloja la ONG de una activista expulsada a Costa Rica

La Policía de Nicaragua allanó y se tomó por la fuerza la ONG Centro de Información de Asesoría en Salud (Cisas), fundada por la activista nicaragüense-costarricense Ana Quirós, expulsada a Costa Rica el 26 de noviembre pasado.

Esa ONG informó que agentes de la Dirección de Operaciones Especiales (DOE) de la Policía Nacional llegaron anoche a bordo de camionetas y microbuses, expulsaron a los vigilantes y “tomaron posesión” de las oficinas de Cisas.

El Parlamento de Nicaragua, controlado por los sandinistas, despojó de la legalidad a Cisas por presuntamente “haber incumplido gravemente sus obligaciones legales” y sus estatutos, así como haber “desnaturalizado su personería jurídica”, “alterar el orden público”, “desestabilizar el país” y “afectar la seguridad ciudadana”.

La Policía ha allanado en las últimos dos días la sede de siete ONG y un grupo de medios de comunicación.

El Gobierno de Nicaragua informó el viernes que los bienes incautados a las nueve ONG a las que la Asamblea Nacional les canceló su personalidad jurídica pasan a la administración del Estado para la creación del Fondo de Atención y Reparación Integral para las Víctimas del Terrorismo.

Los organismos a los que el Parlamento de Nicaragua despojó de su legalidad son Cisas, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade) y Hagamos Democracia.

También a las ONG Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS), Fundación del Río, el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco) y la Fundación Popol Na.

“Esta cancelación obedeció al hecho de que estos organismos incumplieron los requerimientos legales para su funcionamiento, y que violentaron la naturaleza de sus funciones al haber participado activamente durante el fallido intento de golpe de Estado”, a como el Ejecutivo se refiere a las manifestaciones antigubernamentales, señaló el Ministerio de Gobernación.

Señaló a esos organismos de promover “terrorismo, crímenes de odio, y alentando y celebrando la destrucción de propiedades públicas y privadas, de viviendas, de negocios, y de asalto a la dignidad humana de miles de personas y familias”.

También acusó a esas ONG de gestionar y canalizar, hasta su cierre, fondos y recursos que disponían “para cometer todas esas gravísimas violaciones y alteraciones a los derechos humanos, al orden público, y violentando el derecho a la seguridad y la vida de las personas y familias en Nicaragua”.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de “golpe de Estado”.

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.