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Sánchez promete retirar las condecoraciones vinculadas al franquismo y denunciar los acuerdos con el Vaticano

El PSOE incluye en su programa electoral para el 10N la prohibición de la exaltación del franquismo en lugares públicos 

Los socialistas garantizarán la suspensión del régimen de visitas de menores por parte de progenitores que estén cumpliendo condena por violencia de género

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Pedro Sánchez en una entrevista para eldiario.es

Pedro Sánchez en una entrevista para eldiario.es PATRICIA J. GARCINUÑO

Nuevas elecciones, nuevos programas. El PSOE aprueba este miércoles el suyo con ligeras modificaciones respecto al de primavera. Pocas, pero suficientes para saber que el contexto hoy es otro, que Catalunya marca agenda, que la entente de las tres derechas en comunidades y ayuntamientos obliga a blindar derechos ya conquistados y a desarrollar otros nuevos. Vox sigue en el foco de los socialistas y también Unidas Podemos, a quien en el documento al que ha tenido acceso en exclusiva eldiario.es se le sigue considerando “potencial socio preferente”, si bien se explicita que su eventual incorporación al Gobierno de España “habría impedido una respuesta coherente y ajustada a nuestros principios constitucionales, en particular en relación con el reto secesionista en Cataluña”. 

Así las cosas, las prioridades del PSOE para la próxima Legislatura se ordenan en torno a seis ejes: empleo digno y pensiones justas; feminismo y la lucha contra la desigualdad; la emergencia climática y la transición ecológica de la economía; el avance tecnológico y la transformación digital; el fortalecimiento del Estado autonómico y la máxima cohesión territorial y un mayor protagonismo de España en Europa.

Y, como nuevos compromisos, se incluye la prohibición de la exaltación y el enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso público y la retirada de las condecoraciones vinculadas a actuaciones durante la dictadura. Nada sobre la resignificación del Valle de los Caídos, pero sí la promesa de declarar el 31 de octubre como día de recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura y el 8 de mayo, el de las víctimas del exilio. Sánchez también recupera la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede. Ese fue un compromiso que los socialistas adquirieron durante el liderazgo de Alfredo Pérez Rubalcaba y que desapareció del programa de las elecciones del 28 de abril.  

En la entrevista que Sánchez ha concedido a eldiario.es y que se publicará en el adelanto para socios de esta noche, Sánchez ha hecho referencia a esta nueva modificación que el PSOE ha incluido en su programa:

Estas son las principales medidas del programa con el que Pedro Sánchez se presenta ante los españoles: 

Reforma de la Ley de  Memoria Histórica. Conforme a las iniciativas ya impulsadas por el Grupo Parlamentario Socialista para el reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, declarando el 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo, y el día 8 de mayo como el día de reconocimiento a las víctimas del exilio. Tras culminar el proceso de exhumación de Francisco Franco, se retirará la simbología franquista de los lugares públicos y se prohibirá la exaltación y el enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso público, además de la retirada de las condecoraciones vinculadas a actuaciones durante la dictadura.

Reforma Laboral. Sin especificar cuáles, el PSOE se compromete en el primer año de Legislatura a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral y a revisar la normativa actual sobre el trabajo a tiempo parcial para prevenir su uso fraudulento y los falsos autónomos, así como la regulación de despido y la legislación sobre subcontratación laboral. Del mismo modo, elaborará una carta de derechos de los trabajadores y trabajadoras que actualice el catálogo de derechos a las exigencias de la digitalización, incluyendo el derecho a la desconexión.

SMI. Tras la subida de un 22% en 2019, se seguirá aumentando el SMI de forma progresiva hasta situarlo al final de la legislatura en el 60% del salario medio, de acuerdo con lo establecido en la Carta Social Europea. 

Autónomos. Equiparación de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta ajena, así como con el establecimiento de una cotización acorde con sus ingresos reales, que les comportará mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación. Asimismo, se incentivará el emprendimiento fomentando el apoyo a autónomos y emprendedores. 

Blindaje constitucional de un nuevo pacto de Toledo. El Gobierno planteará a todas las fuerzas políticas y a los agentes sociales un nuevo Pacto de Toledo, que garantice, mediante su blindaje en la Constitución, la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, actualizándolas conforme al IPC real, y aumentando el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas.

Permisos de paternidad. Los socialistas se comprometen a establecer en cuatro años y de forma progresiva, la obligación de que los consejos de administración de las sociedades cumplan con el principio de presencia equilibrada, previsto en la Ley 3/2007. Y también a equiparar los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles para que estos permisos sean totalmente iguales (16 semanas), intransferibles y retribuidos al 100% en 2021, modificando aquellas trabas actuales que dificultan la no simultaneidad de los permisos.

Lucha contra la violencia machista. Doblar la partida correspondiente a los ayuntamientos prevista en el Pacto contra la violencia machista e impulsar las unidades forenses para la valoración integral y periódica de las víctimas. Asimismo, se garantizará la suspensión del régimen de visitas de menores por parte de progenitores o tutores legales que estén cumpliendo condena por violencia de género, en consonancia con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el Convenio de Estambul. Habrá también una reforma de la legislación penal para garantizar que el consentimiento de la víctima sea clave en la calificación de los delitos sexuales, de manera que si una mujer no dice 'sí', todo lo demás es 'no'. Es decir, «Solo sí es sí». Se impulsarán también  medidas encaminadas a la abolición de la prostitución,  incluyendo una Ley integral contra la trata con fines de explotación sexual, para sancionar penalmente a quienes contribuyan o se beneficien de la prostitución ajena, sancionando la demanda y la compra de prostitución. 

Contra los vientres de alquiler. El PSOE dice no a los vientres de alquiler. La explotación reproductiva está prohibida en nuestra legislación, en coherencia con las recomendaciones del Parlamento Europeo. Y en su opinión, los vientres de alquiler socavan los derechos de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas. Por ello anuncia, sin concretar mucho más, acciones contra las agencias que ofrecen esta práctica, a sabiendas de que está prohibida en nuestro país.

Pacto educativo. El Gobierno propondrá, durante los primeros seis meses de su mandato, una nueva Ley Básica de Educación que derogue la LOMCE, que blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo e incorpore los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa en estos años. El texto recogerá el compromiso de incrementar los recursos públicos destinados a la educación y becas, hasta situar la inversión educativa en España en un 5% del PIB en el año 2025. Se establecerá la universalización y la gratuidad de la educación infantil para niños y niñas menores de 3 años.Para compensar las desigualdades económicas del alumnado y posibilitar su acceso a la educación y la continuidad de sus estudios, revisaremos el sistema de becas, para que se consideren un derecho subjetivo en función de la situación de las rentas familiares, simplificándolo y asegurando que la convocatoria se resuelva antes del comienzo de curso y se adelanten los ingresos.

Parque público de viviendas en alquiler. Los socialistas consideran urgente  ampliar la oferta de vivienda asequible y por ello se comprometen a impulsar la rehabilitación y el alquiler, junto con la promoción de más vivienda pública (actualmente está en marcha la construcción de 20.000 viviendas protegidas). El principal objetivo es crear un gran parque de alquiler público de precio asequible, que contribuirá a moderar el crecimiento de los precios de toda la vivienda en alquiler, cuya evolución será objeto de un índice estatal. Se incentivará la oferta de alquiler asequible con medidas fiscales.

Eliminación de copagos sanitarios. El compromiso con un sistema público de salud de calidad para todos determina la eliminación progresiva de los copagos sanitarios empezando por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad. 

Blindaje constitucional de los servicios sociales. El programa incluye el blindaje en la Constitución del Sistema Público de servicios sociales, como derecho fundamental, para consolidar el Cuarto Pilar del Estado del Bienestar, garantizando una cartera mínima de servicios de gestión descentralizada a través del impulso de una Ley Marco estatal de Servicios Sociales, consensuada con las comunidades autónomas, e impulsando una alianza con el Tercer Sector de Acción Social mediante un sistema de financiación estable de dichas entidades.

Ley de familias. Se elaborará una nueva ley de familias que responda a la realidad y necesidades de las diferentes estructuras familiares atendiendo a su condición de numerosas, monoparentales (en su mayoría encabezadas por mujeres), de partos múltiples, de familias acogedoras, con miembros con discapacidad… adecuando las ayudas a cada situación. La Ley garantizará la protección a todas las familias, en condiciones de igualdad, con independencia del estado civil de los progenitores o de la filiación de los y las menores. 

Pobreza energética. Se prohibirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias, cuando el impago se deba a motivos como la pobreza sobrevenida y a las personas que estén padeciendo una situación de vulnerabilidad, en virtud de la Directiva 2009/72/CE y 2009/73/CE, y se mejorará el diseño del actual “bono social”.

Fiscalidad. El PSOE se compromete a no aumentar ni del déficit ni de la deuda pública y a una reforma de la fiscalidad que permita superar la anomalía de la escasa tributación de las grandes corporaciones, así como del sector financiero y de las grandes empresas tecnológicas, y la insuficiente e ineficaz fiscalidad ambiental, para alinearnos con las medidas ya adoptadas o en trance de adoptarse en el ámbito de los países de la OCDE. Las subidas tributarias no conllevarán ningún perjuicio para las familias de ingresos medios y bajos, y permitirá reducir la carga fiscal de las pymes. 

Lista de morosos. Se añadirán los responsables solidarios a la lista de morosos de la AEAT y se reducirá a 600.000 euros el importe de deuda para ser incluido en la lista.

Lucha contra la corrupción. El Gobierno aprobará un Plan sobre regeneración democrática, incluyendo una ley integral sobre la lucha contra la corrupción, que contemple la protección del denunciante. La norma regulará de manera más efectiva las Declaraciones de Intereses de altos cargos para combatir los conflictos de intereses, fijando con precisión las condiciones de incompatibilidad para las personas interesadas y endureciendo las sanciones por su incumplimiento. La Oficina de Conflicto de Intereses actuará verificando las solicitudes con margen de apreciación y actuando como autoridad independiente en la emisión de sus dictámenes. Asimismo, se suprimirán los aforamientos como prerrogativa personal, más allá del ejercicio de la función propia del cargo, en línea con el dictamen del Consejo de Estado.

Órganos constitucionales. Se promoverán acuerdos parlamentarios que permitan la elección y renovación de los órganos constitucionales y organismos independientes, como en el caso del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Se primará en la búsqueda de dichos acuerdos la efectividad de los principios de igualdad, paridad de género, mérito, capacidad y prestigio profesional.

Nueva ley de Seguridad Ciudadana. Un nuevo marco regulatorio que sustituya a la “Ley mordaza”, para garantizar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación pacífica.

Bienes matriculados por la Iglesia. El PSOE anuncia la recuperación de los  bienes matriculados indebidamente por la Iglesia, y una revisión de las operaciones que se han basado en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros.

Denuncia de los acuerdos con la Santa Sede. El PSOE se compromete a denunciar los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979 que dan continuidad al Concordato de 1953, en cumplimiento del precepto constitucional que establece la aconfesionalidad del Estado y la libertad religiosa. "Impulsaremos un nuevo acuerdo bilateral entre ambos Estados, basado en el principio de laicidad, para mantener unas relaciones de cooperación moderna con la Iglesia Católica", recoge el programa.

Delitos de odio. Se desarrollará un Plan de Acción contra los delitos de odio, para garantizar la protección de los derechos y libertades de todas las personas, con independencia de sus circunstancias personales o sociales, así como la aplicación efectiva de la Ley del Estatuto de la Víctima, para procurar la atención integral y especializada a las víctimas de los delitos de odio, garantizando el resarcimiento de sus derechos, a partir de la imprescindible formación de todos los que intervienen en la respuesta ante estos delitos.

Un Pacto de Estado sobre Inmigración. Incluirá la revisión de la vigente Ley de Extranjería 4/2000 y su reglamento, eliminando el principio de reciprocidad del derecho de sufragio en las elecciones municipales de los extranjeros residentes en España, y fomentando la plena integración y la igualdad de oportunidades de las llamadas segundas generaciones, dedicando especial atención al refuerzo de la formación educativa.

Lucha contra el terrorismo y atención a sus víctimas. El PSOE reitera el compromiso del Gobierno en la lucha contra el terrorismo y en el reconocimiento y respeto a sus víctimas, introduciendo las modificaciones que la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo necesita para garantizar asistencia integral a las víctimas del terrorismo y a sus familias. Al reconocimiento y la memoria de las víctimas del terrorismo contribuirá la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo (comúnmente conocida como “Centro Memorial”). 

Emergencia climática. La declaración de “emergencia climática”, ya aprobada por el Parlamento, se traducirá en medidas urgentes, así como en la propuesta de su consideración en un refuerzo del artículo 45 de la Constitución, que incorporará la consideración de los denominados “límites planetarios” como condición necesaria del progreso económico y social; y el acceso al agua y a la energía como servicios de interés general. Con carácter inmediato, impulsaremos la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como la implementación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la Estrategia de Transición Justa y la Estrategia de Pobreza Energética, teniendo en cuenta las observaciones de la Comisión Europea, promoviendo el máximo consenso social y político, sin reducir su ambición.

El objetivo es alcanzar en 2030 un porcentaje de electricidad producida con energías renovables del 74%, entre el 85% y el 95% en 2040, y del 100% en el 2050; todo ello, con un calendario de cierre de centrales de carbón y nucleares, y sin aumento de los precios de la electricidad. Se establecerá la obligación de elaborar cada 5 años, unos Presupuestos de Carbono, desglosados por sectores, para hacer visible la contribución de cada sector a la reducción de emisiones. Se establecerán mecanismos de seguimiento para favorecer la participación ciudadana y la implicación de todas las administraciones.

Política Territorial. El PSOE defiende una España fuerte y cohesionada, estructurada a partir de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. Se compromete a la colaboración institucional con todas las comunidades autónomas y abordaremos el conflicto de convivencia en Cataluña impulsando el diálogo entre catalanes y también entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, siempre dentro de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. Y apuesta por un modelo de Estado integrador, en el que la diversidad, la igualdad y la solidaridad sean valores compatibles. Un modelo en el que el Gobierno del Estado garantice la cohesión desde la lealtad al ejercicio de las funciones que la Constitución habilita a las comunidades autónomas; en el que las distintas administraciones cuenten con una adecuada financiación, actúen con transparencia, colaboren entre ellas y actúen con lealtad institucional.

En ese modelo no tiene cabida un referéndum de autodeterminación, que el Tribunal Constitucional (TC) ha considerado contrario a la Constitución y que, desde una perspectiva política, provoca la quiebra de la sociedad. 

Reparto competencial. El PSOE impulsará la clarificación del reparto competencial, y promoverá la participación de las comunidades autónomas en las actuaciones y decisiones del Estado y del Estado en las actuaciones autonómicas, cuando afecte al interés general, así como el intercambio de información para favorecer una auténtica integración. Desarrollará así mismo la previsión de las reglas y principios del sistema de financiación de las comunidades autónomas, y el procedimiento para establecerlo con participación de los territorios, con el objetivo final de aprobar un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas

Tras el intento de cercenar el ámbito de actuación de los entes locales que ha supuesto la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, garantizará los elementos nucleares de la autonomía local. La Constitución debería reconocer al municipio como unidad territorial básica, así como sus competencias propias. Y por eso abordará la reforma y la mejora de la financiación local, mediante la previsión de tributos propios mínimos, sin perjuicio de otros que puedan ser reconocidos por la legislación estatal y autonómica. Todo ello, además de avanzar en la descentralización institucional del Estado con el traslado total o parcial de las sedes de distintas instituciones y organismos a distintas ciudades.

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