Los cambios de gobierno resucitan la guerra del agua
Los cambios de gobierno resultantes de las pasadas elecciones autonómicas del 24M han provocado la resurrección de la pelea por el agua entre Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Murcia. Emiliano García-Page, sucesor de María Dolores de Cospedal al frente de la Junta de Comunidades, se ha plantado contra el trasvase y ha exigido el “cierre inmediato”. Ante la sequía veraniega, el presidente de la región ha presentado un recurso por la decisión de transferir 20 hectómetros cúbicos de agua al sudeste ya que la cota está por debajo de los 400 hectómetros, el mínimo establecido.
La batalla por los recursos hídricos se había apaciguado desde su momento más crudo, cuando José Bono estaba al frente del gobierno de Castilla-la Mancha y Joan Lerma en la Generalitat. En 1994, Bono perdió en su empeño de no ceder “ni una sola gota” del Tajo al Segura cuando el Gobierno, con José Borrell como ministro de Obras Públicas, decretó que se trasvasaran 55 hectómetros cúbicos.
García-Page ha reconocido que en este asunto “ninguno lo ha hecho bien, ni unos ni otros”. El socialista ha criticado que haya interesados en buscar enfrentamientos internos entre barones socialistas cuando el agua es una cuestión “territorial”. En este sentido, ha vuelto a acusar a Cospedal de haber cometido una “enorme traición” a su tierra por la presión de los barones del PP en la Comunidad Valenciana y Murcia. Lo que ella bautizó como “la paz del agua”, su sucesor lo califica de “rendición sin condiciones”.
El plan actual de García-Page es impulsar desde su comunidad una ley del agua que le permita bloquear los trasvases a los que su región se oponga. Una vez pasadas las elecciones generales previstas para diciembre, su intención es volver a discutir los planes hidrológicos de los ríos Tajo, Júcar y Segura. El recurso ante el Tribunal Supremo planteado por su Ejecutivo se firmó el pasado 31 de julio. Según el informe que lo acompaña, las reservas están por debajo de los 400 hectómetros. Sin embargo, el ministerio insiste en que ese tope no estará vigente hasta 2018 y que el límite irá aumentando progresivamente durante los próximos años.
García-Page reclama una discusión nacional: “En democracia no hemos sido capaces en España de abrir un debate en serio sobre nuevos trasvases, y menos aún de culminarlos. Y parece razonable tener, en democracia, un debate sobre una infraestructura sobre la que no hubo debate” cuando se inició.
El president valenciano Ximo Puig asegura que los socialistas no se plantean reiniciar la guerra y abogan por la solución pactada aunque dejan claro que el trasvase está “garantizado”. Mientras, el PP aprovecha las divergencias entre los barones socialistas y exige que se cumpla lo acordado en 2013 entre los territorios afectados cuando Miguel Arias Cañete estaba al frente de la cartera de Medio Ambiente y Agricultura.
Por su parte, los regantes del Segura y Júcar insisten en que lo necesitan para sus cultivos y los socialistas valencianos aseguran que defenderán sus intereses sin entrar en una batalla con García-Page. Ante la invitación del castellanomanchego de que los diputados valencianos y murcianos visiten el terreno, la consellera de Obras Públicas, Mª José Salvador, ha dicho estar dispuesta “a los contactos que hagan falta”, aunque ha dejado claro que es competencia de la consellera de Medio Ambiente y Agricultura, Elena Cebrián.
Sin embargo, la socia de Puig y vicepresidenta de la Generalitat, Mònica Oltra, defendía este lunes a los regantes alicantinos y recordaba las necesidades y sacrificios de los cultivos de regadío valencianos. La dirigente de Compromís ponía el acento en pedir a Castilla-La Mancha que acabe con los pozos ilegales que pinchan los acuíferos y reducen el caudal.
