Casado contraprograma el juicio de la caja B y reúne al máximo órgano del PP en busca del apoyo de Moreno y Feijóo

Tras atribuir la debacle de las elecciones catalanas el pasado 14 de febrero al inicio del juicio de la caja B –que investiga la financiación ilegal de su partido durante dos décadas– y a las nuevas confesiones sobre esa contabilidad en dinero negro realizadas durante la campaña por Luis Bárcenas, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, anunció que se desvelara lo que se desvelara acerca de las supuestas irregularidades cometidas durante las gestiones de sus antecesores y exjefes José María Aznar y Mariano Rajoy, él no realizaría ninguna declaración al respecto. “Desde hoy esta dirección no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada. No nos lo podemos permitir más con el calendario judicial que se avecina”, proclamó el 16 de febrero, dos días después de la derrota en Catalunya, durante una declaración en la que también anunció la marcha de la histórica sede de Génova 13.

En ese horizonte Casado avistaba, entre otros procesos, las nuevas sesiones del juicio de la caja B que se retoman este martes y que se extenderá hasta el jueves con las declaraciones como testigos de Aznar, Rajoy, otros exdirigentes de su partido como María Dolores de Cospedal o Francisco Álvarez Cascos, y cargos aún en activo en el PP como los senadores Pío García Escudero y Javier Arenas. Todos ellos tendrán que dar explicaciones en calidad de testigos –y, por lo tanto, con la obligación de decir la verdad– sobre una financiación irregular ya acreditada en sentencia firme pero de la que previsiblemente dirán que son absolutos desconocedores.

Buscando desviar la atención mediática de los tribunales que juzgan a su propio partido y el pago en negro de la sede donde todavía se reúnen, y en su afán por escenificar una ruptura con el pasado corrupto, el líder del PP ha decidido contraprogramar el inicio de esas declaraciones reuniendo, también este martes, a la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano de decisión del Partido Popular entre congresos y del que forman parte más de 400 cargos de la formación conservadora. El acto trata de enviar el mensaje de que todos esos dirigentes que comparecerán en el juicio de la caja B ya no tienen asiento en la dirección nacional, aunque en realidad dos de ellos, García Escudero y Arenas, que precisamente declaran este mismo martes, sí forman parte de esa Junta Directiva.

Oficialmente, el objetivo del encuentro es lograr el aval de todos esos dirigentes al proyecto de “reconstrucción del centro derecha” con el que Casado lleva obsesionado más de dos años y medio –desde su llegada a la presidencia del PP–, pero que, según él, comenzó a materializarse la semana pasada con el fracaso de la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos en la Región de Murcia gracias a que tres tránsfugas del partido de Inés Arrimadas y tres diputados expulsados de Vox unieron sus votos a los del PP para salvar el Gobierno de Fernando López Miras, a cambio de puestos en el Ejecutivo autonómico. El acuerdo supuso que, por primera vez, el PP se abriera a que entraran dirigentes de la extrema derecha en uno de sus gobiernos.

El PP, “vacuna al populismo”

Pero esa polémica operación pertrechada desde la dirección de Casado y, más concretamente, por su 'número dos', el secretario general, Teodoro García Egea, unida a la decisión de Isabel Díaz Ayuso de adelantar las elecciones en Madrid en plena pandemia en venganza por la moción presentada por su hasta entonces socio Ciudadanos, en Murcia, han sido cuestionadas abiertamente por dos de los principales barones críticos con la gestión del líder del PP, que además gobiernan en sus respectivas comunidades autónomas: el gallego Alberto Núñez Feijóo y el andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Por eso Casado confía en que la reunión de este martes sirva para convencer a sus dos contrapesos internos de que su estrategia en Murcia y en Madrid –donde Génova 13 ya ha asumido que solo podrá gobernar pactando con Vox– es la correcta para la “unificación del centro derecha” ahora dividido en tres –PP, Vox y Ciudadanos– que no ha conseguido materializar desde julio de 2018 –cuando ganó las primarias– a pesar de sus múltiples intentos y continuos virajes de estrategia.

“Representamos más que nunca la alternativa a un Gobierno nefasto y centrado en sus líos internos. Anteponemos el interés general y representamos a esa España tranquila que necesita respuestas. El PP es la vacuna al populismo y el radicalismo, centrados en pasar página de esta época cuanto antes”, sostiene el equipo de Casado en sus argumentarios internos mientras, a la vez, defiende los contactos con los diputados murcianos de la extrema derecha –expulsados de Vox– para retener el Gobierno de la comunidad.

La pasada semana, Feijóo y Moreno Bonilla ya quisieron desmarcarse de la estrategia seguida por el líder de su partido en Murcia y en Madrid. El presidente andaluz, que gobierna en coalición con Ciudadanos –partido sobre el que la dirección nacional del PP ha centrado sus ataques en las últimas dos semanas por la moción de censura murciana– firmó con su socio un documento en el que se comprometieron a no “favorecer o aceptar ningún trasvase de representantes públicos o electos de un partido a otro del Gobierno”. Es decir, que no admitirán tránsfugas que pasen de Ciudadanos al PP como ha ocurrido en Murcia, ni viceversa.

Enfrentamientos por el control del PP andaluz

Otro de los acuerdos versó sobre el “respeto a la autonomía de los dos partidos que integran el Gobierno Andaluz, con el compromiso de que no se produzca ningún trasvase entre cargos de las formaciones políticas con representación parlamentaria”. Esta cláusula contra el transfuguismo implica que el PP andaluz y el presidente Moreno Bonilla se desmarcan de la estrategia nacional de su partido, que lleva dos semanas realizando un llamamiento a los representantes públicos y electos de Ciudadanos para que abandonen su partido y “vuelvan a la casa del PP”, en una suerte de opa hostil contra el partido de Arrimadas. Como una “vuelta a casa” califica, de hecho, el equipo de Casado en sus argumentarios internos la actitud de los tres tránsfugas de Ciudadanos en Murcia, ahora integrados en el Gobierno de López Miras en contraprestación por haber roto con su partido.

Moreno Bonilla mantiene además un duro enfrentamiento con Casado por el control del PP andaluz que se escenificó este fin de semana en el congreso de la delegación del partido en Sevilla que enfrentó a la candidata de la dirección nacional, Virginia Pérez, que finalmente ganó las primarias con un 61% de los votos, con Juan Ávila, alcalde de Carmona, apoyado por el presidente de la Junta de Andalucía y por pesos pesados como el senador Javier Arenas.

Aunque finalmente sí apoyó la operación de los tránsfugas en Murcia, Feijóo también se desmarcó de la línea oficial de su partido que, una vez presentada la moción contra López Miras, atacó duramente a Ciudadanos y dio por rota su relación al menos a nivel nacional –ambos partidos siguen gobernando en coalición en Andalucía y Castilla y León– lanzando además esa opa hostil para quedarse con los restos de la formación que se dice “liberal”, tratando de que pasaran al PP los dirigentes descontentos con Arrimadas.

El presidente gallego, al que se considera el principal contrapeso interno de Casado por tener un perfil más moderado, abogó en cambio por un tono de acercamiento hacia Ciudadanos –aunque siempre presume de haber logrado que la formación de Arrimadas no tenga representación en Galicia–, a quienes solicitó que retiraran la moción de censura en Murcia y pidió “reconstruir la confianza destruida”. Además, Feijóo también se resistió a respaldar la decisión de Díaz Ayuso –con la que mantiene profundas discrepancias sobre la gestión de la pandemia– de adelantar las elecciones en Madrid como respuesta a la moción de censura registrada en Murcia.

El frente económico

Otro frente abierto entre la dirección de Casado y los barones es el económico. Ahogado por la merma de ingresos causada por las sucesivas derrotas electorales desde que llegó a la presidencia del partido, en el Comité Ejecutivo del pasado 16 de febrero el líder del PP exigió a los líderes territoriales una mayor aportación a la caja común de la formación conservadora que, según sus últimas cuentas publicadas, correspondientes a 2019, adeuda a los bancos más de 38 millones de euros.

Casado necesita que la Junta Directiva –el órgano que se reúne este martes– apruebe además una de las operaciones con las que podría saldar parte de esa deuda: el cambio de sede y la venta del edificio de Génova 13 valorado por portales como Idealista en 36 millones de euros, casi la totalidad de la deuda contraida. Sin embargo, fuentes oficiales de la dirección nacional del PP han explicado a elDiario.es que el cambio de sede no se ha incorporado al orden del día de la reunión de este martes, por lo que deberá ser una nueva Junta Directiva que se reunirá en los próximos meses la que avale finalmente esa polémica mudanza que también fue criticada por los barones.