De la Comisión de Venecia a la amnistía en unos pocos cómodos pasos

No hay nada mejor que declarar la victoria y poner fin a las hostilidades asegurando a todos que ya no tiene sentido continuar combatiendo. ¿Para qué seguir sufriendo si ya hemos ganado? Imagina si han vencido todos al mismo tiempo. Resulta además muy efectivo recurrir a una declaración de algún organismo independiente si puedes interpretarla en favor de tus intereses. Gobierno y oposición lo han hecho con el informe preliminar de la Comisión de Venecia a cuenta del proyecto de ley de amnistía. La reacción común ha sido sostener que es magnífico porque les da la razón. A los dos. Y no hay más que hablar.

El acuerdo del PSOE y Junts tuvo el jueves la primera pista de aterrizaje. Se aprobó el dictamen en la Comisión de Justicia incluyendo las últimas enmiendas pactadas. La próxima semana, irá al pleno del Congreso. Ya no habrá sorpresas de Junts ni pondrán caras raras cuando les ofrezcan un texto pensado para recibir su apoyo. No mirarán con desprecio ni dirán: no sé cómo se atreve a ofrecerme esta birria de acuerdo. Muy al contrario, era el día en que el grupo parlamentario de Junts estaba... contento. No ha ocurrido muchas veces en el Congreso.

Cómo estaban de satisfechos que su portavoz, Josep Maria Cervera, se mostró encantado con que se hubiera podido “ajustar criterios” con la Comisión de Venecia al concluir el acuerdo. Es decir, con lo que hasta ahora pensaban que era una de las maniobras del Partido Popular con la intención de impedir la amnistía. Lo mismo que había comentado a primera hora el ministro Félix Bolaños para el que también ese informe le permite ser rotundo en el análisis: “La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía”.

Esa Comisión es un órgano consultivo del Consejo de Europa –no confundir con la UE– integrado por expertos en Derecho constitucional. Su labor es ofrecer asesoramiento jurídico a sus 61 Estados miembros. ¿Qué es lo más interesante de su funcionamiento para gobiernos y partidos europeos? Que sus opiniones jurídicas sobre proyectos legislativos no son vinculantes. Eso es un chollo. Su función es asesorar y sus informes son con frecuencia una lista no pequeña de recomendaciones, en algunos casos muy genéricas, que al final cada uno interpreta como quiere. No es un tribunal ni emite sentencias, aunque sus opiniones a veces no son nada ambiguas. No fue el caso con la amnistía.

Siempre fue un misterio por qué el PP puso tanta confianza en su intervención. Otro tropezón previsible fue cuando dio por hecho que la Comisión Europea cortaría la entrega de fondos europeos a España por la maldad evidente de Pedro Sánchez (aquí también ocurrió que se creyeron unos cuantos artículos de la prensa amiga de los que su valor principal eran las incursiones en el mundo de la fantasía). La Comisión de Venecia iba a meter en cintura a esos sanchistas que habían acabado con la democracia en España. Un mecanismo mental similar al de pensar que los jueces europeos iban a competir entre ellos para ver quién enviaba a Puigdemont a Madrid y que fuera condenado a treinta años de cárcel.

Eso no quiere decir que el PP no pudiera ordeñar a su gusto el informe preliminar o borrador. Estaba escrito para que ellos también pudieran aprovecharlo. Cuca Gamarra dijo el jueves que el texto afirma que las amnistías sólo deben concederse después de dictaduras y guerras, y que deben hacerse “para cohesionar a la sociedad, no para dividirla”. Ella había quedado tan satisfecha con el texto como Bolaños. No son tontos en la Comisión de Venecia.

Sobre la relación con el fin de dictaduras y guerras, hay algo que se puede comentar en relación a las palabras de la secretaria general del PP. La Comisión da varios ejemplos de amnistías aprobadas después de esos acontecimientos. Bélgica, Brasil y Bosnia son algunos de ellos. Pero son numerosos los casos en que no existe tal relación en absoluto, como pretende Gamarra: Canadá sobre incautación de armas, México en 2020 sobre varios delitos, incluido el aborto, Letonia por ejemplo para hombres de más de 60 años o mujeres de más de 55.

Conviene resaltar el caso de Francia. Allí hubo una amnistía después de la guerra de Argelia, pero también otras para finalizar crisis políticas causadas por “reivindicaciones separatistas”, como sucedió en Nueva Caledonia y Guadalupe, y en Córcega en 1982, cita el informe de la Comisión. Digamos que estos últimos casos son amnistías a la catalana, ese plato que se atraganta al PP.

Los cambios pactados siguen dejando fuera de los delitos amnistiados el terrorismo y traición con la novedad de que se basan en las directivas europeas sobre ese asunto. Como es habitual, la última directiva de 2017 obliga a todos, incluidos los jueces, y apareció publicada en el BOE.

Para dejar sin amnistía el delito de malversación, se exige que se pueda probar el enriquecimiento personal con los fondos públicos utilizados. Junts se conforma con que no haya referencias al Código Penal en la ley.

De repente, el partido de Carles Puigdemont parece más relajado con el riesgo de que algunos jueces apliquen el principio jurídico de 'terrorismo es lo que yo diga que es terrorismo'.

En cualquier caso, “la última prueba la tienen los jueces”, dijo Bolaños. Se sabe que algunos son capaces de mantener hibernados casos durante años y de improviso encontrarles una derivada terrorista que nadie había advertido. Parece que las sospechas de doble rasero no incomodan mucho a algunos magistrados.

Este jueves, decenas de agricultores intentaron asaltar el Parlamento navarro. Entre los asaltantes estaba un alcalde de UPN. Si bien hubo momentos muy violentos, a nadie se le ocurriría calificar de terroristas a los manifestantes. No es sencillo que un juez pueda defender que un aeropuerto merece una protección legal mayor que un Parlamento, pero cosas más difíciles se han visto en la Audiencia Nacional.

La sesión de la Comisión permitió a los independentistas anunciar que seguirán promoviendo que se celebre un referéndum de autodeterminación. También se ocuparon de la segunda ocupación que más les satisface: sacudirse entre ellos en el modo pasivo-agresivo que les caracteriza.

Cervera, de Junts, presumió de que su voto inicial en contra del proyecto había servido para mejorarlo. De inmediato, se puso sentimental: “Hemos soportado solos durante semanas el coste del no”. Pilar Vallugera, de Esquerra, no ocultó que todo eso le parecía una tontería, porque el texto anterior ya era “inatacable” y que lo único que se ha conseguido con la espera es perder el tiempo durante mes y medio.

Sobre la idea de blindar a Puigdemont con estos cambios, Vallugera comentó sin mencionarlo que antes y ahora la amnistía puede verse interrumpida en los casos de algunas personas con un recurso ante el Tribunal Constitucional o, más probablemente, si el Tribunal Supremo eleva una consulta al Tribunal de Justicia de la UE. Esto último son dos años más mínimo, así que alguien va a tener que arriesgarse.

Los socialistas están tan entusiasmados con lo bien que está la situación de Catalunya que es raro que no se vayan todos a vivir allí. Por lo menos, creen que nadie puede dudar de que hay menor confrontación en la calle y unas relaciones más civilizadas entre partidos. Todo eso gracias a unos socios indepes que hace tiempo que dejaron de ser aliados y un Govern en minoría que casi no gobierna y al que sólo unos presupuestos pueden conceder el valor político que necesita para justificar su existencia. Lo mismo algún día despiertan y se reanuda la unidad de acción de ERC y Junts. De momento, se tienen que conformar con la amnistía, que es eso que hace unos pocos años les parecía que era como ganar una Champions.