Las comunidades con elecciones marcan perfil ideológico en el último acelerón legislativo antes del 28M

Los principales partidos de las 11 comunidades que celebran elecciones autonómicas el próximo 28 de mayo han exprimido hasta el último minuto las mayorías con las que contaban en cada uno de sus parlamentos. Antes de las disoluciones de las cámaras, que tuvieron lugar el pasado marzo, los grupos aceleraron sus particulares agendas legislativas para consumar los compromisos adquiridos con su electorado, pero también para marcar un perfil ideológico claro y preparar el terreno para la larga precampaña.

Conscientes de que las leyes y normas aprobadas serán sus cartas de presentación ante el electorado, fuerzas de izquierda y derecha realizaron un último esfuerzo para tratar de sacar adelante iniciativas estancadas por las negociaciones entre partidos, dejar resueltos los acuerdos dentro de las coaliciones y cumplir con sus respectivos aliados. En otros casos, las últimas semanas de la legislatura sirvieron a los gobiernos autonómicos para realizar gestos simbólicos de cara a sus votantes, en ocasiones para tratar de fidelizarlos o en busca de nuevos apoyos.

A la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ese plan no le salió como esperaba. El pasado 23 de marzo, en el último pleno antes de la disolución de la Asamblea, la dirigente del PP, que se juega la hegemonía en Madrid, no logró sacar adelante su estrategia para ir en contra del impuesto a las grandes fortunas del Gobierno central, al que presenta como su gran rival electoral. Ayuso planteó un incentivo fiscal para atraer inversión extranjera basada en subvencionar con una deducción del 20% en el IRPF el tramo autonómico, pero no consiguió el apoyo de Vox, por lo que la iniciativa decayó, ya que los populares no contaban en el parlamento regional con mayoría absoluta.

El 'no' de la extrema derecha a la medida que Ayuso vende para atraer inversión extranjera encendió a la presidenta regional, que estalló contra los que fueron sus socios de legislatura. “Está claro que a partir de hoy es bueno que cada uno siga su camino”, le dijo Ayuso a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, con una clara intención electoral: tratar de recuperar los votos del PP fugados a la extrema derecha en los últimos años. “Yo tengo el máximo respeto por su formación política. Siempre defendí su presencia en las instituciones. Pero la deriva que ha tomado su partido no me va a arrastrar con ella. Es muy difícil entenderse con ustedes, prácticamente es imposible, porque no entienden que la vida son matices, son contrastes, distintos puntos de vista”, remarcó la presidenta madrileña.

Con la vista puesta en las urnas, Ayuso y Monasterio escenificaron así una ruptura de las formaciones que están condenadas a entenderse el 29 de mayo –el día después de las elecciones– si la primera no logra mayoría absoluta, algo que las encuestas reflejan.

Leyes sociales en la Comunitat Valenciana

También en clave ideológica, aunque con mejores resultados que en Madrid, la mayoría de izquierdas en el Parlamento valenciano aprobó en las últimas semanas la ley de despoblación, la de viviendas colaborativas y la de participación ciudadana y fomento del asociacionismo, todas ellas impulsadas por el Consell presidido por el socialista Ximo Puig, que gobierna en coalición con Compromís y Unidas Podemos y que aspira a poder reeditar esa alianza. La cámara autonómica ratificó, asimismo, los decretos del Ejecutivo autonómico de emergencia habitacional y contra el acoso inmobiliario, el decreto de la ley de cooperativas –que facilita su acceso a fondos europeos– y el decreto de ayudas al sector audiovisual.

Al margen de los intereses de los socialistas, Les Corts también aprobaron la pasada semana la creación de una comisión de investigación sobre “el presunto cobro de comisiones irregulares” en la Comunitat Valenciana, presentada por el PP, con la pretensión de investigar el papel de excargos socialistas en el caso Azud. Solo el PSPV votó en contra de una comisión que hasta sus socios de Gobierno apoyaron, pero que también tiene un carácter simbólico ya que al disolverse Les Corts la iniciativa ya ha decaído y la comisión no tendrá lugar.

Más simbólica fue la aprobación por parte del Parlamento de La Rioja de la primera ley de salud mental que ve la luz en España. La norma salió adelante a mediados de marzo y garantiza el derecho de las personas a una atención médica digna en la materia. La norma, que tiene como objetivo garantizar el derecho a la protección de la salud mental a través de su promoción, prevención de la enfermedad, asistencia, cuidados y rehabilitación de las personas usuarias de los servicios en el ámbito de la salud mental, establece que durante los próximos cinco años se tenga que alcanzar unas ratios mínimas de 18 psiquiatras y otros tantos psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, frente a la media nacional de 6, y 23 enfermeras especialistas de salud mental.

En Canarias, la ley de cambio climático y la de renta canaria de ciudadanía –aprobadas en diciembre– fueron las dos grandes normas con las que terminó una legislatura marcada por el amplio consenso entre los cuatros partidos que forman el Gobierno y la oposición, que aprobó por unanimidad normas importantes como la ley trans regional. 

En el último trimestre del año, en la Cámara Regional se aprobaron otras leyes como la que garantiza el primer sistema público de cultura o la modificación de la ley del suelo. Las últimas iniciativas aprobadas fueron, asimismo, la ley de políticas de juventud y la de presidencia, que suscitó polémica porque incluye un estatuto para los expresidentes en el que en un principio se recogía que podrían percibir remuneración económica si eran requeridos para actividades propias de su condición, si bien finalmente quedó estipulado que no podrán cobrar por ello.  

El Pleno del Parlamento de Canarias que cerró la legislatura y que tuvo lugar la semana pasada estuvo marcado por las acusaciones de la oposición a cuenta del caso Mediador, que ha salpicado al PSOE canario.

Polémica en la disolución de la asamblea murciana

En Castilla-La Mancha, la última ley aprobada en la legislatura fue la de agricultura familiar y de acceso a la tierra, que tiene especial importancia en la comunidad. La norma, no obstante, llevó aparejada cierta polémica que hizo que fuera una de las pocas que ha salido adelante sólo con los votos a favor del PSOE, el partido en el gobierno. Las otras dos fuerzas políticas representadas en el parlamento autonómico, Ciudadanos y PP, votaron en contra y pidieron su retirada. Las cortes castellano-manchegas también aprobaron la modificación de la ley de montes y la de atención y protección a la infancia y la adolescencia.

La Asamblea Regional de Murcia cerró el pasado 29 de marzo una legislatura convulsa marcada por la fallida moción de censura al Gobierno del PP en marzo de 2021. Frente a la pulsión legislativa de otros territorios, en la comunidad murciana han sido pocas las iniciativas que han conseguido salir adelante en los últimos meses de la legislatura. Una de las que más consenso aunó fue la proposición de ley para regular el reconocimiento de las familias monoparentales, que afecta a 120.000 residentes en región y que fue una iniciativa del grupo socialista.

En el último pleno salió adelante la ley de emergencias y protección civil. Ese mismo día se dio luz verde a una modificación de la ley de mecenazgo que recoge un 40% de bonificaciones para el tramo de impuestos autonómicos, y también a la iniciativa legislativa ante el Congreso de los Diputados de una ley para derogar el Plan Hidrológico del Tajo, que se aprobó con los votos en contra de PSOE y Podemos y que no podrá debatirse antes de las elecciones generales.

En Murcia, la disolución de la Asamblea estuvo rodeada por la polémica después de que diputados de Ciudadanos y Podemos se negaran a recibir unas medallas que había propuesto imponer el presidente tránsfuga de Ciudadanos Alberto Castillo a los 45 diputados y que finalmente se retiró del orden del día.

En una legislatura marcada por la pandemia, que obligó a modificar las prioridades legislativas, el último periodo de sesiones fue también particularmente intenso en el Parlamento aragonés. Hasta el 30 de marzo se aprobaron ocho leyes. Solo en el último pleno, celebrado la semana pasada, se aprobaron cuatro. Concretamente, al proyecto que regula los perros guía, la ley de dinamización del medio rural, la de uso estratégico de la contratación pública, la que modifica la ley de juventud y se tomó en consideración la reforma de la ley del sector eléctrico.

También en clave ideológica, las dos últimas novedades legislativas en Balears fueron en cambio la aprobación de la ley del juego, que prohíbe nuevas licencias pero permite la publicidad de casinos en zonas turísticas, y una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para el bienestar de las generaciones presentes y futuras, la primera vez que una iniciativa de este tipo termina convirtiéndose en ley. La ILP, que fue impulsada por los grupos ecologistas, establece que las decisiones que se tomen en el presente deben evaluar de qué manera pueden condicionar a las futuras generaciones. Los grupos parlamentarios de la izquierda se congratularon en el último pleno de la legislatura de haber aprobado esta norma histórica para el archipiélago.

Extremadura también pisó el acelerador en el primer trimestre del año para aprobar cuatro leyes, algunas de ellas por la vía de urgencia para acortar los plazos a pesar de su importancia. La Asamblea aprobó a finales de febrero la ley de gestión y ciclo urbano del agua, que regula este recurso por primera vez en Extremadura. Tan solo dos semanas después, se aprobó la polémica propuesta del PSOE para la declaración expresa de 55 espacios como Zona de Especial Protección de Aves, con la que se pretende legalizar la urbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas (Cáceres). Al tratarse de una iniciativa legislativa se eliminaron los requisitos previos sobre exposición al público y recopilación de informes y dictámenes.

Vivienda, racismo o memoria

La región también aprobó en marzo su ley de cooperación y solidaridad internacional, que salió adelante por unanimidad, y el 23 de marzo dio luz verde a la modificación de la ley de promoción y acceso a la vivienda, tramitada por la vía de urgencia. Esta ley se aprobó precisamente al final de la anterior legislatura (2019), cuando el PSOE no tenía mayoría absoluta, pero consiguió el apoyo de Podemos a cambio de introducir un impuesto a las viviendas vacías, que ha tardado 4 años en crearse. No obstante, durante su tramitación se ha rebajado el impuesto, por lo que salió adelante solo con el apoyo de los socialistas.

Asturias también vio aprobadas en marzo dos leyes clave para la Junta del Principado: la de calidad ambiental y la de empleo. Son dos leyes impulsadas por el departamento del vicepresidente Juan Cofiño, y fueron ambas aprobadas en el penúltimo pleno de la legislatura. La primera no recabó el apoyo de la izquierda y salió adelante gracias a PP y Ciudadanos. También hubo aprobaciones en la última sesión del parlamento asturiano. Los diputados dejaron para el último día el nuevo reglamento de la cámara. El anterior era del año 1997 y, entre las principales novedades del nuevo, se recoge el derecho a paro de sus señorías.

El Parlamento de Navarra, que ya está disuelto y que celebró el pasado jueves 30 de marzo el último pleno de la legislatura, aprobó precisamente ese mismo día la ley foral de lucha contra el racismo y la xenofobia, uno de los puntos recogidos en el acuerdo de Gobierno que firmaron los cuatro socios del Gobierno de María Chivite (PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra –partido que no ha formado parte del Ejecutivo–) y que fue impulsada por la única consejería de Podemos, la de Justicia y Políticas Migratorias.

A esta norma aprobada en el último pleno se le suman otras tres que vieron la luz en el último mes de actividad parlamentaria, antes de la convocatoria electoral. Se trata de una ley para regular la relación de la Administración con la ciudadanía navarra que reside en el extranjero; la ley foral de mediación y justicia restaurativa; y una norma para regular los canales cortos de comercialización agroalimentaria.

Lejos del acelerón legislativo de otros territorios el Parlamento de Cantabria, que aprobó 37 leyes durante la legislatura, solo consiguió sacar adelante una en 2023. Se trata de la Ley de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo, que se aprobó en el penúltimo Pleno de la legislatura celebrado hace dos semanas.

* Con información de Fátima Caballero, Carlos Navarro, Jennifer Jiménez, Francisca Bravo, Erena Calvo, Angy Galvín, Santiago Manchado, Bárbara A. Peri, Rodrigo Saiz y Laro García.