La concejala de Hacienda de Almeida gestionó la segunda compra de mascarillas que acabó en estafa

Engracia Hidalgo, concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, se dirigió directamente por carta a la empresa Sinclair&Wilde para una compra de medio millón de mascarillas que acabó en una estafa. La delegada de Hacienda de José Luis Martínez-Almeida remitió una misiva en la que trasladaba al presunto estafador que concretar la compra era “cuestión de tiempo”, según consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso elDiario.es.

En los últimos días, el juzgado de instrucción número 30 de Madrid ha decidido reabrir esta investigación, que arrancó el 26 de marzo de 2021 por la denuncia que interpuso en Plaza de Castilla el Ayuntamiento de Madrid de acuerdo a un atestado por estafa elaborado por la Policía Municipal. El caso fue archivado el 19 de julio de ese año al no poder encontrar al empresario Phillip Solomon y fue reabierta hace unos días, en junio de 2022, después de que aparecieran indicios de que reside en Reino Unido.

La documentación del caso revela que uno de los contactos con este empresario fue por escrito y por parte de Engracia Hidalgo, responsable municipal de Hacienda. Una comunicación en inglés dirigida a Phillip Solomon indica que han aceptado el precio y las condiciones de la operación, que “tenemos luz verde para el precio y la cantidad” y que “es cuestión de tiempo, esperamos cerrar este asunto esta tarde”. Cerraba este escrito Hidalgo deseando una “larga y fructífera colaboración” con ellos.

Ese escrito está firmado el 23 de marzo de 2020. Según la documentación de la Funeraria municipal, que canalizó estas contrataciones de emergencia durante la pandemia, el contrato se cerró después, como la emisión de la factura: dos millones y medio de euros por medio millón de mascarillas FFP2. El primer pago por la mitad se hizo 24 horas después, según la transferencia que también ha sido aportada al procedimiento. La otra mitad debía pagarse cuando el material fuera recibido en Madrid.

Según explican desde el Ayuntamiento, esta misiva fue escrita por Hidalgo porque la empresa intermediaria en varias de estas contrataciones, Aifos Consultores, pidió que el consistorio indicase a la empresa proveedora que estaba interesada en la operación. El portavoz oficial incide en que estos contratos se gestionaron a través de la Funeraria municipal y, por tanto, sin intervención de Hidalgo, ni antes ni después de la misiva que este jueves revela este periódico.

La documentación del caso también revela que la personación del consistorio en el proceso partió asimismo de Hidalgo quien, ya en mayo de 2022 y después de que el Ayuntamiento denunciara el caso ante la Policía, pidió la personación como perjudicado tras recibir un informe de la asesoría jurídica municipal que así lo recomendaba. Desde el Ayuntamiento recuerdan que tanto la corporación municipal como la empresa funeraria mostraron su disponibilidad hace tiempo para personarse, pero no era posible por estar archivada.

Phillip Solomon volvió a contactar con el Ayuntamiento de Madrid una semana después de la carta remitida por Engracia Hidalgo, concretamente el primer día de abril de 2020. En un escrito dirigido a la Funeraria de Madrid, el presunto estafador aseguraba que su empresa estaba “comprometida a cumplir, en cualquier circunstancia, el contrato firmado con la Empresa Municipal de Servicios Funerarios para beneficio y seguridad de las poblaciones de Madrid y España”.

La documentación revela que las mascarillas llegaron al pabellón habilitado en la Casa de Campo de Madrid el 23 de abril y que unos días después las alarmas saltaban en el Ayuntamiento. Javier Ruiz, director comercial de la Funeraria, reclamaba al banco la anulación de la transferencia de 1,25 millones hecha a la empresa. El motivo, según este correo: “El incumplimiento del contrato por parte del proveedor beneficiario de dicha orden de transferencia”.

Unos días después, el 4 de mayo de 2020, el director general de Emergencias Enrique López Ventura presentaba una denuncia ante la Policía Municipal. Un documento en el que ya apuntaba a que “si bien hay una apariencia de veracidad, existen indicios para presuponer que no se ajustan a los requisitos técnicos, ni a la normativa española ni a la europea”.

“Te he enviado varios mensajes”

Fue entonces cuando Elena Collado, responsable de compras del Ayuntamiento, empezó a pedir explicaciones sin éxito a un Phillip Solomon desaparecido en combate. El 4 de agosto de 2020 le mandó un correo porque no aparecía el certificado de conformidad de las mascarillas: “De no recibir la documentación adecuada a la mayor urgencia posible, debemos acordar la devolución del contrato y del dinero”, decía. En ese mail ya indicaba que le había enviado “varios mensajes que no has contestado”.

La respuesta, según el Ayuntamiento, nunca llegó y el informe de la Policía Municipal terminó en manos del juzgado 30 de la Plaza de Castilla de Madrid, que abrió una investigación en marzo de 2021 para después archivarla porque nadie encontraba a Phillip Solomon. Aunque lo intentaron.

En noviembre de 2020 un informe de la Policía de Nueva York explicaba que los agentes habían acudido a la supuesta sede de Sinclair&Wilde en Estados Unidos pero que allí no había ningún Phillip. Hablaron con Henry M. Fong, que explicó que a modo de “favor” había permitido que la empresa recibiera el correo en su sede. Entre otras cosas, había recibido distintas cartas de diferentes juzgados, siendo el Tribunal de Distrito Sur de Florida el último que había preguntado por Solomon.

El segundo caso mascarillas

Esta compra de medio millón de mascarillas FFP2 fue la segunda estafa que, supuestamente, se abrió camino esas semanas en el Ayuntamiento de Madrid. Esos días la Funeraria también desembolsó varios millones de euros a la empresa malaya Leno mientras Luis Medina y Alberto Luceño se embolsaban, a sus espaldas, cuantiosas comisiones por las que ahora están siendo investigados. En ese caso también hubo problemas de material defectuoso: los guantes no valían, la mayoría de los test tampoco y ahora el juez quiere saber si las mascarillas tampoco se correspondían con lo solicitado por el Ayuntamiento.

El cruce de ambos sumarios revela, de hecho, que Elena Collado reclamó el mismo día tanto a Phillip Solomon como a Alberto Luceño. El mismo día en que la jefa de ventas reclamaba documentación a Solomon, también hablaba por WhatsApp con Luceño para gestionar la entrega de tiras reactivas para poder usar los test que habían comprado en China.

Este caso terminó en el juzgado 30 de Madrid después de una denuncia de la Policía Municipal de la capital y, después de su reciente reapertura, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido personarse. El sumario revela que el 9 de mayo de 2022 la propia Engracia Hidalgo, concejala de Hacienda, explica que ha recibido un informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento sobre el asunto y solicita que se persone en la causa como perjudicado.