La cuenta opaca de AP empezó a funcionar el mismo año en que entró en vigor la ley de financiación de partidos
Antonio Hernández Mancha ha salido del olvido para responder desde diferentes medios de comunicación a la información desvelada por eldiario.es sobre la existencia de una caja B en su época al frente de Alianza Popular. Hernández Mancha ha repetido hasta la saciedad que entre 1987 y 1988 los partidos no tenían obligación alguna de rendir cuentas ante ningún ente fiscalizador. “Entonces no existía la ley de financiación de partidos”, ha asegurado Hernández Mancha. Es completamente falso.
Tal y como desvela eldiario.es, la formación de Hernández Mancha abrió una cuenta opaca que permaneció operativa desde marzo de 1987 hasta diciembre de 1988. En esa época, el Congreso de los Diputados estaba tramitando la Ley sobre financiación de los partidos políticos, que vería la luz el 3 de julio de 1987. El PP siguió operando con esa cuenta y moviendo cheques al portador incluso después de que la legislación les obligase a ser fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.
A pesar de que la ley ya obligaba a los partidos a normalizar sus finanzas, Hernández Mancha insiste en que no era así. En declaraciones a la SER (y posteriormente en Onda Cero), el veterano político afirma que “no podía haber una contabilidad B porque no había una contabilidad A”. También es falso.
El expolítico del PP ha reaccionado a las informaciones de este medio acusando a eldiario.es de ser “una hoja parroquial que no lee nadie”. También ha asegurado que los partidos en esa época no tenían obligación de llevar una contabilidad, lo cual es falso incluso antes de que entrase en vigor la ley de financiación.
En 1976, la Ley sobre el Derecho de Asociación Política regulaba la obligación de los partidos de llevar un libro de ingresos y gastos en el que tenían que especificar quién realizaba las aportaciones para financiarles. Esa ley quedó derogada por la Ley de Partidos Políticos (1978), lo que abrió un periodo sin demasiadas reglas en cuanto a la gestión económica que se acaba en 1985.
En ese año, el Congreso regula la fiscalización de los gastos electorales de los partidos políticos. Cualquier gasto de una formación política dedicado a mítines y campañas debía ser analizado por el Tribunal de Cuentas.
Es en 1987, justo unos meses después de que el PP abriese su cuenta opaca, cuando se redacta la primera ley que expresamente regula la financiación de las formaciones políticas. Estuvo en vigor hasta el año 2007, cuando fue reformada. Pese a saber que esa ley estaba al caer, Alianza Popular decidió ir al Banco de Fomento y abrir una cuenta 'black' con la que siguió operando con posterioridad a la entrada en vigor de las nuevas normas.
Los papeles de Naseiro son claros en este punto: “Movimiento de la cuenta corriente que no aparece reflejada en nuestra contabilidad”. Era marzo de 1987. En los despachos de Génova se estaba inventando la Caja B, una herramienta innecesaria hasta la fecha.
