El Defensor del Pueblo denuncia un “déficit crónico de financiación” de la sanidad pública y exige “más personal”

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha denunciado este jueves en el Congreso de los Diputados que durante 2020 la pandemia “llevó al límite a servicios públicos de sanidad”, con un “sistema nacional de salud que vivió su peor crisis” de la historia y que “se vio superada” por la emergencia sanitaria. No obstante, Fernández Marugán ha advertido que la sanidad pública española ya “evidenciaba algunas carencias y debilidades” desde antes de la irrupción de la COVID-19, que se pusieron “en relieve” con el virus.

En la presentación de su informe anual de 2020 ante el Pleno de la Cámara Baja, el defensor ha denunciado que los pacientes con afecciones distintas al coronavirus “se han visto relegados” y “miles de intervenciones quirúrgicas se han visto retrasadas” por lo que hoy existe “un problema de listas de espera muy largas y profundas”. En ese ámbito, Fernández Marugán ha exigido a las administraciones “planes de refuerzo en las especialidades más afectadas”.

Pero el defensor ha ido más allá y ha denunciado las situación de “profunda fragilidad” de las urgencias sanitarias y de la atención primaria. Fernández Marugán ha exigido por ello “más personal y más equipos, fidelizar a los profesionales de la salud pública, más empleo fijo de calidad” así como “remunerar” a estos profesionales “con arreglo a su profesionalidad y formación continuada”. 

“La situación de la atención primaria no puede demorarse más”, ha advertido el defensor, que ha reclamado “planes de refuerzo para los centros, profesionales y medios técnicos adecuados”. “Nos encontramos con que las mayores partidas de los presupuestos de las comunidades autónomas corresponden a sanidad, pero existe un déficit crónico de financiación en atención primaria, salud pública y salud mental”, ha recalcado. 

Fernández Marugán también ha hecho especial hincapié en la situación de los jóvenes españoles. Ha denunciado que en el caso de este ámbito de la población no se cumplen los derechos constitucionales de acceso a un trabajo o a una vivienda. “La actual generación de jóvenes tiene un horizonte de empleos escasos, de poco nivel y con mucha temporalidad” ha lamentado, antes de insistir en que “el sistema educativo” está “poco adaptado a las necesidades del mercado de trabajo”. 

La “profunda xenofobia” que sufren los migrantes africanos

En cuanto a las dificultades de acceso a la vivienda, el defensor ha asegurado que en los distintos territorios “deben dotarse viviendas públicas en alquiler enfocándolas a jóvenes y personas vulnerables con menos recursos”. “Si los jóvenes no pueden acceder a empleos dignos y acceder a vivienda resulta difícil que se planteen tener hijos. Necesitan un marco económico y social adecuado”, ha remarcado.

El defensor también ha denunciado que “los inmigrantes africanos siguen siendo víctimas de una profunda xenofobia”, por lo que ha reclamado “cambios del enfoque en los fenómenos migratorios”. “Resulta urgente conjunto de políticas que eviten tener que adoptar medidas improvisadas”, ha añadido, ante las “disfunciones del sistema actual de acogida de los inmigrantes en España”.

“Necesitamos inmigrantes, que la UE los acoja, pero no queremos que para venir aquí tengan que jugarse la vida”, ha advertido. Por ello, ha pedido a España “liderar una política migratoria ordenada”.

“Niveles de precariedad insoportables” en el empleo público

Fernández Marugán también ha lamentado que en 2020, como consecuencia de la pandemia, “hubo más pobreza” en España y que el porcentaje de familias con carencia material severa alcanzó el 7% frente al 4,5% de un año antes. Son, a su juicio, “datos amargos”, por lo que él considera que “resulta bastante evidente que la política de los gobiernos tenía que llevar a poner en marcha fuertes y persistentes medidas de apoyo social”.  “Las familias tuvieron que reducir su bienestar truncando su proceso de recuperación”, ha remachado.

Al inicio de su intervención, el defensor ha recordado que la pandemia obligó a las administraciones a “contratar con urgencia a personal en sanidad, educación y servicios públicos esenciales”. Pero ha destacado que pese a que “nunca hubo tanto trabajador público como ahora”, la realidad es que la temporalidad y la precariedad aumentaron considerablemente. Es más, Fernández Marugán ha hablado de “niveles de temporalidad y precariedad” del empleo público “difícilmente soportables”.