El uso de fondos reservados para espiar a Bárcenas abre una grieta entre policías y políticos implicados

La disputa judicial por elevar la responsabilidad del espionaje “parapolicial” a Luis Bárcenas hacia la cúpula del Ministerio del Interior o rebajarla a una trama exclusiva de la Policía se libra en el capítulo de los fondos reservados. El dinero salió del presupuesto del Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz, pero los únicos documentos que acreditan los pagos al chófer infiltrado se han encontrado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. Ni rastro de partidas para la Operación Kitchen o cualquier otro nombre que se le diera a esta operación en el archivo de Interior. 

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos compareció como testigo este lunes después de que uno de los interesados en rebajar la gravedad de Kitchen, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, lo mencionara durante su declaración. En el momento del operativo, Pérez de los Cobos era el director de Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad y se encargaba, según explicó al juez, de realizar un “control contable” de las partidas que cada mes salían de Interior con dirección a las direcciones operativas de la Policía y la Guardia Civil. 

Se trataba, explicó, de confirmar que la suma de los gastos en operaciones se correspondía “hasta el último céntimo” con el total justificado a través de la firma de los directores adjuntos operativos y los responsables de las comisarías generales de Policía y jefaturas de Guardia Civil. Cualquier otra comprobación adicional estaba supeditada a que no hubiera concordancia en las cifras, algo que no ocurrió durante los siete años que estuvo en el cargo. El “control efectivo” de para qué se utilizan los gastos reservados “está reservado a los responsables de las unidades”, añadió el coronel este lunes ante el juez. 

Y por encima de esas unidades se encuentra la Dirección Adjunta Operativa de cada Cuerpo. En el caso de la Operación Kitchen, la DAO de la Policía y, por tanto, su responsable, el comisario Eugenio Pino. “En la Secretaría de Estado se conocían los datos que el DAO de cada Cuerpo acreditaba con su firma, que se estaba gastando ese dinero de fondos reservados en esas operaciones que ellos habían denominado de la forma que quisieran”, declaró Pérez de los Cobos en otro momento de la declaración en la Audiencia Nacional. 

Pérez de los Cobos aludió repetidamente a la “orden comunicada” sobre el uso de fondos reservados, la instrucción que concreta la Ley de Gastos Reservados que se aprobó en 1995, como respuesta del poder Legislativo a las revelaciones de la investigación de los GAL. Esa “orden comunicada” establece que en el justificante que entrega cada Cuerpo en Interior aparezca un apartado para operaciones y dentro de éste, el dinero destinado a colaboradores de las Fuerzas de Seguridad. 

Sin embargo, en Interior no ha aparecido ninguna ficha sobre la Operación Kitchen u otra que se pueda identificar con el espionaje al tesorero del PP en un momento en que la cúpula del PP estaba atemorizada por las pruebas que sobre las cuentas del partido pudiera aportar Luis Bárcenas. Por otra parte, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía del Gobierno actual entregó al juez del caso 121 apuntes sobre pagos al chófer y gastos relacionados con su colaboración que encontró en sus archivos. Para su remisión a la Audiencia Nacional, el instructor tuvo que solicitar previamente al Consejo de Ministros que retirara a esos documentos la clasificación de secretos. 

Las declaraciones de los “cajeros” de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía revelaron un sistema de uso de los fondos reservados como “una cosa mecánica, de buena fe”, según dijo uno de ellos, el facultativo Miguel Ángel Bayo. “En la DAO es muy sencillo, igual que en la Secretaría de Estado solo hay una carpetita donde no se ve nada, solo unos apuntes contables, que pone solo información de operaciones, pero como muy genérico y yo no miraba nada. Si hay una auditoría cada uno responde, si se la hacen a [la Comisaría General de] Información… Es como muy genérico, está muy desarrraigado. Solo respondes que si a este le das 40 y te da el recibo de que se ha llevado”, aseguró el facultativo en consonancia con el sistema de control aplicado en el Ministerio y que describió Pérez de los Cobos.

El chófer, un colaborador nada “ocasional”

Dos años después de que se abriese la investigación sigue siendo una incógnita cómo justificó la Policía ante Interior el pago con fondos reservados al chófer de la familia Bárcenas: si camufló los gastos en otra operación o los incluyó en un apartado distinto, el de pagos a informadores puntuales que no pertenecen a un operativo concreto. 

En un momento de su interrogatorio, el fiscal Miguel Serrano preguntó a Pérez de los Cobos si es posible ubicar al chófer Sergio Pérez Esgueva en el capítulo de colaboradores ocasionales. Según fuente presentes en la declaración, el coronel respondió: “Yo creo que eso no está clasificado en la normativa. Creo que debería ser más lógico que lo respondieran los responsables de las unidades, pero si me pide opinión, en un periodo tan prolongado, no es un colaborador ocasional. Dieciocho meses se aleja de lo ocasional”.

Igualmente queda por aclarar si el abono de los fondos reservados se hizo de forma irregular pero de acuerdo con los responsables del Ministerio del Interior que, según las pesquisas, conocían el operativo: Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez. 

El ex número dos de Interior explicó ante el juez el funcionamiento de los fondos reservados de acuerdo a la Ley y a la instrucción que lo regula y concluyó que era imposible que él conociera que se habían librado partidas para la Kitchen porque Pérez de los Cobos solo le trasladaba el montante total de lo asignado a cada Cuerpo. Añadió que solo intervino una vez porque la Guardia Civil había excedido esa suma total y pidió al jefe de Información que rebajara los gastos. Fernández Díaz fue más lejos a la hora de autoexculparse: recordó que los fondos reservados son competencia por ley del secretario de Estado de Seguridad y añadió que, hasta donde él sabe, el espionaje a Bárcenas ni siquiera se produjo. 

El antiguo número dos de Interior, a diferencia de lo que expresaba en mensajes y textos hallados en su móvil, eximió de cualquier vinculación con el operativo “legal” a Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y al CNI, que dependía de Soraya Sáenz de Santamaría. El juez del caso, Manuel García-Castellón, calificó en un auto de “minuciosa” la explicación que ofreció el imputado Francisco Martínez sobre el uso de los fondos reservados. Este lunes, al término de la declaración, el magistrado García-Castellón dijo al coronel Pérez de los Cobos: “Muchas gracias por su claridad, propia de su honestidad y profesionalidad”.