Las exigencias de la ONU que el Gobierno de España sigue sin atender
El conflicto en Catalunya ha llegado hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El martes, el Comité de Derechos Humanos del organismo internacional admitía a trámite una denuncia formulada por el expresident catalán Carles Puigdemont por la supuesta vulneración de sus derechos políticos. Y la semana pasada, tras la demanda de la defensa del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez, el mismo comité instaba a España a “tomar todas las medidas necesarias para garantizar que Jordi Sànchez pueda ejercer sus derechos políticos”, ante su posible candidatura a la Presidencia de la Generalitat mientras el Tribunal Supremo mantiene abierta una causa contra él por rebelión.
En plena crisis catalana, el texto escoció en Moncloa, que se apresuró a señalar que el Gobierno “no puede, en modo alguno, interferir en las resoluciones judiciales dictadas, por respeto al Estado de Derecho y al principio de separación de poderes”.
La formulada sobre Sànchez es solo la última de un amplio listado de peticiones realizadas por la ONU a España y que, en muchos casos, siguen sin ser atendidas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Por ejemplo, ha sido una constante en los últimos 15 años la exigencia a España para que investigue las desapariciones forzosas que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
En un informe hecho público en septiembre, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas observaba “con preocupación la permanencia de un patrón de impunidad” respecto a los crímenes del franquismo, “contrario a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España”. Es más, el texto lamentaba las “constantes obstrucciones al procedimiento judicial excepcional llevado a cabo por la justicia argentina” sobre esas vulneraciones de los derechos humanos que tuvieron lugar durante más de 40 años.
El Gobierno ha ignorado estas peticiones para investigar judicialmente al franquismo en los últimos tres lustros, a pesar de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, en 2007. Es más, tanto el PP como el PSOE y Ciudadanos evitaban la semana pasada dar cumplimiento a las exigencias de la ONU al rechazar la toma en consideración de una proposición de ley planteada por Unidos Podemos, ERC y PNV, entre otros, que contemplaba la reforma de la Ley de Amnistía para poder investigar y, en su caso, juzgar los crímenes de la dictadura.
Violencia machista y desahucios
Una de las reprimendas más recientes la recibía el Ejecutivo el pasado noviembre, cuando el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) le recordaba que seguía sin aplicar del todo las medidas que le exigió en 2015, en el examen que hizo al país al respecto. Se refería a que el Gobierno no había realizado al 100% la revisión de la legislación sobre violencia de género que le había solicitado, en concreto, para su ampliación a otras formas de violencia más allá del ámbito de la pareja o expareja. Tampoco había recopilado correctamente todos los datos estadísticos sobre la discriminación de la mujer, ni había completado la formación obligatoria de los operadores jurídicos y la adopción de una perspectiva de género al elaborar programas de asistencia para mujeres y niñas solicitantes de asilo.
En julio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCER, por sus siglas en inglés) también de la ONU condenaba a España al considerar que el desahucio de una familia en Madrid en 2013 “constituyó una violación de su derecho a la vivienda adecuada” por no garantizarle una alternativa habitacional. Se trataba del caso de Mohamed Ben Djazia. que fue desahuciado por impago de alquiler y pasó varios días durmiendo en un coche junto a su mujer y sus hijos.
El citado comité obligaba al Estado a presentar, en un plazo de seis meses, una respuesta por escrito que incluyera información sobre las medidas que hubiera tomado en función de las recomendaciones del organismo, que incluían proporcionar una “vivienda pública” a la familia o garantizar que vivieran “en una vivienda adecuada”.
Esa contestación llegaba en febrero, pero fue tachada de “insuficiente” tanto por Amnistía Internacional como por la Federación Europea de Asociaciones Nacionales que trabajan con Personas sin hogar (FEANTSA) o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entre otras organizaciones, que consideraron que el Gobierno “no incluye, en el escrito enviado al comité, cómo va a establecer garantías de no repetición y cómo va a prevenir violaciones de este tipo en el futuro”.
Advertencia sobre niños en corridas de toros
Otro organismo de la ONU, el Comité sobre los Derechos del Niño, instaba el mes pasado a España a prohibir la asistencia de menores a corridas de toros. “A fin de prevenir los efectos dañinos de la tauromaquia en niños, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y espectadores en corridas de toros”, apuntaba.
Siempre según la citada organización, el Gobierno español argumentó que la tauromaquia y su regulación depende de las comunidades autónomas si bien también está regulada a nivel estatal en el reglamento de espectáculos “con todas las garantías jurídicas”. En todo caso, tampoco ha atendido a esta petición de la ONU ya que, por el momento, no ha prohibido el acceso de los niños a las corridas.
Otro tirón de orejas de las Naciones Unidas a España ha llegado en varias ocasiones por parte del Comité contra la Tortura que ha criticado el régimen de incomunicación de los detenidos por terrorismo, una práctica que sigue realizándose a pesar de esas advertencias. También se mantienen las llamadas “devoluciones en caliente” de personas que intentan llegar al país en busca de una vida mejor. El año pasado, desde la ONU se instó a España “a no realizar devoluciones sumarias sin una evaluación previa e individualizada sobre el riesgo de tortura al retornar a su país de origen”.
Y es que estas expulsiones van en contra de los diferentes acuerdos internacionales de los que el país forma parte, que protegen el derecho al asilo y prohíben las expulsiones colectivas como las que suelen producirse, por ejemplo, en las fronteras de Ceuta y Melilla. Naciones Unidas también ha llamado la atención a España por el trato que da a los menores inmigrantes.
Asimismo, el Comité de Derechos Humanos también ha pedido a España que aporte información para explicar por qué no ha concedido licencias de televisión y de radio a medios comunitarios, después de que la Red de Medios Comunitarios (ReMC) y la Ràdio Televisió Cardedeu (Barcelona) denunciaran en julio al Estado ante este organismo internacional por no incluir a estos servicios de comunicación sin ánimo de lucro en el reparto de frecuencias. El pasado lunes 5 de marzo el comité respondió a estos colectivos informándoles de que ya han solicitado al Estado información sobre “el fondo” de la comunicación y “la cuestión de admisibilidad”, una información que, por el momento, sigue sin llegar por parte del Ejecutivo.
