Las fundaciones escapan a los controles exigidos a los partidos
La reforma de la ley de Financiación de partidos políticos reforma de la ley de Financiación de partidos políticosque se aprobó en 2012 sigue permitiendo que las fundaciones reciban donaciones de empresas concesionarias de contratos públicos. Además, los límites de las cuantías son más laxas: 100.000 euros para los partidos y se elimina el de las fundaciones (que previamente era de 150.000 euros), según Cuentas Claras. A ello habría que añadir las entregas monetarias o patrimoniales para financiar proyectos concretos, las cuales no tienen consideración de donaciones.
“Históricamente han sido un instrumento para conseguir fondos para los partidos, dificultando el conocimiento por parte de la ciudadanía de las verdaderas cuentas”, lamenta Manuel Villoria, miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional. En la misma línea se pronuncia el abogado Carlos Sánchez Almeida: “Tienen unas características que les permiten ser vías alternativas de financiación”. Ello podría explicar que, según el último informe del Tribunal de Cuentas, la cuantía de las donaciones privadas a las fundaciones supere a la de los propios partidos. En 2008 las formaciones políticas percibieron un total de 6.140.235 euros. La cantidad asciende a 9.123.283 euros en el caso de las fundaciones.
Los últimos Presupuestos Generales prevén 900.000 euros para las fundaciones para financiar proyectos concretos. Una cantidad idéntica a la de 2012 y que se deriva de los fondos a cooperación y desarrollo. Además, Eva Belmonte, de la fundación ciudadana CIVIO, señala que las fundaciones reciben otros 2 millones de euros por el mero hecho de existir, derivados del presupuesto de cultura. La utilidad pública como “think-thank” justifica a juicio de Villoria la percepción de fondos pero sólo si se hace “con la máxima transparencia y control”.
En este sentido, Eva Belmonte opina que debería exigirse “un desglose completo y detallado de las donaciones recibidas y de las partidas de gasto. Por ejemplo, nadie sabe en qué gastan las fundaciones el dinero percibido de los fondos de cooperación”. La recién aprobada Ley de Transparencia venía a subsanar las carencias institucionales. Sin embargo, a juicio de Belmonte “tal y como está redactada contribuye muy poco. Existen numerosas excepciones a las peticiones de información, que no se incluye como derecho fundamental”.
En el último año se han conocido diversos escándalos en las fundaciones vinculadas a partidos mayoritarios. Grandes constructoras adjudicatarias de obras públicas, y citadas en los Papeles de Bárcenas, donaron miles de euros a fundaciones afines al Partido Popular. El PSOE y la Fundación Ideas se vieron el año pasado salpicados por el caso “Amy Martin”. Bajo dicho pseudónimo, la mujer del exdirector Carlos Mulas cobró ingentes cantidades de dinero por puntuales colaboraciones.
La necesidad de una legislación más exigente
Las cuentas de las fundaciones, así como la procedencia de las donaciones, fueron hasta 2007 las grandes desconocidas por los organismos reguladores. A partir de ese año el Tribunal de Cuentas empezó a fiscalizar su actividad económica. Sin embargo, para Villoria no es garantía suficiente: “El tribunal no tiene mecanismos para investigar posibles irregularidades ni para sancionar. Sólo dispone de los datos que los partidos quieren proporcionar”. Carlos Sánchez Almeida critica la politización de un “órgano deslegitimado que se ha convertido en un cementerio de elefantes de PP y PSOE”. El abogado también apuesta por reforzar las responsabilidades penales en los casos de corrupción.
Lo cierto es que el último informe, de 2008, señala diversos incumplimientos. Societat i Progrés de la Comunitat Valenciana, dependiente de los socialistas valencianos, no aportó documentación alguna. Otras como Canarias 7 Islas, Horacio Fernández Iguanzo y Zabaldiak no presentaron sus respectivas cuentas anuales. En otros casos, las fundaciones carecían de cuentas bancarias específicas para donaciones, tal y como exige la legislación.
El propio Tribunal de Cuentas señala algunas de las trabas a las que se tiene que enfrentar a la hora de fiscalizar y controlar la actividad de las fundaciones. En el capítulo de recomendaciones del informe expresa que la legislación “no precisa los requisitos para establecer la vinculación orgánica con los partidos políticos” y pide que se incluyan en el Registro de Partidos Políticos. También critica que las fundaciones no se sometan a lo expuesto en el capítulo IV de la Ley de Financiación de Partidos, que recoge las obligaciones contables y los mecanismos de rendición de cuentas. Una situación que se da tanto en la ley de 2007 como en la reforma del pasado año.
La supervisión del tribunal no se realiza sobre la actividad de las fundaciones. Únicamente se centra en las donaciones percibidas, algo que, según el informe, “podría menoscabar la eficacia del control sobre la actividad ordinaria y electoral de las formaciones a las que se encuentran vinculadas”. Además, la connivencia de intereses entre el sector empresarial y el poder político debería impedir, a juicio del tribunal, que las fundaciones perciban fondos de empresas adjudicatarias de contratos públicos.
Opacidad en la web
La reforma de la Ley 5/2012 de Financiación de Partidos aporta algunas novedades en lo que respecta a la fundaciones. Éstas, una vez emitido el informe del Tribunal de Cuentas, deben “realizar una auditoría de sus cuentas anuales”, así como “hacer públicas, preferentemente a través de su página web, el balance y la cuenta de resultados de forma que esta información sea de gratuito y fácil acceso para los ciudadanos”.
A este respecto el informe “Transparencia, el mejor eslogan 2012”, de la Fundación Compromiso y Transparencia, señala la elevada opacidad informativa en las fundaciones. Sólo el 46% de las fundaciones vinculadas a partidos con representación parlamentaria describen las actividades que realizan y que, en teoría, legitiman su existencia. En cuanto a la composición interna, sólo el 30% indica el nombre del director general de la fundación y un exiguo 15% aporta información sobre los miembros del patronato.
“Sin ningún lugar a dudas el área de información económica es la más débil de todas”, concluía en informe en mayo de 2013. Desde entonces, la transposición de las obligaciones presentes en la ley 5/2012 ha motivado que algunas empiecen a publicar sus cuentas anuales. Otras se escudan en la tardanza del Tribunal de Cuentas a la hora de emitir los informes para no dar cuenta de sus finanzas.
La fundación FAES, ligada al Partido Popular, publica anualmente una memoria financiera (la última de 2012) auditada por una entidad independiente. También adjunta un sumario y una descripción de las actividades realizadas. En cuanto del patronato, FAES únicamente aporta un listado de nombres y apellidos, mientras que la sección directorio sí que incluye el currículum y la experiencia de los altos cargos. Lo que no publica la fundación son sus estatutos y documentos fundacionales.
La web de la Fundación Ideas, vinculada al PSOE desde su creación en 2008, recoge un buen compendio de actividades y publicaciones, pero no es tan completo. Respecto al perfil de los miembros del patronato, se incluye un breve resumen de su actividad política, pero no profesional. Las principales trabas a la transparencia son en materia de financiación y documentación interna. Ideas no publica ni sus estatutos ni sus cuentas. Fuentes de la fundación alegan que el último informe del Tribunal de Cuentas es de 2008, cuando Ideas aún no existía.
Europa por los Ciudadanos, una de las fundaciones afines a Izquierda Unida, tampoco aporta información relativa a su contabilidad. Al igual que FAES, esta fundación realiza memorias actualizadas y anuales de sus actividades. En cuanto a la información interna, Europa por los Ciudadanos no indica la composición del patronato ni las reglas que rigen su funcionamiento.
La Fundación Progreso y Democracia, vinculada a UPyD, publicó el mes pasado la memoria económica de los años 2011 y 2012. Sin embargo, dichas cuentas están controladas por la Comisión de Finanzas, elegida por el propio partido. En este sentido, Juan Luis Fabo, responsable de organización, se escuda en la juventud de la formación: “Al principio no nos podíamos permitir contratar y pagar una auditora externa”. En cuanto a sus actividades, la fundación desarrolla un listado de publicaciones y un calendario de eventos y actividades, aunque no especifica los perfiles de los componentes del patronato. Donde Progreso y Democracia destaca es en la publicación de sus estatutos, punto que ninguna de las tres anteriores cumple.
