La Fiscalía pide frenar el uso judicial de grabaciones indiscriminadas como las realizadas por Villarejo
La Fiscalía General del Estado quiere poner freno al uso de grabaciones clandestinas realizadas por particulares como las que el excomisario, José Manuel Villarejo, realizó de manera sistemática durante años. La Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo ha iniciado un debate sobre los límites al uso judicial de ese tipo de registros y propone limitar su aceptación como prueba en un juicio, sometiéndolas a un riguroso examen que aclare si tras esas grabaciones había un fin legítimo.
Una circular del Ministerio Fiscal, a la que ha tenido acceso eldiario.es, advierte de que la admisión como prueba de este tipo de elementos requerirá de “un riguroso juicio de ponderación entre los derechos a la intimidad y la propia imagen y la posible existencia de un fin legítimo”.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal no limita las grabaciones “clandestinas” que un particular haya realizado sobre conversaciones en las que haya formado parte. Según la circular de la Fiscalía, los registros efectuados por particulares no vulneran “nunca” el derecho al secreto de las comunicaciones y solo podrían afectar al derecho a la intimidad “cuando la conversación tuviera un contenido esencial” que afectara a ese ámbito más íntimo.
Las nuevas indicaciones de la Fiscalía aclaran que las grabaciones realizadas por particulares “no afectarán nunca al derecho de defensa”. Se trata de material, que aunque incluya la confesión de delitos, será abordado como un elemento indiciario más y tendrá que ser probado durante la celebración del juicio. “La grabación de una confesión [asegura el escrito] no afectará nunca al derecho de defensa cuando el reconocimiento de los hechos se haya realizado de manera espontánea”. En el documento se especifica que las grabaciones realizadas por particulares no podrán ser “dirigidas ni autorizadas” por parte de la autoridad judicial.
Dicho de otro modo, se considera fuera de la norma el uso de un “confidente” para la obtención de pruebas mediante el uso de dispositivos electrónicos de grabación.
La propuesta redactada por la Fiscalía General del Estado que incluye estas recomendaciones está en fase de borrador y sometida al debate de la Junta de Fiscales de Sala. Finalizadas esas deliberaciones será enviada a todo el organigrama de la Fiscalía como un manual de uso común en todos aquellos procesos en los que el ministerio público tenga que decidir sobre la aceptación de pruebas que en forma de grabaciones hayan sido aportadas por un particular. Un portavoz de la Fiscalía General del Estado ha advertido a esta redacción de que no harán comentarios sobre una propuesta que se encuentra por el momento en fase de borrador.
Según fuentes de la Junta de Fiscales consultadas por eldiario.es, la recomendación persigue “ordenar el uso indiscriminado” que en los últimos tiempos se ha dado en relación con las grabaciones clandestinas. La multitud de horas de registro que personas como el excomisario Villarejo han acumulado a lo largo de los años tendrían ahora más difícil ser usadas como elemento de prueba judicial contra quien aparezca retratado en ellas. De no demostrarse el fin “legítimo” de la grabación, esta perdería su efecto legal, aseguran las mismas fuentes.
Las normas con las que Fiscalía quiere regular esta materia han estado en cuestión en sumarios tan importantes como el del Caso Gürtel. La investigación sobre la financiación del Partido Popular y su relación con la trama que lideraba Francisco Correa empezó con una grabadora oculta. Durante dos años José Luis Peñas, un exconcejal del PP en Majadahonda que colaboraba con la trama y era amigo íntimo de Correa, decidió grabar el día a día de sus tratos con los líderes de la organización. El propio Peñas acabaría condenado a cuatro años de prisión, tras un juicio que se impulsó con las conversaciones captadas por su grabadora.
En las horas y horas de audios, aparecía Francisco Correa presumiendo de haber llevado a casa del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, mil millones de euros, durante una conversación mantenida en un reservado del Open de Tenis de Madrid.
Durante las primeras fases de ese proceso las defensas de los principales acusados se unieron en la estrategia de intentar anular las grabaciones realizadas por Peñas e invalidar el caso. Se utilizaron todo tipo de argumentos como denunciar una ruptura en la cadena de custodia, que los audios habían sido manipulados o que esas 20 horas repletas de incriminaciones vulneraban el derecho a la intimidad de los acusados. El juez Pablo Ruz fue, durante la fase de instrucción, el primero en avalar esos audios. El magistrado aseguró entonces que habían sido registrados y entregados a la justicia “en cumplimiento de la obligación de denunciar delitos”.
En la fase de juicio las defensas volvieron a intentar anular las grabaciones pero tampoco lo consiguieron. Ahora, la Fiscalía quiere aclarar el criterio de cara al futuro para este tipo de registros: lo primero será examinar si tras una grabación clandestina hay, o no, un fin legítimo.
