Sánchez descarta el adelanto electoral tras la semana más dura para el Gobierno

El Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa sus horas más bajas. La semana 'horribilis' de los socialistas aún no ha terminado y solo un acuerdo en el que España logre imponer una relación bilateral con Reino Unido en las relaciones futuras respecto a Gibraltar dará al Ejecutivo algo de oxígeno.

El desacuerdo sobre el Brexit ha empañado el histórico viaje del presidente a Cuba y en política interna las cosas no van mejor: el mayor alejamiento de sus socios se ha producido en los últimos días con un incremento de la presión por parte de Pablo Iglesias, que ha dado por finiquitada la mayoría de la moción de censura y ha retado al presidente a convocar elecciones. Él mismo ha puesto en marcha el proceso de primarias en Podemos para hacer ver que los comicios están a la vuelta de la esquina. 

El 'no' anunciado de los aliados parlamentarios del PSOE a los presupuestos llevó al Gobierno a plantearse la idea de no presentar las cuentas y al presidente a asumir que un fracaso en su aprobación echaría por tierra su voluntad de acabar la legislatura. Sánchez reconoció que el adelanto electoral es una opción más que posible, pero trató otra vez de desviar el foco de la inmediatez de unas hipotéticas generales: “Tenemos una agenda de cambio muy importante que implementar antes de que lleguen esas elecciones”. Sánchez trató de zanjar así el debate sobre la convocatoria. 

Y su mensaje se ha repetido desde Cuba después de que Iglesias haya presidido el Consejo Ciudadano de Podemos para poner en marcha al partido para unas elecciones que, a su juicio, se pueden celebrar “muy pronto”. La formación pone en marcha el proceso para designar las listas completas al Congreso y al Senado ante la posibilidad de que Sánchez pulse de forma inminente el botón nuclear. 

“Respeto los procesos internos, pero se puede tomar su tiempo”, ha sido la reacción de Sánchez en su rueda de prensa en La Habana, en la que no ha querido responder a si esta ha sido su peor semana al frente del Gobierno. “No me voy a meter en los calendarios internos que haga cada partido. Va a haber unos cuantos meses, bastantes meses por delante hasta que se produzca ese hecho”, ha agregado en relación a la convocatoria de las elecciones. 

“El Gobierno está gobernando y va a seguir gobernando aplicando una agenda social”, ha añadido el presidente, que ha asegurado que antes de llamar a los ciudadanos a las urnas aprobará la subida del Salario Mínimo Interprofesional, recuperará el subsidio parados de más de 52 años o pondrá en marcha medidas contenidas en el Pacto de Estado contra la violencia machista: “Las mayorías en el Congreso se encuentran en cada votación”, ha rematado. 

Sin embargo, el “socio preferente” del socialista cree que los comicios son la única salida y discrepa de la intención de Sánchez de gobernar con decretos: “No se puede gobernar por decretos con 84 diputados”, sentenció Iglesias en la reunión de su dirección de este viernes.

Presión interna en distintas direcciones

El horizonte electoral no solo lo señala Podemos sino que el debate sobre la idoneidad de las elecciones está ya instalado en las filas socialistas y en Moncloa admiten que el adelanto es una opción que está sobre la mesa, aunque no se ha tomado una decisión aún y tienen margen para adoptarla. Fue el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, el que sin querer abrió la puerta públicamente al no descartar ninguna fecha para la convocatoria. 

La celebración de las generales el 26 de mayo en un superdomingo en el que coincidan las municipales, autonómicas y europeas es una opción que en el entorno del presidente le han recomendado. Fuentes de Moncloa aseguran que Ábalos es uno de los defensores de esa fecha y que la decisión no está tomada, sino que aún tienen margen hasta finales de enero o principios de febrero para hacerlo. 

Sin embargo, la coincidencia con los comicios municipales y autonómicos genera el rechazo de algunos presidentes autonómicos que no quieren mezclarlos. Emiliano García-Page lo dejó claro en pleno revuelo: “No lo veo, no me parece bien”, afirmó el presidente de Castilla-La Mancha, que planteó que se examine por separado el nivel municipal y autonómico del nacional para que “no se trufen” los debates. 

Convocar las elecciones antes del 26 de mayo genera muchas dudas en Ferraz, donde creen que llegar a esa fecha con el 'melón' de los pactos abierto sería contraproducente, aunque algunas fuentes socialistas consideran que el Gobierno se está desgastando demasiado y que cuanto más se retrasen los comicios, más riesgo tendrá Sánchez de perder apoyos y de que sus enemigos se refuercen. 

El Ejecutivo advierte a los de dentro y a los de fuera del partido de que la decisión la tomará el presidente. En un aviso interno, Ábalos reclamó “respeto” a sus barones: “Igual que nosotros respetamos a quienes tienen esa competencia autonómica para disolver y convocar”, avisó. 

Por el momento la intención de Sánchez es aguantar lo máximo posible, aunque en Moncloa creen que más allá de otoño de 2019 será muy difícil llegar. Uno de los motivos que encuentran es la incoherencia que supondría no presentar los presupuestos o no convocar elecciones ante un fracaso, como Sánchez le exigía a Mariano Rajoy. Sin embargo, oficialmente el Ejecutivo allana el camino para el retraso: “Los presupuestos de 2018 se presentaron en abril; por lo tanto, constitucionalmente podríamos ir a esas fechas e incluso a más”, expresó la portavoz del Consejo de Ministras, Isabel Celaá. 

Los socios que amagan con escupir

El Gobierno insiste en que prosigue con las negociaciones para sacar adelante las cuentas, pero los socios de la moción de censura no solo anticipan el 'no' y sostienen que no han recibido ninguna llamada del Ministerio de Hacienda: las relaciones con Esquerra están más tensas que nunca, como dejó patente el pleno en el Congreso del pasado miércoles. 

“El voto de la moción de censura salió gratis porque es más fácil votar en contra de algo”, coinciden varios parlamentarios socialistas, que sostienen que en una nueva investidura Sánchez también tendría más difícil arrancar el respaldo de Unidos Podemos, PNV y spbre todo de los independentistas que en junio, cuando lo que se votaba era el rechazo a Rajoy, según expresan. 

Los intentos de los socialistas por amarrar la “mayoría absoluta” de la que presume el Gobierno coinciden, además, con el momento de mayor tensión en el Congreso y que se volcó también contra el Ejecutivo personificado en la figura de Josep Borrell este miércoles. “Es usted el ministro más indigno de la democracia española”, le espetó Gabriel Rufián al titular de Exteriores. Una vez expulsado, uno de los diputados de ERC que le acompañaba hizo un gesto que Borrell interpretó como un escupitajo. 

El “espectáculo bochornoso”, en palabras de la portavoz del Gobierno, vivido en el Congreso ha motivado una petición de “reflexión” a los parlamentarios por parte de Sánchez, pero los socialistas han tratado de aplacar la tirantez con ERC al descargar la responsabilidad sobre PP y Ciudadanos: “Están claramente abonando una crispación que no solo es ofensiva para quien la profiere sino que socava las instituciones”, les reprochó Celaá la semana en la que, además, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, acabó siendo reprobada por tercera vez. 

El fiasco para la Justicia

Las cuentas no solo se le han complicado al Gobierno solo en el Parlamento, sino que también Bruselas ha cuestionado los presupuestos al ver “riesgos de incumplimiento” en los objetivos de déficit y deuda pública. El Gobierno hace sus propia lectura del varapalo y se escuda en que la propia Comisión Europea advierte de que una prórroga de los presupuestos de Rajoy conllevaría un mayor déficit del que planean los de Sánchez. Pero esta lectura obvia que Bruselas está pidiendo a España que saque adelante unos presupuestos que, hoy por hoy, son una quimera.

El otro frente que se le ha abierto el Gobierno ha sido la ruptura del acuerdo para la renovación del Poder Judicial por parte del PP. Primero los socialistas tuvieron que hacer frente a las críticas por repartirse de nuevo los puestos con los conservadores –dejando a un lado a su socio preferente, innecesario para la suma en este caso– y después se vieron al lado de un partido que alardeaba en mensajes telefónicos de controlar “desde atrás” la sala del Supremo que juzgará al procés. 

Los mensajes de Ignacio Cosidó en el chat de los senadores del PP en el que trató de aplacar las críticas defendiendo el pacto acabó por dinamitarlo con la renuncia del aspirante a presidir el Consejo General del Poder Judicial, Manuel Marchena. Hasta entonces los socialistas habían permanecido en un incómodo silencio. El PSOE no ha ocultado su desesperación en este caso, aunque no ha dudado en culpar al PP. La ruptura del acuerdo obligó a los socialistas a dejar en la estacada a los juristas que había propuesto para formar parte del CGPJ y evidenció la crisis en la que está sumida la Justicia.

Los primeros cinco meses de Gobierno sustentado por un escuálido apoyo parlamentario, 84 diputados, han evidenciado además que ni siquiera le será fácil agitar algunas de las banderas del cambio que anunció Pedro Sánchez. La exhumación de los restos de Franco que el Ejecutivo quería tener lista antes de septiembre se ha complicado y amenaza incluso con convertirse en un problema mayor si el cuerpo acaba en La Almudena, en pleno centro de Madrid.