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Cosidó lleva al límite la indignación por el reparto político del Poder Judicial

El portavoz del PP en el Senado alude con naturalidad al nombramiento de Marchena para "controlar por detrás" la Sala Segunda del Supremo

La polémica abunda en la desconfiaza en la Justicia y alarga la crisis que se agudizó por la gestión del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas

Adriana Lastra, portavoz socialista en el Congreso, ha dicho que "el principio de independencia es controvertido" con votos particulares  como el de 'la manada'

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El exdirector de la Policía Ignacio Cosidó comparecerá el 6 de junio en la comisión sobre Fernández Díaz

El exdirector de la Policía y portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, es el último responsable de que la crisis de la Justicia se prolongue sin descender un solo escalón de la categoría de escándalo. Un mensaje del político a los 146 miembros de su grupo parlamentario, en el que asume con naturalidad el reparto de poder con el PSOE para el próximo gobierno de los jueces, irrumpió este lunes en la  huelga a la que jueces y fiscales estaban convocados para protestar, entre otras cosas, por la politización a la que está sometido el Poder Judicial.

Los acontecimientos desde que  el Supremo se rectificara a sí mismo y modificara el criterio sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas se han sucedido en una dirección: extender el convencimiento entre los ciudadanos de que la Justicia no es imparcial si no un juguete en manos de los políticos y del poder económico. Después de que elespanol.com publicara el contenido del whatsapp de Cosidó, el portavoz del PP en la Cámara Alta recurría a la excusa de que se habían malinterpretado sus palabras, al tiempo que perdía perdón por el tono “coloquial”.

En realidad, Cosidó no hacía en su mensaje interno más que reconocer lo que los medios de comunicación han traducido del acuerdo entre socialistas y ‘populares’, que se trata de un reparto para que ambos sigan controlando los nombramientos de los principales sillones de la judicatura y venderlo internamente como un éxito. De los cuatro grandes partidos, solo Ciudadanos se ha mantenido al margen y ha denunciado el reparto.  Podemos intentó entrar con el nombramiento de Victoria Rosell por el bloque progresista, sin éxito.

Los 20 vocales pactados por los dos grandes partidos deberán votar al presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo en la segunda reunión que mantengan. Sin embargo, y como ha ocurrido en ocasiones anteriores, el nombre del elegido apareció en los medios antes siquiera de que terminaran de conocerse los nombres de los vocales que votarán. Cosidó intentaba con su whatsapp aplacar las voces internas en su partido que ven el acuerdo como una derrota. Miembro de la Ejecutiva de Pablo Casado, el exdirector de la Policía presume de haber vivido esta "jugada estupenda desde la primera línea".

Tras alabar las cualidades de Marchena, reconociendo implícitamente que su nombre fue propuesto por el PP, Cosidó afirma que el acuerdo se produce, “además, controlando la Sala Segunda desde detrás y presidiendo la sala 61”. ¿A qué se refiere Cosidó? La Sala Segunda es la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, esto es, la que se encarga de las causas contra aforados, entre ellos los políticos de PP y PSOE, y que todavía preside Marchena. 

Siete jueces de esa Sala de lo Penal juzgarán una de las causas más importantes de la democracia, la del referéndum del 1 de octubre en Catalunya. El expresidente Carles Puigdemont ha ironizado en su cuenta de Twitter al referirse a los comentarios de Cosidó como "las típicas cosas que pasan en una democracia ejemplar". Su sucesor, Quim Torra, ha advertido de "otra evidencia de que en el Estado español la justicia es un mercadeo entre el PSOE y el PP y de que el Estado de derecho y las libertades no están garantizadas".

El próximo presidente del CGPJ, del que así habla Cosidó,  tiene como misión recuperar el crédito de la justicia, tan dañado que su predecesor se vio obligado a pedir perdón en plena ‘crisis de las hipotecas’.

Y continúa: “Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS y centenares de nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para el futuro de España”. Aquí, el portavoz parlamentario reconoce abiertamente que su partido quiere poner jueces porque depende de quiénes sean, el partido puede tener en los tribunales una suerte u otra.

Es la misma tesis que desplegó Carlos Rojas, el portavoz del PP en la comisión de nombramientos que examinó a los candidatos a integrar el próximo CGPJ. Cuando llegó el turno de José Ricardo de Prada, Rojas celebró que al menos deje de poner sentencias. De Prada es el magistrado progresista ponente de la sentencia de Gürtel que, a la postre, supuso la caída del Gobierno de Mariano Rajoy.

La última negación de la caja B

Las declaraciones de Rojas y Cosidó insisten en la tesis de los populares que consideran la condena injusta y que siguen negando la existencia de una caja B en su partido durante al menos veinte años, a pesar de que el fallo salió adelante porque un magistrado de corte conservador, Julio de Diego, compartió conclusiones con De Prada, las mismas a las que llegó el moderado Pablo Ruz después de instruir durante más de dos años el caso de los papeles de Bárcenas.

“Lo único que puede sonar mal son los nombramientos de algunos vocales del Psoe, pero el pacto previo suponía no poner vetos a nombres, para no eternizar la renovación que tiene fecha de caducidad el 4 de diciembre. En cualquier caso, sacar a de Prada de la Audiencia Nacional es bueno. Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP”, traslada Cosidó a sus parlamentarios.

En la misma comisión, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, dejó otra frase para la polémica: “El principio de independencia es controvertido si los ciudadanos, y sobre todo las ciudadanas, presenciamos sentencias difíciles de entender en una sociedad democrática o que contradicen valores constitucionales como la igualdad”. Lastra se refería al voto particular de uno de los jueces del tribunal de La Manada. Semejante frase le valió críticas muy duras de Ciudadanos y el PP.

El partido de Albert Rivera pidió este lunes la dimisión de Cosidó, al igual que Podemos, que ha preferido poner el acento en sus responsabilidades en la Operación Kitchen. El PSOE ha guardado silencio tras la publicación del whatsapp de Cosidó, cuya renuncia ya había exigido la semana pasada.

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