El Gobierno busca a su cuarto Fiscal General para una institución con una grave crisis de credibilidad
El repentino fallecimiento del Fiscal General del Estado José Manuel Maza en Argentina ha dejado vacante una institución clave en el peor momento posible: con dos procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional y el Supremo contra los líderes independentistas y con candidatos a unas elecciones autonómicas metidos en la cárcel y pidiendo salir de ella para hacer campaña.
Y todo ello con la Fiscalía sumida en una grave crisis de credibilidad que llevó al Congreso a reprobar al propio Maza la primavera pasada y que hizo dimitir a su hombre en Anticorrupción, Manuel Moix, por ser parte de una sociedad en Panama. Mientras tanto siguen saliendo grabaciones de dirigentes del PP imputados en graves casos de corrupción, como Ignacio González, maniobrando para colocar a sus fiscales favoritos en puestos claves del ministerio público. Y acertando con sus pronósticos.
A corto plazo no habrá vacío en la Fiscalía General. El procedimiento de sustitución está previsto en el artículo 17 del estatuto de la carrera: será el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo “quien sustituya al Fiscal General del Estado en caso de ausencia, imposibilidad o vacante”. Luis Navajas será el sustituto provisional hasta que se cubran los trámites para la designación del próximo Fiscal General.
Los trámites también están reglados. Formalmente lo nombra el Rey pero la propuesta compete al Gobierno que debe escuchar al Consejo General del Poder Judicial, que en estos momentos mantiene una mayoría conservadora. El papel del Congreso de los Diputados es testimonial: se comunica a la comisión de Justicia que no vota sobre el candidato. Según las fuentes consultadas, el procedimiento puede durar un mes.
Y los tiempos son claves porque en ese plazo el Tribunal Supremo va a decidir si asume la investigación de los miembros del Govern encarcelados y los líderes de las entidades independencistas Assemblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, los Jordis, y une ese procedimiento al que ya sigue contra diputados del Parlament, incluida su presidenta, Carme Forcadell. Cualquier recurso que presenten los imputados también deberá contar con el posicionamiento de la Fiscalía en el Supremo y en la Audiencia Nacional.
Así que se trata de un nombramiento clave en un momento muy complicado. Durante su año escaso de mandato, Maza, el magistrado del Supremo que el Gobierno eligió para colocar al frente de los fiscales en su legislatura más delicada, se alineó siempre con las tesis del Ejecutivo. Pero en el último mes, sus declaraciones sobre Catalunya, en las que Maza había ido anticipando en la prensa los delitos que se iban a imputar en las querellas contra los dirigentes independentistas y optó por los delitos más graves, incomodaron al Consejo de Ministros.
El Fiscal General también supo -y lo comentó a su entorno- que la decisión de pedir prisión para Oriol Junqueras y otros siete resto de miembros del Govern que se negaron a declarar en la Audiencia Nacional, no había sentado bien en el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero Maza mantuvo su criterio de que o los dirigentes independentistas renunciaban a la independencia y asumían la Constitución y el artículo 155 o el ministerio público pediría que fuesen a prisión, como finalmente sucedió. Para Maza ese distanciamiento -y el problema político que se abría a Rajoy que veía como los líderes de partidos que ya se habían comprometido a participar en las elecciones acababan en la cárcel- era un síntoma de independencia.
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional Ángel Carballo, que defendió la medida de mandar a la cárcel a los exconsellers de Puigdemont, declaró ayer que con la muerte de Maza se ha perdido al Fiscal General “más independiente” de la historia.
El Gobierno deberá buscar ahora otro perfil en un momento en que la credibilidad de la institución está por los suelos. De la grave crisis que vive el ministerio público da prueba un dato: será el cuarto fiscal general que asume el cargo desde 2011. El primero de ellos, Eduardo Torres Dulce, cayó precisamente por no seguir las tesis del Gobierno tras la consulta independentista del 9-N y su sustituta, Consuelo Madrigal, se fue sin hacer mucho ruido tras no aceptar los nombramientos que el Gobierno propuso como jefe de Anticorrupción, el polémico Manuel Moix, y en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. La muerte de Maza, que no llegó a cumplir un año al frente de la institución, obliga a encontrar a una cuarta persona.
Habrá que ver si el Gobierno persiste en su idea de colocar a un juez al frente de la Fiscalía o si intenta hacer un gesto con la carrera, muy revuelta tras el último año. Aparte de algunas decisiones que tomó por su cuenta en el asunto catalán, la política de nombramientos de Maza sí contentaron al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Hasta el punto de que el propio presidente llegó a elogiar al Fiscal Jefe de Anticorrupción en la tribuna del Congreso, en un gesto absolutamente inusual y cuando las cosas pintaban peor para Manuel Moix, que acabó dimitiendo.
Como consecuencia del escándalo, también fue reprobado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que avaló primero a Maza y después a Moix.
Por si fuera poco, el sumario de la Operación Lezo, que mandó a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, sigue desvelando sonrojantes conversaciones entre el propio González y su amigo el exministro Eduardo Zaplana, en los que ambos hablaban de colocar fiscales amigos en puestos clave para resolver sus problemas judiciales. González y Zaplana que en un momento de las charlas aseguran que siguen consejos del expresidente José María Aznar, sostienen que debe ser Moix y Jesús Alonso, los que vayan a Anticorrupción y a la Audiencia Nacional. Ambos clavaron sus pronósticos. Y Maza sabía de la existencia de las grabaciones porque él mismo fue alertado por miembros de la Unión Progresista de Fiscales días antes de ascender a Moix.
La sucesión de escándalos en el ministerio público propició que todas las asociaciones de fiscales pidiesen el pasado mayo cambiar el procedimiento para designar al Fiscal General y que su nombramiento no dependiese del Gobierno. No ha sucedido y de momento el sucesor de Maza lo elegirá el Gobierno. Será el cuarto Fiscal General de la era Rajoy.
