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Análisis

Los hechos alternativos de la derecha para un año entero de campaña electoral

Banderas de España y carteles contra el Gobierno en una manifestación contra el Gobierno el 10 de septiembre de 2022.

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España se encamina a un año ininterrumpido de campaña: primer semestre para municipales y autonómicas y, tan pronto como se abran las urnas y se cuenten esos votos, el segundo, para las generales. Ninguna novedad para el Partido Popular que lleva en modo electoral desde 2019 tras sufrir dos derrotas consecutivas, hasta el punto de cambiar de candidato a mitad de esta legislatura al ver que Pablo Casado, su primer líder escogido en primarias, no acababa de remontar las encuestas. 

Así que el clima durante 2023 será irrespirable, pero no muy distinto al del año pasado ni a los dos anteriores. El marco lo instauraron las tres derechas y sus altavoces mediáticos desde la foto de Colón de hace casi cuatro años: Pedro Sánchez preside un Gobierno ilegítimo.  

De acuerdo con ese diagnóstico, la prioridad frente a cualquier otra urgencia es hacerlo caer. Por eso el principal partido de la oposición se permitió votar contra las medidas para hacer frente a la inflación derivada de la guerra de Ucrania, como antes se opuso a decisiones similares a las que adoptaron gobiernos de todos los colores en Europa para combatir la pandemia. 

Un par de líneas para recordar que el PP intentó entonces tumbar los estados de alarma, alentó manifestaciones en pleno confinamiento y que su anterior líder llegó a acusar al Consejo de Ministros de “estabular a la población”. 

Quien calculase que el magnicidio exprés de Casado pretendía otra cosa que un nuevo cartel electoral menos chamuscado para el PP ha tenido ya muchos meses para comprobar cómo la vida sigue igual en Génova 13. Los populares persisten en el no a todo y la única vez que Feijóo amagó con sellar un primer pacto con Sánchez para poner fin a cuatro años de bloqueo del Poder Judicial recibió severas advertencias de la derecha mediática madrileña, alineada con las tesis de Isabel Díaz Ayuso y Vox, para recordar al nuevo líder que con Sánchez no hay nada que negociar. El resultado de esas presiones en forma de editoriales, portadas y homilías radiofónicas –Federico Jiménez Losantos se permitió una mañana avisar a Feijóo desde los micrófonos de esRadio de que no se le había “traído para esto”– quedaron a la vista esa misma tarde cuando el presidente del PP rompió in extremis un acuerdo solo pendiente de la fecha para anunciarse.

Fijado desde hace casi cuatro años el marco de la eterna campaña electoral que nos espera –el objetivo es echar a Sánchez y todo lo demás es accesorio, incluido gobernar con Vox– las derechas aspiran ahora a imponer los términos del debate de los próximos doce meses recurriendo a lo que los analistas del expresidente estadounidense Donald Trump bautizaron como “hechos alternativos”. En esa realidad paralela que pretenden instalar argumentarios, portavoces y medios, las derechas llaman “Gobierno Frankenstein” al que aprueba leyes con 190 diputados y saca adelante tres Presupuestos en cuatro años, algo impensable en la última década, pero se presenta como ejemplo de estabilidad a los gabinetes de Ayuso y Almeida, incapaces de aprobar las cuentas. La estrategia consiste en acentuar las discusiones entre PSOE y Unidas Podemos y pasar por alto que las coaliciones de Ciudadanos y el PP en Madrid, Murcia y Castilla y León, saltaron por los aires a mitad del mandato.

Se trata de instalar la idea de que Vox y Podemos son extremos de la política y que, por tanto, debe normalizarse cualquier pacto con la extrema derecha, como si fuesen lo mismo las medidas socialdemócratas que los ministros de Unidas Podemos han llevado a la práctica en el Gobierno y los mensajes xenófobos y contra la igualdad que pone en circulación la extrema derecha.  

Según esa visión trumpiana de la política, Catalunya está hoy peor, con los políticos que impulsaron el procés fuera de la cárcel y el independentismo partido a la mitad, que cuando se convocó el referéndum y el Gobierno de Rajoy ordenó a la Policía aquellas cargas en los centros de votación contra la gente, que retransmitió la prensa internacional. Pero también que cuando se conoció la sentencia del Supremo y en Barcelona se montaron barricadas con contenedores ardiendo en el centro de la ciudad.

En el capítulo de transparencia, el Matrix de las derechas madrileñas, la mediática y la política, disculpa sin ningún miramiento que el hermano de la presidenta cobrase comisiones de casi 300.000 euros por contratos de mascarillas adjudicados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en lo peor de la pandemia, pero ve un escándalo de corrupción cada vez que el presidente del Gobierno usa el Falcon para sus viajes oficiales (tal y como han hecho todos sus predecesores) o pasa sus vacaciones en alguna residencia oficial, de las que también tuvieron a disposición los anteriores presidentes.

De acuerdo con los hechos alternativos que se presentan en las tertulias cada mañana, es Sánchez el que quiere “asaltar el Poder Judicial” y no el PP el que viene bloqueándolo e incumpliendo la Constitución desde hace cuatro años largos, ni tampoco los vocales conservadores que se comportan como el Grupo Parlamentario Popular en la Justicia y ni siquiera se ven concernidos por las leyes que aprueba el Congreso.

El mismo Feijóo que venía pronosticando desde su ascenso a la cúpula del PP una recesión de la economía española en el último trimestre de 2022 (España ha cerrado el año creciendo por encima del 5% y superando las propias previsiones que el Gobierno elaboró antes de la invasión de Ucrania), ha calificado como “pufo” las políticas que reciben felicitaciones en Davos y aplauden medios tan poco sospechosos como el Financial Times o The Economist. El líder del PP también ha llamado “timo ibérico” a la excepción que permite que los precios de la energía en España y Portugal sean los más bajos de Europa. 

Semejante estrategia hunde sus raíces en la historia reciente del PP. Aunque ya casi nadie lo recuerde por el ritmo trepidante de la actualidad política, el Gobierno de Mariano Rajoy llegó a presentar en su última etapa un plan contra las Fake News, como un apartado más de la Estrategia contra la Seguridad Nacional. No hablamos del Pleistoceno Superior, la noticia es de 2017 y la idea de aquel Gobierno del PP pasaba por hacer desfilar a los editores de medios de comunicación por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. La filosofía la explicó María Dolores de Cospedal como máxima autoridad del Ministerio de Defensa en un acto organizado por el diario La Razón: “La guerra de la información es un nuevo tipo de guerra, una amenaza emergente dirigida a manipular conciencias”. 

Cospedal aludió directamente a las supuestas injerencias rusas en el referéndum del 1 de octubre en Catalunya y advirtió, con tono grave: “Debemos estar atentos ante las próximas elecciones del 21 de diciembre”, las que ganó Ciudadanos con 26 escaños y el 25% de los votos. 

Con el tiempo se supo que Cospedal alternaba esa preocupación pública desde el Ministerio por las noticias falsas, con charlas distendidas con el comisario Villarejo para fabricar escándalos contra los rivales de su partido y de paso borrar las pruebas de los actos de corrupción del PP. 

No dio tiempo de preguntarle a Cospedal por todo aquello: tras decantar las primarias del PP del lado de Casado y jubilar de la política a Soraya Sáenz de Santamaría, su eterna rival, Cospedal dimitió de la Ejecutiva del PP en cuanto afloraron sus tratos con la policía política del Gobierno de Rajoy. 

Nadie del partido ha pedido perdón todavía. Ni Casado ni ahora Alberto Núñez Feijóo, que también formó parte de la dirección del partido durante aquellos maravillosos años. El sumario Kitchen sigue instruyéndose en la Audiencia Nacional con la cúpula del Ministerio del Interior de entonces acusada de gravísimos delitos, incluidos los de malgastar dinero público para borrar las pruebas del caso Gürtel, que años atrás Rajoy había presentado como una trama contra el PP y que la propia Cospedal, la de la estrategia contra las fake news, había atribuido a “la policía de Rubalcaba”. 

Ahora los mismos medios de comunicación que aplaudieron todo aquello, los mismos que alentaron la conspiración del 11-M, pretenden erigirse en defensores de la democracia y combatientes de la desinformación. 

De todo eso va a ir la campaña electoral que se nos viene encima. No de los errores del Gobierno, que los hay y algunos muy severos (solo hace falta ver los bandazos en las políticas de inmigración o las clamorosas cesiones ante Marruecos y algunos atajos legislativos que sería recomendable evitar), ni de la lógica confrontación de ideas y políticas para afrontar la crisis climática, el problemón de la vivienda, la despoblación o el día después de la guerra de Ucrania. El plan es debatir sobre la realidad deformada que devuelven los espejos del imponente aparato mediático de la derecha. 

Nota al pie: la única novedad interesante es la guerra abierta en las últimas semanas entre algunos medios que tras acunar a la extrema derecha durante años cargan ahora con dureza contra portavoces de Vox, fundamentalmente Rocío Monasterio. La responsabilizan de frustrar los presupuestos de Ayuso para 2023 que contemplaban 2.000 millones de euros más de gasto en pleno año electoral. Con lo que eso podría implicar para la publicidad institucional y las subvenciones a los medios amigos. Monasterio aún prometía una mañana de estas a Federico Jiménez Losantos que si Ayuso quiere, lo de las cuentas puede arreglarse en una tarde. (No es descartable que suceda).

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