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La Presidencia federal de IU pide la cabeza del número dos de Cayo Lara por su papel en Caja Madrid

Cayo Lara, en una imagen de archivo.

Aitor Riveiro

La guerra interna en Izquierda Unida para depurar las responsabilidades derivadas de su implicación durante años en la gestión de Caja Madrid apunta directamente al centro de poder de la dirección federal. En una reunión extraordinaria de la Presidencia federal, un órgano que reúne a medio centenar de altos cargos, celebrada este lunes se aprobó por amplia mayoría pedir la dimisión “de sus cargos públicos y orgánicos” de los coordinadores regionales de IU de Madrid (IUCM) durante su presencia en la entidad. Entre ellos están el actual número dos de Cayo Lara, Miguel Reneses, además del portavoz municipal, Ángel Pérez, y del portavoz regional, Gregorio Gordo.

En la reunión se presentó el informe definitivo de la Comisión de Transparencia que la dirección puso en marcha hace poco más de un mes cuando saltó a la luz el escándalo de las tarjetas 'black' de Caja Madrid. Su misión era determinar la actuación de los militantes de la coalición en Caja Madrid y en Bankia y exigir las responsabilidades políticas oportunas, toda vez que los implicados directos ya han abandonado la militancia de IU y uno de ellos, José Antonio Moral Santín, es uno de los querellados por la coalición.

La Presidencia de IU aprobó una resolución, a la que ha tenido acceso eldiario.es, en la que “asume, en su totalidad, el informe presentado” por la Comisión de Transparencia y en la que se “acuerda exigir responsabilidades políticas a la dirección de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid (IUCM) y a la de la fundación Fundeste”. Y prosigue: “Esta responsabilidad exigida se concreta en pedir la dimisión o cese de sus cargos públicos y orgánicos de quienes han sido coordinadores generales de IUCM en los momentos en los que se han tomado decisiones sobre Caja Madrid y Bankia y de quienes, desde la Presidencia de Fundeste, son responsables de la inadecuada gestión de la fundación”.

Aunque la resolución no da nombres, tres son las personas directamente interpeladas por ellas. El más importante es el actual secretario de Organización, Miguel Reneses, número dos orgánico de Cayo Lara. Reneses fue coordinador regional entre 2000 y 2002, cuando Moral Santín ya estaba en el Consejo de Administración de Caja Madrid. Reneses vivió como portavoz de IU en la comisión de Economía y Hacienda de la Asamblea de Madrid el llamado pacto de estabilidad de Caja Madrid sellado en 2009 entre IUCM, el PP de Madrid, Comfia-CCOO y la Unión Independiente de Impositores y Consumidores (UIIC).

Aquel acuerdo lo firmó Antero Ruiz, a quien la dirección de IUCM ha expulsado del grupo parlamentario regional después de que una comisión de investigación interna determinara que era responsable político de lo ocurrido en 2009, cuando era secretario de Área Institucional. La investigación de IUCM quedó ahí, lo que provocó que otras federaciones y hasta el PCE mostraran su miedo a un “cierre en falso” que pudiera dilapidar las aspiraciones electorales de la coalición.

La comisión de IUCM no fue más lejos, pero la federal sí. Además de Reneses, pone su foco en dos de los hombres que más control han tenido sobre la coalición madrileña, Ángel Pérez y Gregorio Gordo.

Pérez, actual portavoz municipal, ha sido también diputado nacional y regional. Antes de romper su relación política con Moral Santín, ambos se repartieron el poder sobre la federación, de la que fue coordinador entre 1993 y 2000, justo antes de Reneses. Como líder regional, Pérez fue también presidente del patronato de Fundeste, la fundación de IUCM que, según el Tribunal de Cuentas, recibió subvenciones irregulares de la Fundación Caja Madrid.

El tercer señalado es el actual portavoz en la Asamblea regional, Gregorio Gordo, quien asumió la dirección de IUCM entre 2009 y 2012 en sustitución de Fernando Marín, que abandonó el cargo por motivos personales. Desde esta dimisión y hasta que Gordo tomó las riendas, una dirección colegiada se hizo cargo de la organización.

La Presidencia federal de IU da tres días a su federación en Madrid para que “concrete los nombres de las personas que, para asumir las responsabilidades políticas, cesan o dimiten de todos sus cargos públicos y orgánicos”. Ni Pérez ni Gordo tienen cargos orgánicos en IU de Madrid. La Ejecutiva de IUCM se reunirá esta misma tarde de urgencia.

La resolución de la Presidencia regional se aprobó con 26 votos a favor, tres abstenciones y dos votos en contra, los de las militantes de IUCM Lidia Fernández y Milagros Hernández. Los presentes no llegan al 50% de la composición estatutaria del órgano. Fernández forma parte de la Ejecutiva de IUCM y es responsable Electoral y de Comunicación, en tanto que Hernández es concejala del Ayuntamiento de Madrid. Ambas tomaron la palabra para defender la gestión que ha hecho la federación madrileña del escándalo. También contaron con el apoyo explícito de Pepa Merin, que acudió como invitada a la Presidencia. Merin, como responsable de Área Interna de IUCM, ha coordinado los trabajos de su comisión de investigación.

Precisamente la existencia de dicha comisión y las medidas adoptadas tras su informe fueron esgrimidas este lunes por las tres como argumento para desmontar las acusaciones de cierre en falso de la investigación. Fuentes presentes en la reunión aseguran que también adujeron que no han podido defenderse ante la Comisión de Transparencia, ya que ésta no ha escuchado a nadie de IUCM, de Fundeste, ni de la comisión de investigación.

Miguel Reneses no participó en la votación.

La Ejecutiva de IUCM se reunirá esta tarde y, previsiblemente, aprobarán una resolución al respecto.

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