Los monjes que custodian el Valle de los Caídos llegaron en 1957 por un decreto franquista, están financiados íntegramente con dinero público pero todavía no han presentado un presupuesto equilibrado de gastos e ingresos, además de que tampoco han despejado las dudas y peros que les ha presentado el Estado desde 2018. Escribe Raquel Ejerique.