La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado el embargo preventivo de dos edificios propiedad de Antonio Plasencia, uno de los empresarios condenados por el pelotazo urbanístico de la compraventa del frente de la capitalina playa de Las Teresitas. En un auto emitido el martes, el tribunal provincial ha iniciado, a instancias del Ayuntamiento ahora gobernado por el PSOE, un proceso excepcional para tratar de recuperar el dinero malversado en esa operación, que en el caso de Plasencia asciende a 50,27. La Sección Segunda de la Audiencia, con el magistrado Jaime Requena como ponente, ha accedido a la pretensión de la corporación y ha iniciado el procedimiento para levantar el velo sobre dos de las sociedades del entramado del empresario condenado, entre ellas Carcaland, a cuyo nombre se encuentran esos dos inmuebles. Escribe Iván Suárez.