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Los policías heridos destacan ante el juez de Tsunami la “organización” de los altercados y dicen que temieron por su vida

Disturbios en las inmediaciones de la plaza de Urquinaona tras la sentencia del 'procés'.

Elena Herrera

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El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha escuchado este martes la declaración como testigos de dos de los policías heridos durante los altercados del procés que el magistrado cree que permiten excluir la causa de Tsunami Democràtic de la ley de amnistía. Ante el juez, los agentes han destacado la “organización” de esas protestas que tuvieron lugar en la plaza Urquinaona de Barcelona el 18 de octubre de 2019 y han asegurado que temieron por su vida y que todavía tienen secuelas psicológicas, según fuentes presentes en sus declaraciones.

Ambos agentes antidisturbios fueron heridos de gravedad durante los altercados en la plaza Urquinaona de Barcelona en la jornada de mayores altercados que siguieron a la sentencia del procés. Uno de ellos, ya retirado, tuvo que ser ingresado en la UCI tras recibir un impacto en la cabeza. El otro acabó prejubilado a los 45 años tras una lesión en el brazo que le impide seguir ejerciendo como policía. 

Este último, que se llama Ángel Hernández, ha asegurado en declaraciones a los periodistas tras comparecer ante el juez que ésta fue la intervención “más dura” de toda su trayectoria profesional y ha dicho que confía en los jueces. “Lo único que quiero es que se haga justicia y que estos hechos no se vuelvan a producir (...). Fue una salvajada”, ha añadido.

Durante el interrogatorio, el otro agente ha asegurado que fue acosado porque se publicó una fotografía suya en el hospital y tuvo que marcharse de la vivienda que ocupaba. También ha reconocido que participó en detenciones antes de ser agredido. El abogado de una de las defensas le ha preguntado si estaba siendo investigado en un juzgado de Barcelona por maltrato a detenidos, pero el juez ha informado de que eso modificaba la condición de testigo por la que estaba citado y el agente no ha contestado.

La comparecencia de ambos testigos se ha producido sólo dos días después de las elecciones catalanas y apenas unas horas después de que el juez citara a declarar a los investigados para el próximo 22 de mayo. Entre ellos, la secretaria general de ERC, Marta Rovira. La mitad de los diez investigados por el instructor se han ido Suiza en busca de protección a su imputación por terrorismo.

Desde que reactivara la instrucción del caso en noviembre del año pasado, coincidiendo con las negociaciones de la amnistía, el juez ha dejado escrito en varios de sus autos que cree que esta causa puede quedar excluida de la norma. Entre otras razones, por las lesiones de los policías. Se da la circunstancia de que, pese a que la protesta de ese día no fue convocada por Tsunami Democràtic, el juez vincula igualmente a la plataforma con los altercados y los heridos. 

Si la protesta estaba o no organizada por Tsunami en una cuestión que no se ha abordado en la comparecencia de ambos testigos, aunque ambos han explicado que los manifestantes estaban “muy organizados”. Uno de los abogados de la acusación ha preguntado por las protestas del aeropuerto de El Prat —que sí convocó la plataforma— en comparación a los hechos de Urquinaona y han reconocido que la situación era “muy diferente”, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Según expuso en noviembre el juez, el supuesto de la pérdida o grave deformidad de un órgano, como las lesiones que presentan los agentes, es uno de los que quedan “excluidos” de la ley de amnistía. En otra palabras: las lesiones graves de los policías son lo que permitirían no incluir la causa de Tsunami en la ley de olvido penal del procés, a juicio de García Castellón.

A pesar de que la causa se abrió hace cuatro años, los agentes no pidieron ejercer la acusación hasta finales de 2023. Tampoco querellaron en los juzgados de Barcelona para hallar al autor material de sus lesiones. Ambos sí han pedido al Ministerio del Interior ser reconocidos como víctimas del terrorismo. La defensa de los dos agentes, que ejerce el despacho Fuster-Fabra, recibió un espaldarazo a su tesis de que las lesiones tenían un origen terrorista con el auto del Tribunal Supremo que se abrió a investigar el caso Tsunami como una especie de 'kale borroka'.

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