Al PP de Casado se le atragantan el aborto, la violencia machista y los derechos LGTBIQ en Europa

El secretario general del PPE, Antonio López-Istúriz; el presidente del PPE en el Parlamento Europeo, Manfred Weber; el presidente del PP, Pablo Casado; y el vicepresidente del PPE en la Eurocámara, Esteban González Pons.

El Partido Popular de Pablo Casado se ha puesto de perfil dos veces en 48 horas en Estrasburgo en sendas votaciones sobre derechos de las mujeres y derechos LGTBI. Pero no ha sido un caso aislado en los últimos meses: son asuntos que a los populares españoles se les atragantan a menudo en la Eurocámara y que dividen a su familia política entre aquellos que terminan alineándose con la extrema derecha y los ultraconservadores y los que votan más parecido al resto del hemiciclo.

Esta semana el Parlamento Europeo ha pedido que un matrimonio igualitario en España sea reconocido automáticamente en Polonia, o que dos mujeres madres sean reconocidas como tales en Hungría. La resolución fue aprobada por 387 votos a favor, 161 en contra y 123 abstenciones. Pero lo hizo con la abstención de los populares españoles y el voto en contra de Vox y el resto de la extrema derecha de la Eurocámara. La resolución, por tanto, salió adelante gracias a los votos de socialdemócratas, liberales, verdes y La Izquierda. Y, también, que una buena parte de la bancada popular, si bien el voto mayoritario se fue a la abstención.

En este caso, la justificación del PP, según su dirigente Javier Maroto, es que la resolución del Parlamento Europeo pedía algo que era competencia de los Estados, y lo tachó de "trampa de la izquierda" y lo comparó con pedir "más kilómetros de AVE".

Lo que no dijo Maroto es que, por ejemplo, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, presidida por Dolors Montserrat, a menudo da curso a quejas contra el Gobierno español incluso después de que la propia Comisión Europea diga que son asuntos de competencia estatal y no comunitaria.

Dos días después de aquella votación, este jueves, el PP de Casado volvió a desmarcarse. Esta vez con una votación que pidió, por amplísima mayoría, que la violencia de género fuera considerada eurodelito. Es decir, que fuera incluida en la lista de delitos europeos, como el terrorismo o el blanqueo de capitales, lo que asegura una definición común en toda la UE y una tipificación mínima en los 27.

Una vez aprobado el informe en el pleno, con el voto en contra de Vox y la abstención del PP español y la división de los populares europeos, la Comisión Europea debería presentar una directiva que establezca estándares mínimos y definiciones comunes en todos los países de la UE que cumplan con los compromisos de la UE en el Convenio de Estambul. El resultado fue: 427 votos a favor, 119 en contra y 140 abstenciones. Entre los votos en contra se encontraba, junto con los de los ultraconservadores y la extrema derecha, el de una eurodiputada popular, Isabel Benjumea, quien en alguna otra ocasión se ha desmarcado hacia la derecha de sus compañeros de bancada con estos asuntos.

En esta ocasión, los populares españoles se escudaban en que el texto recalca que la denegación del aborto legal y sin riesgo también es una forma de violencia de género y recuerda a este respecto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado en varias ocasiones que la legislación restrictiva sobre el aborto y la falta de aplicación viola los derechos humanos de las mujeres.

Y no es la primera vez que el PP español tiene problemas con el aborto. En junio pasado, el Parlamento Europeo pedía a los Gobiernos que garanticen el acceso al aborto. Y lo hizo con el voto en contra del Partido Popular español –el PP europeo se partió entre el no y la abstención– y de Vox. El resto de grupos españoles votó a favor de una resolución que pedía garantizar el acceso universal a los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos en todos los Estados miembros y que alertaba del retroceso que han sufrido estos derechos en países como Polonia. Salió adelante con 378 votos a favor, 255 en contra y 42 abstenciones.

En su exposición de motivos, el documento aprobado señalaba que "la involución y la regresión en el ámbito de los derechos de las mujeres están ganando impulso y contribuyendo a erosionar los derechos adquiridos y a poner en peligro la salud de las mujeres”. Además, se explicaba que durante la crisis sanitaria, mujeres y niñas de todo el mundo han visto limitado su acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva “con el falso pretexto de una menor prioridad”. 

Días después de aquella votación de junio, se producía otra que volvía a afectar a otro país en una creciente deriva autoritaria y homófoba, como es la Hungría de Viktor Orbán, hasta hace poco miembro de la familia popular europea. En este caso, el Parlamento Europeo reclamó que no se apruebe el acceso de Hungría a los planes de recuperación pospandemia, de los que les corresponden en torno a 7.000 millones de euros, hasta que se constate que el presupuesto de la Unión no vaya a "contribuir activamente a la violación de los derechos fundamentales en Hungría".

En una resolución aprobada por 459 votos a favor, 147 en contra y 58 abstenciones, la Eurocámara reclamaba también a la Comisión Europea que emprenda acciones legales "inmediatas" respecto a la ley que vincula la homosexualidad con la pedofilia y que prohíbe hablar de la identidad sexual en escuelas y medios de comunicación. Dentro del Partido Popular Europeo, 12 de los 13 eurodiputados españoles del PP se abstuvieron, a pesar de que la mayoría de su grupo votó a favor. Solo Esteban González Pons, vicepresidente del Grupo Popular Europeo en la Cámara, votó a favor.

Unos meses antes, en marzo de 2021, el Parlamento Europeo declaró la UE zona de libertad para las personas LGTBIQ en una declaración apoyada por todos los grupos salvo los de extrema derecha (492 síes; 141, noes; y 46 abstenciones) y que esta vez, en cambio, sí contó con el voto del PP español. La declaración, cuyo ponente fue una eurodiputada maltesa popular –Roberta Metsola– respondía a la persecución de estos colectivos en algunos países de Europa, singularmente en Polonia, donde hay municipios que se han declarado "libres de LGTBI".

Debilidad por Orbán

Las votaciones de este año en auxilio de la Hungría de Orbán no son casos aislados. El Partido Popular español no ha dejado de ayudar a quien fue su aliado dentro del PP europeo hasta su expulsión en marzo pasado.

En enero de 2020, en una resolución ampliamente adoptada por 446 votos contra 178 y 41 abstenciones, los eurodiputados señalaban que los informes y declaraciones de la Comisión, la ONU, la OSCE y el Consejo de Europa indicaban que “la situación tanto en Polonia como en Hungría se ha deteriorado desde la activación del artículo 7 [procedimiento de censura europeo por la violación de valores fundamentales de la UE]".

Los eurodiputados pedían al Consejo [los Gobiernos] que envíe recomendaciones concretas a los países afectados, incluidos los plazos, para garantizar que se respeta la legislación de la UE: "Se sigue sigue socavando la integridad de los valores europeos comunes, la confianza mutua y la credibilidad de la Unión Europea en su conjunto".

¿Y qué votó la mayoría del PP europeo? A favor de redoblar la presión sobre Polonia y Hungría por sus violaciones del Estado de Derecho. ¿Y qué votó el PP español? En contra de redoblar la presión sobre Polonia y Hungría.

La Unión Europea activó, en 2017 contra Polonia y en 2018 contra Hungría, el procedimiento conocido como artículo 7, ante la preocupación por la falta de independencia de sus sistemas judiciales, la situación de la libertad de expresión, la corrupción y el estado de la democracia en general en ambos países. 

Este procedimiento puede concluir con la retirada del derecho de voto a un país en concreto, pero para ello se requiere la unanimidad de todos los demás, lo que resulta imposible, ya que los Gobiernos de Hungría y Polonia se apoyan mutuamente.

La votación de fue similar a la que se había producido en septiembre de 2018, cuando el Parlamento Europeo aprobó el procedimiento del artículo 7 contra Hungría. En aquella ocasión, apurando la anterior legislatura europea, el PP español se rompió en tres. Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato y Pilar Ayuso votaron en contra del informe aprobado que pedía sancionar a Hungría por vulnerar los "valores de la UE", al igual que la extrema derecha. Pilar del Castillo, Agustín Díaz de Mera, Rosa Estarás, Santiago Fisas, Luis de Grandes, Teresa Jiménez-Becerril, José Ignacio Salafranca, Ramón Luis Valcárcel y Francisco José Millán se abstuvieron. Mientras que Esteban González Pons, Esther Herranz, Verónica Lope Fontagné y Antonio López Istúriz no participaron en la votación.

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Publicado el
19 de septiembre de 2021 - 22:47 h

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