PP, Ciudadanos y PNV dan su apoyo al PDeCAT para agilizar los desalojos de viviendas ocupadas
La derecha parlamentaria se ha aliado para dar luz verde a los desalojos de viviendas ocupadas que se podrán realizar por un tramite exprés y sin necesidad de que la ley garantice una solución habitacional para las personas ocupas que estén en situación de vulnerabilidad. PP, Ciudadanos, PDeCAT y PNV han aprobado este martes una modificación de la ley de Enjuiciamiento Civil, que ahora se remitirá al Senado, para facilitar el proceso para que los propietarios recuperen sus inmuebles.
El Congreso ha aprobado con 19 votos a favor y 18 en contra (PSOE, Unidos Podemos y ERC) el procedimiento que facilita los desalojos de inmuebles de particulares, entidades sociales y públicas destinadas a alquiler social. Unidos Podemos, único grupo que se ha opuesto al texto completo de la ponencia, anuncia que recurrirá la modificación ante el Constitucional, según ha explicado el diputado Rafael Mayoral.
El acuerdo inicial de la ponencia, a la que solo Unidos Podemos mostró su disconformidad, apenas se ha modificado en el debate; pero los grupos que habían alcanzado el acuerdo han accedido a dejar fuera del proceso de recuperación exprés a los fondos buitres y grandes tenedores de viviendas, que no figuraba en la propuesta que el PDeCAT llevó al Congreso, pero sí en la ponencia que se discutía tras la negociación.
Ciudadanos ha presentado una enmienda para que pudieran acogerse a este procedimiento exprés todos los tipos de propietarios. El portavoz de Ciudadanos ha dicho que, de no ser así, “bastaría con meterse en el portal” de las inmobiliarias para conocer cuáles son las viviendas vacías. Solo el PP ha votado a favor y el resto de grupos lo han rechazado. No obstante, el portavoz de Unidos Podemos, Rafael Mayoral, ha advertido de que tal y como queda redactada la norma “se abre la puerta” a que los fondos buitre puedan expulsar a las personas que están ocupando sus viviendas vacías.
A pesar de que la exposición de motivos se refiere a la necesidad de enfrentarse a las “mafias” que se “aprovechan” de la situación de los vulnerables para ocupar las viviendas, el articulado no recoge ninguna medida en ese sentido.
La nueva normativa tampoco obliga a suspender el “lanzamiento” en los casos de personas en situación de vulnerabilidad sino que se limita a dar traslado a los servicios sociales siempre y cuando los ocupantes a los que se expulse den el visto bueno.
La portavoz de PDeCAT, Lourdes Ciuró, que ha impulsado la iniciativa que ha sido aprobada gracias a la alianza con PP, Ciudadanos y PNV ha enfatizado que las medidas de desahucio no se aplican a quienes dejen de pagar el alquiler, la hipoteca o la hipoteca y también que se ha excluido la pretensión de PP y Ciudadanos de que se pudieran acoger al procedimiento exprés los fondos buitre y los grandes tenedores de vivienda. “Tienen que estar tranquilos en la PAH”, ha dicho en su intervención en la que también ha denunciado la “presión” que han recibido de parte de “radicales” en las redes sociales a raíz de esta iniciativa.
Unidos Podemos, que fue el único grupo que rechazó el texto de la ponencia (que es básicamente el que se ha aprobado con la eliminación de los fondos buitre), ha sido muy beligerante en el debate: “Es la tarde que más vergüenza he pasado en esta Cámara”, ha dicho Mayoral, que ha calificado la ponencia como el “informe de la vergüenza” y ha acusado de “hipocresía” al resto de grupos, especialmente al PSOE, al que ha acusado de “participar de la ponencia” y de oponerse a sus enmiendas en las que reclamaba alternativas ocupacionales.
La portavoz de En Comú, Lucía Martín, también se ha mostrado “avergonzada” y ha desgranado las principales críticas al proyecto: “No se va a tocar un pelo a las mafias”, “va a servir para desahuciar a personas sin garantía de realojo”, y “no va contra la raíz del problema” que, a su juicio, es el “acaparamiento” de los propietarios para “hacer negocio”. Mayoral ha abundado en el incumplimiento de las resoluciones de la ONU que establecen la necesidad de dar una solución habitacional a las personas vulnerables y ha asegurado que lo pondrán “en conocimiento” de los organismos de defensa de los derechos humanos.
El PSOE ha votado en contra de la ley y se ha defendido de los ataques del grupo confederal asegurando que se han limitado a participar de la tramitación parlamentaria una vez admitida en un debate en el que votaron en contra. El rechazo lo ha argumentado por la ausencia de “medidas concretas contra los extorsionadores”. Para el PSOE esta norma solo va contra los ocupantes, según ha expresado la portavoz, Mar Rominguera.
“No garantiza la reubicación -ha continuado Rominguera-. No se garantiza con carácter previo la alternativa habitacional a quienes realmente la requieren”. Para los socialistas es insuficiente la mera “comunicación a servicios sociales”.
Otro de los reproches de ambos grupos es la ausencia del derecho a la defensa. La única fórmula para permanecer en el inmueble es la acreditación de la posesión de la titularidad. En esa misma línea se ha pronunciado ERC, que ha votado en contra del texto final, aunque no había presentado ninguna enmienda. “No garantiza plenamente el derecho a la defensa ni tiene garantías procesales. No viene a reparar ni a combatir la situación real”, ha denunciado Ester Capella.
