El PP culpa a Sánchez de ocultar los muertos y obvia que Madrid es la segunda comunidad con más desfase en las cifras

La dirección del Partido Popular acusa una y otra vez al Gobierno de “mentir” en las cifras de fallecidos por la pandemia, así como de “ocultar” esos datos a la ciudadanía, argumentando que el número de muertos confirmados con pruebas positivas de la COVID-19, que Sanidad establece en 28.325, es manifiestamente menor que el exceso total de fallecidos –que contempla todos los muertos en el país por todas las causas– que facilita el Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo). Este organismo ha constatado un exceso de 43.657 fallecimientos en los registros civiles entre el 10 de marzo y el 31 de mayo, coincidiendo con la emergencia sanitaria. 

Las cifras de casos confirmados que ofrece el Ejecutivo son, en todo caso, las que le facilitan las comunidades autónomas, también las gobernadas por el PP. Precisamente la Comunidad de Madrid que preside la popular Isabel Díaz Ayuso es la segunda autonomía –solo por detrás de Catalunya– en la que se ha producido un mayor desfase entre los muertos confirmados por test positivos de la COVID-19 y el exceso de fallecidos registrado por el MoMo.

Según los últimos datos, Madrid, que es la comunidad más golpeada por la pandemia, ha comunicado a Sanidad 8.416 muertes confirmadas con coronavirus, si bien el exceso de fallecidos registrado por el MoMo entre las citadas fechas –del 10 de marzo al 31 de mayo– es de 14.129, un 152% por encima de la media histórica. Las muertes “sin identificar” como casos de COVID-19 en Madrid son, por tanto, 5.713.

Mientras Casado intenta ahora sostener que “tiende la mano” al Gobierno en busca de acuerdos, en sus argumentarios internos la dirección de los populares ha pedido a todos sus cargos que utilicen las cifras de muertos contra el Ejecutivo durante la campaña de las elecciones gallegas y vascas del 12 de julio.

Las consignas acusando al Gobierno de “mentir” y “ocultar” a los fallecidos fueron repetidas este martes tanto por la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo –“Mienten para tapar la que será la losa de su legado. Con los números no se juega, es una cuestión moral”, decía ella en la Cámara Baja– como por los propios candidatos populares a esos comicios autonómicos, Alberto Núñez Feijóo y Carlos Iturgaiz, respectivamente, que en una charla telemática aseguraban que “este país no sabe los muertos que tiene”.

Pero todos ellos obvian el desfase de datos de fallecidos que también existe en las comunidades gobernadas por el PP, como la de Madrid que preside Díaz Ayuso, una de las apuestas personales de Pablo Casado, a la que siempre cita asegurando que sus políticas son las que él pondría en marcha si alguna vez llega a la Moncloa.

Los datos

En todo el país, los datos del MoMo constatan un exceso de 43.657 fallecimientos entre el 10 de marzo y el 31 de mayo. La cifra proviene de comparar los decesos que ha habido con los que se esperaba que hubiera, teniendo en cuenta las medias de los últimos 10 años ajustadas “por la tendencia y por la estacionalidad”. Se trata de una cifra superior a las muertes registradas oficialmente por el Ministerio de Sanidad: 28.325 según los últimos datos publicados.

La diferencia, es por tanto, de casi 16.000 muertes entre ambas cifras. Una disparidad que protagonizan principalmente cuatro comunidades autónomas que engloban el 96% de esas muertes no identificadas: Catalunya (5.908), Madrid (5.713), Castilla-La Mancha (2.258) y Castilla y León (874). 

¿Por qué existen esas diferencias entre las cifras de exceso de mortalidad y los fallecidos registrados por Sanidad? Tal y como han señalado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en reiteradas ocasiones, las muertes contabilizadas por Sanidad solo incluyen a las personas que han dado positivo en un test de diagnóstico: muertes con COVID-19 confirmado. 

Es decir, las cifras oficiales son una parte del total ya que no incluye a los que fallecen en residencias o domicilios particulares sin una prueba PCR positiva. Sin embargo, los datos de exceso de mortalidad incluyen a todos los fallecidos sea cual haya sido la causa de la muerte. 

En el exceso de muertes registrados por el MoMo también pueden estar, por tanto, algunas que no sean directamente atribuibles a la COVID-19. Por ejemplo, las muertes indirectas pueden haber aumentado durante la saturación del sistema sanitario y otras muertes accidentales se pueden haber reducido durante la situación excepcional de confinamiento.

Precisamente, las cuatro comunidades con mayor diferencia fueron los lugares donde más colapsó el sistema sanitario y donde hubo más falta de pruebas PCR al inicio de la epidemia. El siguiente gráfico muestra cuánto representan las muertes confirmadas por Sanidad respecto al exceso de muertes registradas durante la pandemia. 

Hay que tener en cuenta que las cifras totales de exceso de mortalidad están infraestimadas ya que el sistema MoMo se alimenta de las defunciones inscritas en los registros civiles informatizados. Esto quiere decir que las comunidades con menos registros civiles informatizados pueden registrar muchos menos decesos de los realmente ocurridos. Son los casos de Aragón (detectó el 80% de las muertes registradas finalmente en 2018), Cantabria (78%), Castilla y León (77%), Comunidad de Madrid (87%) y La Rioja (77%).

Madrid, la región donde más subió la mortalidad

Madrid ha sido la comunidad más golpeada por la pandemia. Lo dicen los datos de casos confirmados, los porcentajes de población con anticuerpos detectados y las cifras de exceso de mortalidad. La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP y Ciudadanos, ha visto además cómo sus muertes aumentaban un 152% respecto a la media de años anteriores. 

Se trata de unas cifras de mortalidad nunca vistas en más de 45 años en Madrid, según los datos analizados y publicados por eldiario.es. Castilla-La Mancha, Catalunya y Castilla y León –también gobernada por el PP– le siguen en el ranking de regiones con mayor exceso de mortalidad.

Estas cifras miden cómo ha cambiado la mortalidad en cada comunidad durante la crisis del coronavirus y también las diferencias en la capacidad de testar que tuvo cada autonomía al inicio de la epidemia. Por ejemplo, Madrid no es la comunidad con mayor número de muertes confirmadas con COVID-19 por cada 100.000 habitantes a pesar de registrar el mayor exceso de mortalidad.

Por el contrario, La Rioja está entre las comunidades con mayor número de casos y fallecidos confirmados por habitante y es la sexta en el exceso de mortalidad. La diferencia se explica por la capacidad de cada comunidad autónoma de hacer pruebas PCR y detectar un mayor porcentaje de personas infectadas.

9.000 muertes sospechosas en residencias

Las residencias de mayores y los centros residenciales de servicios sociales han sido uno de los grandes focos de mortalidad durante la pandamia. Tal y como reveló eldiario.es, al menos 29.000 personas fallecieron en geriátricos durante la crisis de la COVID-19 en 14 comunidades autónomas. Se trata de un 9% de los residentes totales.

Madrid fue la autonomía donde más ancianos murieron en las residencias (17%), seguida por Castilla-La Mancha (14%) y Castilla y León (11%). 

De las 29.000 personas que murieron, apenas 9.890 tenían una prueba positiva de COVID-19 y otras 9.721 fallecieron con síntomas compatibles con la enfermedad. Aquí vuelve a destacar la Comunidad de Madrid, donde 5.000 ancianos fallecieron las residencias madrileñas sin prueba PCR.

Estas cifras y diferencias tienen mucho que ver con cómo ha sido el impacto y la evolución de la crisis en cada territorio, ya que esto ha repercutido en el colapso de los sistemas sanitarios y su capacidad para realizar test. Por ello, muchos mayores murieron como casos sospechosos de COVID-19 en las comunidades más afectadas pero sin que se les realizara una prueba PCR que confirmara el diagnóstico, especialmente al inicio de la pandemia.

En concreto, las residencias de la Comunidad de Madrid han sido uno de los mayores focos de contagio y letalidad en todo el país. La situación llegó a tal punto que el 20 de marzo se envió a las residencias y a los centros sanitarios un protocolo para impedir que los ancianos de los geriátricos fueran trasladados a hospitales y que fue firmado por un alto cargo del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, tal y como publicó infoLibre. La gestión de las residencias ha desatado una grave crisis interna en el gobierno regional con enfrentamientos públicos entre cargos del PP y Ciudadanos.