La precampaña complica ya la aprobación de leyes en la coalición de Gobierno

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene la intención de acelerar la producción legislativa en el año que resta de legislatura en el Congreso, que quedará disuelto en octubre de 2023, como muy tarde. A pesar de los constantes tiras y aflojas en la coalición, nadie cuenta por ahora con una ruptura, pero el camino se ha empinado para la aprobación de algunos proyectos legislativos que llevan ya tiempo en el Congreso. La razón está en la presión que ejercen los partidos que sustentan al Gobierno a las puertas de una precampaña que llevará primero a las municipales y autonómicas y que como última parada tiene las generales. El principal choque está de nuevo en la ley de vivienda, que lleva siendo el escollo interno del Gobierno desde el comienzo del mandato, y ahora se ha sumado la de bienestar animal ante la exigencia de los barones socialistas de excluir a los perros de caza de la protección específica de esa norma. 

Para Unidas Podemos, que despliega una mayor ambición en la recta final del mandato para rentabilizar su presencia en el Gobierno, y los socios de izquierdas la ley de vivienda es fundamental. Lo ha sido durante los últimos dos años y su desarrollo se ha usado siempre como moneda de cambio en negociaciones importantes como los Presupuestos. Tras más de un año enquistada, y en plena escalada de precios del alquiler y para la compra, los detalles se cerraron en una reunión en la que participaron Sánchez y Yolanda Díaz junto a los ministros Félix Bolaños, María Jesús Montero y Ione Belarra a las puertas de presentar las cuentas públicas de este año. Sin embargo, la tramitación parlamentaria ha revelado discrepancias.

El grupo confederal ha presentado decenas de enmiendas al texto pactado, pero considera tres propuestas fundamentales para dar luz verde a la ley en el Congreso: la limitación de los precios del alquiler en zonas tensionadas sin diferenciar grandes y pequeños tenedores, que fue una de las discrepancias ya sorteadas; la prohibición de desahucios en España de familias vulnerables sin que haya una vivienda alternativa donde puedan alojarse, y que la totalidad de viviendas de la SAREB (el conocido como banco malo) sean incluidas en el parque público de vivienda en alquiler. La formación que lidera Ione Belarra sostiene que la norma podría estar aprobada ya si el PSOE aceptara esas propuestas que consideran, además, que, facilitaría el apoyo del resto de aliados de izquierdas. 

Sin embargo, el ala socialista descarta aceptar los cambios que propone el socio minoritario de la coalición y muestra cierto enfado por el intento de incluirlos cuando había ya un texto pactado. “Depende de ellos [señalan fuentes socialistas sobre la aprobación de la ley de vivienda]. Cumplimos con el acuerdo que llevamos al Consejo de Ministros. No nos desdecimos de lo que pactamos”. También hubo un acuerdo con ERC para salvar la tramitación de la norma, por lo que consideran que los deberes están hechos. 

No es la primera vez que los grupos que sustentan a la coalición presentan enmiendas a las leyes que salen del Gobierno. Es más, es una práctica habitual. Tampoco es la primera vez que una propuesta de cambio genera un terremoto en la coalición: uno de los más conflictivos fue el intento del PSOE de incluir un cambio legal para abolir la prostitución en la ley del “solo sí es sí”. Unidas Podemos y el resto de aliados se opusieron y fue necesaria la retirada –dado que la enmienda habría salido adelante con el PP– para que la ley estrella del departamento de Irene Montero se aprobara. 

La campaña de los barones

También es una enmienda la que ha tensionado la cuerda y tiene un especial cariz electoral para los socialistas en territorios como Aragón, Castilla-La Mancha o Extremadura. Se trata del intento del PSOE de excluir a los perros de caza del paraguas de la ley de bienestar animal. 

La norma impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales hizo saltar las alertas en algunas federaciones socialistas hasta el punto de que Emiliano García-Page se atribuyó  la argucia de haber conseguido que el Grupo Socialista incluya esa enmienda a un texto que tenía el visto bueno del Consejo de Ministros. También lo celebró el presidente de Aragón, Javier Lambán, consciente de la fuerza electoral de ese sector en su comunidad. “Los perros pastores y de caza quedarán excluidos de la ley, lo que es una excelente noticia que denota sensibilidad por el medio rural y sus actividades”, declaró a los periodistas el presidente aragonés, quien aseguró que planteó a los ministros implicados su “discrepancia” antes de que el Gobierno aprobara la ley, pero que el cambio que se introdujo no les “satisfizo”. 

El PSOE lleva tiempo intentando recuperar el pulso en el mundo rural, donde temían una importante implantación de Vox. El argumento para excluir a los perros de caza de la ley de bienestar animal es que esta se circunscriba a las mascotas en línea con la legislación europea. 

En este caso, los socios se intercambian los papeles y es Unidas Podemos quien rechaza modificar lo que sostiene que era un consenso en el seno del Gobierno. “La enmienda que han planteado nos parece de una extrema gravedad. Estamos seguros de que aunque el PSOE reciba presiones no está a favor de que se entierren cachorros en cal viva o de que se cuelgue a un galgo. Se dediquen a lo que se dediquen es maltrato animal”, criticó con dureza la coportavoz María Teresa Pérez.

La ley mordaza empantanada

El horizonte parlamentario de esta ley está, a día de hoy, en el aire. Fuentes parlamentarias socialistas asumen que la enmienda para diferenciar el derecho de los animales a ser protegidos dependiendo de si son o no mascotas tendrá que salir adelante con el apoyo del PP, contrario desde un primer momento al conjunto de la ley. Lo que ocurre es que, más allá de Unidas Podemos, la mayoría de socios parlamentarios se opone abiertamente a apoyar posteriormente en el Congreso un texto que contemple esa enmienda del PSOE y que, por tanto, modifique sustancialmente lo aprobado por el Consejo de Ministros. 

En la cúpula socialista tratan de diferenciar esa ley de la de vivienda, que recuerdan que es de vital importancia para la coalición. “No es lo mismo que durante dos ejercicios presupuestarios negocies una ley y su letra pequeña a que presentes enmiendas a un tema que no ha sido objeto de negociación”, argumentan. 

Con esos mimbres, ambas leyes están por ahora empantanadas, al igual que la ley mordaza, que no cuenta todavía con el visto bueno de ERC, que quiere prohibir el uso de pelotas de goma (tal y como ya sucede en Catalunya) y quiere avances en la presunción de veracidad de los agentes cuyo único testimonio ha servido para imponer condenas con la norma del PP. Fuentes de la negociación aseguran que a la vuelta del verano se han producido ya varios contactos entre los principales grupos, algunos de ellos esta misma semana, y que se ha avanzado en la búsqueda de un acuerdo. Sin embargo, estas mismas fuentes apuntan a que todo sigue pendiendo de un hilo y que a menudo se viene abajo el castillo de naipes de la negociación por noticias relacionadas con el ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. Esta misma semana se conocía que su departamento acaba de adquirir 60.000 pelotas de goma justo cuando los grupos parlamentarios intentan cerrar un acuerdo para su erradicación.

A vueltas con el gasto militar

En la coalición dan por descontadas, además, fricciones en la negociación de los Presupuestos, que serán las últimas cuentas públicas del mandato y son la última oportunidad para impulsar medidas clave del acuerdo programático que han ido aplazándose. A las puertas de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lleve al Congreso el proyecto –a finales de septiembre o principios de octubre según sus cálculos–, Unidas Podemos ha comenzado a marcar terreno al plantear la necesidad de poner un tope a las hipotecas variables. Una medida que el PSOE ha descartado.

En Moncloa dan por hecho que habrá acuerdo y que el proyecto se aprobará en la Cortes, a pesar de la intención de Pedro Sánchez de incluir un aumento del gasto en Defensa que rechazan todos sus aliados. De nuevo el PSOE cree que el PP puede salvar ese capítulo, aunque confía en que lo hagan los aliados habituales cuando se les pida para que no caiga todo el proyecto. “Ese incremento no comprometerá otras partidas sociales”, afirman fuentes socialistas mientras que Unidas Podemos deja claro que el gasto militar era una “línea roja” que tendrá que verse muy compensada con medidas sociales si el PSOE pretende cerrar un acuerdo.