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El progresista Cándido Conde-Pumpido es elegido presidente del Constitucional

El magistrado Cándido Conde Pumpido en una imagen de archivo

Alberto Pozas

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Cándido Conde-Pumpido es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional. El exfiscal general del Estado se ha impuesto en su pugna con la también progresista María Luisa Balaguer y ha conseguido seis votos, uno más que la catedrática con la que se disputaba el puesto. El mandato de Conde-Pumpido durará hasta el final de su estancia en el Constitucional en 2026, el primer mandato en una década en la que el Tribunal Constitucional tendrá una mayoría progresista de magistrados y magistradas.

Fuentes del tribunal de garantías explican que no solo la presidencia será progresista: la vicepresidencia del tribunal también ha sido para una magistrada de este sector, Inmaculada Montalbán, una de las últimas incorporaciones al tribunal en la renovación de 2021.

La disputa por la presidencia del tribunal de garantías se había mantenido en la incertidumbre hasta el mismo momento de la votación. En los últimos meses distintas fuentes daban por hecha la candidatura de Cándido Conde-Pumpido, que contaba con el apoyo mayoritario del bloque progresista, pero la catedrática María Luisa Balaguer también hizo pública su intención de postularse para el puesto. Su candidatura pasaba por recabar el apoyo del sector conservador y conseguir un voto del progresista además del suyo propio.

Finalmente ha sido Conde-Pumpido el que se ha hecho con el puesto, dando comienzo a un mandato con siete magistrados progresistas y cuatro conservadores, a la espera de que el Senado nombre otro magistrado conservador tras la renuncia de Alfredo Montoya por motivos de salud. Un mandato con varios asuntos clave en la agenda del tribunal como el recurso del PP contra la Ley del Aborto y más recursos sobre la Ley de Eutanasia, la Ley Celáa de Educación o la retirada del escaño de Alberto Rodríguez, entre otros.

Cándido Conde-Pumpido (A Coruña, 1949) llegó al Tribunal Constitucional en 2017 a propuesta del Senado después de ser fiscal general durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y miembro de la sala de lo penal del Tribunal Supremo desde 1995. Antes de llegar al alto tribunal, trabajó en juzgados y tribunales de San Sebastián, Segovia, Zamora y Ourense.

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