El PSOE y Junts retoman unas conversaciones sin foco para avanzar en la ley de amnistía y los presupuestos

El PSOE y Junts vuelven a la mesa. Tras dos semanas con las negociaciones congeladas a cuenta del choque por el redactado de la ley de amnistía y el voto en contra de los de Puigdemont en su tramitación parlamentaria, las direcciones de ambos partidos han retomado los contactos al más alto nivel para intentar desbloquear el acuerdo e impulsar la ley en el Congreso de nuevo la semana que viene.

En los últimos días el secretario de organización de los socialistas, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, con contacto permanente, se han visto para reactivar las negociaciones en busca de una salida. Y este misma miércoles se ha producido una reunión entre ambos a la que también asistieron Félix Bolaños y Mìriam Nogueras en Barcelona, según adelantó La Vanguardia y ha confirmado elDiario.es. Los equipos de ambas formaciones trabajan por pulir un texto sobre el que el Gobierno se ha comprometido públicamente a que no habrá cambios de verdadero calado. Así que las posturas, según fuentes al corriente de esa negociación, no han terminado de acercarse.

La sensación en ambas partes, sin embargo, sí es que han sentado bien las dos semanas largas que han pasado sin los focos permanentemente puestos en la ley de amnistía y en el choque constante entre el PSOE y Junts. Fueron los socialistas, de hecho, quienes impusieron un 'impasse' en las negociaciones convencidos de que el paso de los días haría aumentar la presión en el seno del propio independentismo después que, junto al PP y Vox, tumbaran el texto en el Pleno del Senado. Y en Ferraz se muestran convencidos de que la receptividad de su socio es hoy mayor que hace quince días para hallar un acuerdo.

El núcleo del conflicto sigue siendo el mismo: los independentistas exigen garantías de blindaje de Carles Puigdemont para que no quede excluido de la medida de gracia a pesar de procedimientos judiciales en curso tan complejos como los que están en marcha por Tsunami Democràtic, sobre el que el juez García Castellón atisba la sombra del terrorismo, la denominada “trama rusa” del procès. Y ese blindaje se topa de frente con las garantías constitucionales que según el PSOE se podrían traspasar si se aceptan las exigencias de sus socios.

En ese contexto, y tras rechazar explícitamente un nuevo cambio en las exenciones por terrorismo, el presidente del Gobierno puso públicamente sobre la mesa una oferta concreta a Junts: reformar la ley de enjuiciamiento criminal para poder acortar los plazos de los tiempos de instrucción. Una reforma sobre en la que en el propio Ejecutivo existen dudas sobre su viabilidad y que, además, no terminan de ver con buenos ojos en Junts.

En busca de salidas intermedias se encuentran Cerdán y Turull desde hace días con conversaciones y reuniones discretas que, a la sombra de la campaña electoral gallega y de los tropiezos de Feijóo respecto a las negociaciones de su propia investidura, aspiran a desencallar la amnistía de cara ya a la semana que viene.

Aunque el conjunto de aliados parlamentarios da por hecho que el dictamen de la Comisión de Justicia no se retomará hasta finales de mes, la idea en el Gobierno es que no vuelvan a pasar semanas de exposición de desacuerdos públicos en torno a la amnistía y que a corto plazo puedan quedar encauzados los detalles de un acuerdo sobre el que en la Moncloa siguen siendo optimistas.

El plan del Ejecutivo de Sánchez es que el siguiente paso a ese acuerdo sobre la amnistía sea de manera casi inmediata la aprobación de los Presupuestos. Prorrogados técnicamente desde el 1 de enero, en Hacienda se han precipitado los contactos para tener las cuentas listas en el caso de que se produzca a corto plazo un desbloqueo de la ley de amnistía y, por tanto, de la legislatura.